Desde ATE aseguran que hay defraudación con excedentes de la 40

Un informe de abril último, firmado por Clarisa Bergomás de González, jefa del departamento Fiscalización de Ingresos y Valores de la DGR, da cuenta que la información sobre recaudación de la Ley 4.035 se hace sin incluir la información correspondiente al sector público “debido a que hasta la fecha no se recibió dicha información por parte de la Tesorería General de la Provincia”. La Ley 9.810 fijó taxativamente que del total de lo recaudado, se destine “hasta un 1 % para contemplar los gastos en administración del sistema, incluyendo la compra de bienes de capital”, en tanto que hasta un 9 %, dice la norma, deberá ir “para los gastos de atención de mantenimiento y funcionamiento, incluyendo prestaciones alimentarias, de hogares de adultos mayores acreditados y autorizados por el Estado Provincial”. Pero hasta ahora esa Ley no se reglamentó. El 28 de diciembre de 1954, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 4.035 por la que se dio forma a un sistema de pensiones a la ancianidad, la invalidez y la madre soltera, siempre y cuando no cuenten con “recursos de ninguna naturaleza” que supere el monto del beneficio, hoy en $ 200 mensuales. El fondo se compone de aportes patronales y personales de los empleados del sector privado: los primeros con el 1,5 %, y los segundos, con el 0,6 %; igual alícuota recae sobre los haberes de los trabajadores del Estado. Hasta abril último, la DGR recaudó por ese concepto entre los privados unos $ 24,5 millones, pero sólo distribuyeron apenas $ 8,8 millones, quedando sin distribuir $ 15,7 millones. En la opinión de tres miembros de la conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Ríos, Julio Luján y Salvador Pérez, se estaría frente a dos figuras que chocan con el ordenamiento legal: “defraudación”, por cuanto se retienen aportes y no se los deposita; y de “malversación” al utilizarse “ilícitamente” aportes a los que se les estaría dando un uso distinto para el que han sido creados. Y de paso, criticaron la falta de actuación de los organismos de control, como el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Salud y Acción Social. “Acá el Estado está administrando dinero que no le corresponde, y en esto fallan los organismos de control”, señalaron. Ese es uno de los datos que los dirigentes expusieron para, a su criterio, refutar el argumento oficial respecto de la falta de recursos para hacer frente a un pedido de recomposición salarial (ATE pide un aumento de $ 300, sobre un haber mínimo garantizado de $ 1.220), que hasta ahora el Gobierno provincial ha desatendido. En ese sentido, pusieron en dudas los resultados conseguidos en la moratoria que lanzó Rentas en marzo último. “Hasta fin de abril ingresaron por moratoria $5.341.000, aunque el director (Guillermo Lisnesky) salió públicamente a decir que se firmaron 35 mil convenios. Es cierto, hay muchos papeles, pero en plata entraron nada más que $ 5 millones. Y eso es nada. Además, el 60 % de los contribuyentes no pagó el año corriente, porque prefieren sumarse a la moratoria”, subrayaron. Por otra parte, cuestionaron la decisión oficial de haber incluido dentro del amplio régimen de la moratoria las multas por retenciones y percepción no tributadas, que “es una defraudación. No se puede condonar la multa a un contribuyente que se queda con la contribución de otro”. Pero además, cuestionaron la decisión oficial, en el marco del Pacto Fiscal, de sostener exenciones impositivas a distintos sectores productivos. “Nosotros decimos que plata hay, lo que pasa es que haya plata que no se recauda, otra plata que no sabemos qué destino tiene, como el caso de la Ley 4.035. En el caso de los trabajadores del Estado, es un dinero que nos retienen pero que no se deposita”, plantearon. “La plata se puede recaudar, hay que mejorar los sistemas de recaudación, hay que poner los puestos de control fronterizo y ampliar la base de tributo de Ingresos Brutos. Esta no es una provincia pobre. El Pacto Fiscal terminó en 1999, y de esa fecha hasta ahora no se aplicó Ingresos Brutos a determinadas actividades, y eso podría tener que ver con ciertos intereses, como por ejemplo algunos legisladores que podrían verse perjudicados”, indicaron. [b]Números [/b] [u]Cuánto se recaudó por la Ley 4.035, sector privado[/u] Año 2007 $ 55.258.847 Año 2008 $ 65.336.070 Año 2009 (*) $ 24.567.652 [u]Cuánto se pagó a los 11 mil beneficiarios[/u] Año 2007 $ 27.360.000 Año 2008 $ 28.600.000 Año 2009 (*) $ 8.800.000 [u]Cuánto no se distribuyó[/u] Año 2007 $ 27.958.847 Año 2008 $ 36.736.070 Año 2009 (*) $ 15.767.652 [u]Fondos sin distribuir de los privados[/u] Del 2007 a 2009, $ 80.462.569 [u]Fondos sin aportar de los estatales [/u] Del 2007 a 2009, $ 44.160.000 [u]Total[/u] $ 124.622.569. (*) De enero a abril. Fuente: ATE [b]Paradoja[/b] Desde ATE ponen de manifiesto la paradoja que existe en la Provincia en el sector Salud: mientras la pauperización de la población empuja a muchas franjas hacia el hospital público, el Estado restringe recursos al área. “Salud es el lugar más grande, y donde hay mayor demanda. Pero tenemos serios problemas en satisfacer la demanda por la falta de personal. Encima, la Provincia insiste en medidas como el presentismo o el recorte de suplencias, cuando lo que más se necesita es recurso humano”, señalaron los dirigentes. Además, fustigaron a la titular de Salud, Graciela Traverso, por cuanto “lo único que le importa es que los números cierren. Mientras la caja de Salud cierre, está todo bien, y vemos en toda la provincia un deterioro muy grande en la salud”. En ese sentido, resaltaron que en Entre Ríos “no hay política de salud”, a ese respecto acusaron que la campaña contra el dengue hace agua. “Dijeron que estamos preparados, y eso es una gran mentira. Es un anuncio mediático, pero no es así. Cuando dicen que el dengue ataca a todas las clases sociales, es cierto. Pero también es cierto que los más afectados son los sectores pobres. Y no vimos ninguna campaña para hacer limpieza en los barrios, donde se mejore la urbanización”, aseveraron. Fuente: El Diario.