Dejan en manos de la Iglesia el pago a docentes "privados"

Una resolución del 2 de marzo último aprobó la puesta en marcha de un proceso de descentralización administrativa y contable en el Consejo General de Educación (CGE) que, en la práctica, significa que el Estado se desprenderá de la tarea de liquidar los salarios de unos 4.000 docentes de escuelas públicas de gestión privada. Existe ya un preacuerdo para que esa tarea la concentre el Arzobispado de Paraná para todas las escuelas confesionales, pero todavía no hay certezas respecto de qué ocurrirá con los otros dos obispados, el de Gualeguaychú y el de Concordia, y con las demás iglesias cristianas que tienen sus propios establecimientos. La subvención estatal a las escuelas privadas demanda del Estado provincial una erogación anual de aproximadamente 66 millones de pesos para cubrir parte de los cargos docentes de esos institutos. Esa inversión, de acuerdo a los términos que propone la resolución 202, ya no será administrada por el CGE para el pago centralizado de cargos y horas cátedra, sino por las propias escuelas, o en su defecto los obispados. La idea es que cada apoderado de esas instituciones confeccione los recibos de haberes de su propio personal, tarea que hoy la hace parcialmente el Estado. Ya ocurre así con los docentes de nivel medio y superior, y la pretensión es que el plan de descentralización continúe, y alcance a maestros de nivel inicial, educación general básica I y II, y de regímenes especiales, de modo que los aproximadamente 7 mil docentes privados tengan recibos emitidos por sus empleadores y no por el CGE. Ya hay un preacuerdo con el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, para que la modalidad se aplique en todas las escuelas que dependen de la Iglesia. La descentralización obligará a todas las escuelas a contar con un sistema contable propio de liquidación de salarios, similar a una empresa privada. “Pero no es una tarea nueva para las instituciones; muchas ya lo están aplicando en el nivel medio. Lo que pasa es que por una cuestión de auxilio, el Estado había asumido una responsabilidad que no le cabe. Es la patronal quien tiene que emitir los recibos de sueldos correspondiente a cada escuela”, dijo a El Diario Ana Nelly Del Mestre de Pimentel, ex directora de Educación Privada y actual vocal del Consejo de Educación. La puesta en práctica de esos cambios, sin embargo, chocaría con diferencias de criterio que existen dentro mismo del Consejo de Educación, y es por esa razón que si bien la resolución se emitió en marzo, recién ahora se comenzó a hablar con insistencia de su puesta en práctica. De todos modos, el plan se hará por etapas y no de forma inmediata. “Se hará en forma progresiva, de modo que no lleve intranquilidad a las instituciones y que nos permita a nosotros ejercitar todos los procesos de control que son necesarios”, señaló Pimentel. El proceso de descentralización que puso en marcha el CGE involucra a la totalidad de escuelas de gestión privada que hay en Entre Ríos, unos 300 institutos a los que concurren alrededor de 76 mil alumnos. Jorge Broggi, secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), le encuentra dos beneficios a una medida de ese tipo. Dejaría “en libertad de acción” a los docentes para optar por una obra social, y no verse compulsivamente obligados a afiliarse a la prestadora del Estado, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Pero además, se da fuerza al argumento del gremio respecto de la inconstitucionalidad de la Ley Provincial de Educación que no permite que un docente tenga un cargo en el Estado y otro en la órbita privada, por un principio de incompatibilidad. El artículo 92 de la ley 9.330 dice: “Ningún docente podrá ejercer en incompatibilidad. No podrá tener más de un (1) cargo docente ni acumular más de treinta y seis (36) horas cátedra por semana, en cualquier nivel y modalidad de enseñanza, ya sea de gestión estatal o privada, dejándose a salvo los derechos adquiridos. A tal efecto, todo docente estatal o privado, deberá presentar declaración jurada de su carga horaria total ante el Consejo General de Educación” Ahora, que el Estado refuerza el principio de que hay una clara diferencia entre una patronal estatal y otra privada aquel principio de incompatibilidad quedaría sin argumentos que lo validen. “Con esta resolución 202 queda en claro que en realidad la relación laboral del docente es una relación laboral privada, no estatal. Con la situación actual, en la que el Estado le emite los recibos, se crea una confusión. Y además, queda claro que el Iosper no es para los docentes privados, sino para los empleados públicos”, añadió Broggi. Por su parte, la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) entiende que el plan de descentralización de escuelas públicas de gestión privada equivale a un “desentendimiento” del Estado en la “administración y garantía indelegable de asegurar el derecho social a la educación pública”. El gremio sostuvo que se trata de un “retroceso” en la educación para “dejarla librada a las leyes de mercado”, y un proceso de “mayor flexibilización laboral para los docentes que nos desempeñamos en gestión privada”. Además, sostiene que la descentralización implica para los docentes “perder derechos laborales” y desfinanciar las obras sociales “que tienen como basamento una estructura de reparto solidario, donde el que más aporta tiene la misma cobertura que el que aporta menos porque tiene un salario bajo”. En ese marco, exigió la derogación de la resolución 202, el cumplimiento estricto del Estatuto del Docente y, además implica perder “la posibilidad de establecer un régimen de concurso para ingreso y ascenso en la educación pública de gestión privada que asegure estabilidad y cobertura de cargos por perfeccionamiento y antecedentes docentes”. Fuente: El Diario.