Degani declaró en la causa por la quema de alimentos

La ex funcionaria ingresó a las 8:15 junto a su abogada Noemí Berros y se retiró poco después de las 11:30, para responder la requisitoria judicial a raíz de la denuncia presentada por el diputado provincial Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú) que está caratulada como “Lopez, Graciela Delia s/Incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La ex ministro sorprendió a los presentes, ya que llegó con una muleta para trasladarse, por un problema en la rodilla. Degani debía concurrir el 25 de octubre pasado, pero no lo hizo porque se encontraba participando de un Congreso de la Asociación de Medicina Reproductiva, en Nueva Orleans, por lo que su abogada Noemí Berros pidió una postergación, ya que recién volvería al país el sábado 4 de noviembre. Degani fue interrogada por la fiscal de la causa, Cecilia Goyeneche; el representante de la Oficina Anticorrupción, Gustavo Acosta y en algunos pasajes también participó el juez Maldonado. Cabe recordar que oportunamente el juzgado del doctor Gustavo Maldonado había requerido al Tribunal de Cuentas de la provincia, mediante el Oficio Nº 1.280, que informara sobre la situación del almacenamiento de las mercaderías depositada, pedido que fue viabilizado a través del Oficio Nº 233 el 12 de julio de 2005. La noticia del escándalo, que le costó el cargo a la ex ministro, tomó difusión pública a partir de un alerta sobre una densa humareda en la zona de los Cuarteles y que derivó en una información en la que se indicaba que el gobierno había incinerado alimentos vencidos. Esa semana, la ministro Graciela Degani confirmó que se habían quemado unas cinco toneladas de mercadería, una parte vencida, la otra en mal estado por un almacenaje inadecuado. Fideos, dulce de membrillo, harina y cacao figuran entre lo que se habría perdido. La funcionaria consideró que la decisión de haberse deshecho de esos productos fue la correcta, mientras confirmaba que el responsable del depósito había sido desplazado y se sustanciaba una investigación interna. Al poco tiempo otra sorpresa del mismo tenor asombraría a la ciudadanía: Tres toneladas de harina vencida habían sido entregadas por el gobernador Jorge Busti en La Paz y por su esposa, Cristina Cremer en un barrio de Paraná. Fue Cristina Cremer quien reveló que sabía que se trataba de paquetes vencidos pero explicó que hicieron una prueba con un maestro panadero en el Instituto de la Discapacidad y llegaron a la conclusión de que la harina era apta como materia prima para alimentos que no necesitaran leudarse: Pizzas, tartas, tortas fritas, torrejas, entre otros productos. Cremer explicó que las entidades que recibieron la mercadería de la discordia estaban al tanto de sus facultades afectadas. A pocas horas, el gobernador Busti asumió públicamente “toda la responsabilidad”, reconoció que fue un “error” haber dejado vencer la mercadería y le ofreció al defensor del Pueblo de Paraná, Jorge Kerz, que se haga cargo de la coordinación general de programas sociales y propuso “hacer una vaquita” entre sus funcionarios para reponer el dinero que esas pérdidas implicaba. Además, mediante Decreto Nº 3.452 se dispuso una investigación a cargo de la Fiscalía de Estado, la que no dio hasta el momento indicios de interés para dilucidar las responsabilidades del caso. En tanto, en la Legislatura, la oposición reclamaba la presencia de Degani para una interpelación y a los pocos días el diputado Fernández presentaba la denuncia por la que fue citada a prestar declaración indagatoria la ex funcionaria provincial. [b]Las acciones en la Justicia[/b] La causa judicial se inició el 11 de julio de 2005, un mes después de que tomara estado público el escándalo por la quema de alimentos destinados a los más necesitados. La primera presentación fue realizada por los diputados provinciales Osvaldo Fernández y Lucy Grimalt (La Red-Paraná) y recayó en el Juzgado de Instrucción Número 6 -entonces a cargo de Héctor Toloy-, con la carátula “López, Graciela Delia - Musto, Hugo Alberto s/incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”. “Estamos como querellantes y asistiendo a todas las audiencias que se están llevando adelante, y esta decisión la tomamos una vez que el juez comenzó con las testimoniales y se formuló el requerimiento de instrucción formal”, dijo oportunamente Luis Pedemonte, titular de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública. Uno de los que ya pasó por el despacho del juez Maldonado es el actual presidente del Consejo General de Educación (CGE), Jorge Kerz, quien entre diciembre y noviembre de 2005 ocupara el cargo de coordinador de Ejecución y Control de Políticas Sociales, designación dispuesta por el gobernador Busti como fusible en medio de la extrema presión que le generó a su gobierno el escándalo de la quema de los alimentos. Las testimoniales ocurren un año después de la quema de alimentos en mal estado, unas 45 toneladas según los cálculos extraoficiales que se conocieron a mediados de 2005. Primero fueron cinco toneladas que se incineraron, y luego 40 toneladas más. Una parte de esos alimentos fue incinerada, y otra enterrada en algún punto de la provincia que jamás trascendió, luego de que los organismos de control certificaran que no estaban aptos para el consumo humano. Pero la única reacción oficial inmediata fue la separación de su cargo del responsable del depósito, Hugo Musto. “Tomamos esta determinación de quemar la mercadería, que nos duele muchísimo, porque no queríamos llevarla a algún lugar y enterrarla, porque temíamos que la gente la desentierre, y la puedan llegar a recuperar y a ingerir”, dijo Degani entonces, mientras conservaba su puesto. Fuente: Análisis Digital.