| El gobernador puso esta mañana a disposición de los diputados de la oposición el texto del proyecto de resolución a través del cual la Legislatura peticionará al Gobierno nacional que demande al Estado uruguayo ante La Haya por las papeleras, y que en esa actuación procesal internacional se de intervención activa a la provincia.
“En ejercicio de los derechos constitucionales es nuestra obligación peticionar ante el Gobierno nacional que, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por Argentina y Uruguay, lleve el caso de las plantas de pasta de celulosa ante la Corte Internacional de Justicia, denunciando y demandando al Estado uruguayo, a fin de que la República Oriental del Uruguay asuma su responsabilidad jurídica por los daños en vidas humanas y propiedades que tales emprendimientos causarán en territorio entrerriano”, resaltó el Ejecutivo en los considerando de la iniciativa.
En este sentido, se aseguró que “la instalación de industrias plantas de pasta de celulosa sobre la vera oriental del río Uruguay, por su impacto ambiental contaminante transfronterizo, constituye un tema de alta gravedad institucional”.
Tras ello, se señaló que el Poder Ejecutivo provincial “ha emprendido y ejecutado acciones jurídicas y políticas tendientes a defender los intereses provinciales en foros nacionales e internacionales”, y como prueba de ello se adjunta el detalle de los realizado desde agosto de 2005 hasta hoy.
En este marco, se pone de relieve que “todas las acciones han sido legitimadas por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, expresión de la población afectada por la contaminación, y fueron avaladas por el Gobierno nacional”.
Luego, se consigna que “la intransigencia del Gobierno de la República Oriental del Uruguay ha impedido abrir espacios de negociación para considerar el legítimo reclamo de Entre Ríos, como territorio impactado por la contaminación generada en un río binacional compartido”, y que “no debe confundirse el reclamo del Gobierno y pueblo entrerriano con ningún nacionalismo o chauvinismo, sino la clara expresión de la defensa de nuestra propia calidad de vida”.
Luego, al exponer las razones para la aprobación del proyecto, el Poder Ejecutivo hace hincapié en que, “en realidad, estamos frente a un verdadero test sobre el modelo de integración que queremos y sobre la calidad de inversiones que nuestros países necesitan”.
Es en este sentido que se deja en claro que “siempre hemos creído en la eficacia final de los instrumentos del derecho como mecanismo de solución de todo tipo de conflictos, más aún de estos de nivel internacional, y muy particularmente creemos en la eficacia del derecho de los derechos humanos”.
Más adelante, se pone de manifiesto que “en la vía judicial internacional que se peticiona abrir ante la Corte Internacional de La Haya, el Poder Ejecutivo entrerriano deberá ponerse a disposición de las autoridades nacionales legitimadas para promover la instancia judicial internacional, a los efectos de tener activa y plena participación procesal y ser actor indispensable en cualquier acuerdo internacional que se arribe, como sujeto secundario del titular de la acción por su directa afectación”.
Finalmente, se sostiene que “en defensa del medio ambiente y los derechos humanos de nuestros comprovincianos y connacionales y los derechos constitucionales a la vida y al medio ambiente sano, teniendo en cuenta que es competencia de la Corte Internacional de Justicia entender en el presente conflicto”, es que "solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente”.
Fuente: Infover.
