Judiciales | La Justicia Federal frustró un atentado contra magistrados entrerrianos. Frigerio respaldó el operativo y aseguró: “En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”.
Un operativo conjunto de máxima seguridad permitió desarticular un presunto plan de sicariato que se habría organizado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.
El objetivo del atentado eran el Juez Federal de Paraná, Leandro Ríos; el Fiscal Federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti; y el Ministro Néstor Roncaglia.
Tras conocerse el hecho, el Gobernador Rogelio Frigerio expresó en sus redes sociales su repudio y destacó que la maniobra “fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal”.
El mandatario calificó la situación como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, y subrayó la gravedad institucional que implicaba el intento de atentado contra funcionarios judiciales que investigan delitos complejos.
“Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, afirmó.
La investigación, manejada con estricta reserva, apunta como principal implicado al narco diamantino Leonardo Airaldi, alojado en el Pabellón "E" de esa unidad penal.
Según los datos recolectados, habría ofrecido 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para ejecutar a los magistrados durante sus vacaciones.
El procedimiento fue ordenado por el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, junto al Fiscal Pedro Rebollo. En el allanamiento realizado en el pabellón donde reside el imputado, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación relevante y dosis de cocaína.
El presunto plan tenía como finalidad frenar el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero.
De acuerdo a la declaración de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco buscaba “vengarse” del juez Ríos por la instrucción de la causa y del fiscal Candioti ante la posible condena de 15 años solicitada por la Fiscalía.
