Denunciarán hoy a Uruguay por las papeleras

Al mediodía de Washington DC, el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino se presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado uruguayo por permitir la instalación de las contaminantes fábricas de celulosa en Fray Bentos. También presentarán una demanda ante al Corporación Financiera Internacional (CFI), a fin de bloquear el financiamiento de las industrias. Sin embargo el Gobierno del país vecino reiteró que no frenará la radicación de las plantas y aseguró que la demanda de los entrerrianos “no afectará” el desarrollo de los proyectos. Busti y Guastavino están desde ayer en la capital de los Estados Unidos para llevar adelante una acción que desencadenó un nuevo enfrentamiento entre la República Oriental del Uruguay y Entre Ríos: desde el país vecino la primera reacción fue calificar como “insólita” la presentación y la vincularon con “intereses electorales”. Según el viceministro de Medio Ambiente uruguayo, Jaime Igorra, los trabajos “ni se detendrán ni se enlentecerán” por el escrito que se presentará hoy. “Para el Estado uruguayo esto no implica absolutamente nada. Hace muchos años venimos procesando celulosa y tenemos fábricas de papel (Fanapel y Pamer). Nunca, por estas plantas, se planteó ninguna acción. Argentina tiene 11 plantas procesando celulosa y ni los uruguayos ni ningún país vecino le planteó nada. Es un caso un poco insólito el que estamos viviendo”, afirmó Igorra, sin tener en cuenta la particularidad de que Botnia y Ence se instalan a orillas del compartido río Uruguay. Sobre el proceso en la CIDH, el funcionario comentó: “Lo primero que harán es verificar lo que pasa desde el punto de vista local y qué pasos se han dado. Esto podría tener un inicio si desde el punto de vista local no se hubieran realizado las acciones correspondientes para verificar el impacto ambiental y minimizarlo, cosa que se procesó en Uruguay a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Estas plantas cuentan con el aval del gobierno uruguayo, porque se han dado los pasos en ese sentido y se ha dado toda la información al gobierno argentino”, aseguró. Sin embargo, algunos de los principales reclamos argentinos son que las evaluaciones que se tuvieron en cuenta estuvieron a cargo de las propias empresas, y que aún no se ha brindado información sobre el criterio de diseño. En la demanda que presentarán ante la CIDH, Busti y Guastavino denunciarán al Estado uruguayo por que “no sólo ha renunciado a ejercitar los controles ambientales exigidos por normas internacionales para la instalación de las plantas de celulosas en Fray Bentos, sino que además oculta información técnica sobre la contaminación a los argentinos y a los uruguayos directamente afectados”. En carácter de ciudadanos, los funcionarios solicitan al organismo internacional que “declare que el Estado uruguayo ha violado la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar dos emprendimientos industriales, en razón de sus altos componentes contaminantes, de las evidentes carencias de control ambiental y del probado riesgo de vida para alrededor de 300.000 personas que habitan en la ribera argentina-uruguaya”. La acción formal consiste en una presentación de solicitud de medida cautelar, a fin de lograr que se paralicen las obras. Por otra parte, realizarán una denuncia ante la Oficina del Ombusdman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, Meg Taylor. Le pedirán suspender el proceso de otorgamiento de créditos a los proyectos, hasta que “los riesgos ambientales, sociales y económicos sean debidamente evaluados y las violaciones a las políticas operacionales denunciadas sean ratificadas”. Ayer, la delegación entrerriana fue recibida en Washington por los embajadores argentinos ante la OEA, Rodolfo Gil, y ante el Gobierno de los Estados Unidos, José Bordón, y el delegado argentino ante el Banco Mundial, Alieto Guadagni. Los representantes entrerrianos mantuvieron una extensa reunión con los diplomáticos con el fin de delinear la estrategia que se presentará hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ombudsman del Banco Mundial. De esta reunión participaron también el asesor legal Juan Carlos Vega y el subsecretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Gabriel Moguilner. El encuentro entre los mandatarios entrerrianos y los diplomáticos argentinos no hizo más que corroborar lo anunciado por el gobernador Jorge Busto días pasados cuando aseguró contar “con todo el apoyo de la Cancilería Argentina y del Gobierno nacional”, según se informó desde el gobierno provincial. Consultado al respecto, el gobernador Jorge Busti manifestó que “no me sorprende que personalidades como Bordón, Gil y Guadagni nos hayan recibido de esta manera. Hemos dicho que tanto el vicegobernador como yo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para garantizar la vida de más de 300.000 personas y en eso estamos. Sabemos además que nos apoya mucha gente, miles de entrerrianos y hermanos y uruguayos y también contamos con el apoyo indiscutido del presidente Néstor Kirchner que ha hecho de esta causa una cuestión de Estado nacional”.