DETECTAN COBRO IRREGULAR DE PENSIONES DE LA LEY 4035

En 1954, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 4.035 por la que se dio forma a un sistema de pensiones a la ancianidad, la invalidez y la madre soltera, siempre y cuando no cuenten con “recursos de ninguna naturaleza” que supere el monto del beneficio, hoy en 160 pesos mensuales. Actualmente, el padrón de beneficiarios de la Ley 4.035 está compuesto por un total de 12.595 beneficiarios activos, según cifras oficiales, lo que demanda una inversión mensual de 1.923.746 pesos. Los recursos, según el decreto 3.056 de marzo de 1956, surgen del fondo de asistencia social compuesto por el aporte patronal del 1 % “del monto mensual nominal que en cualquier forma se abone en concepto de sueldo y jornales”. La Ley 9.214 de 1999 agregó otro aporte: cada empleador pasó a tributar el triple, el 3 %, a lo que se agregó el aporte personal de los empleados, públicos y privados, del 6 por mil. En diciembre último, la Legislatura inició el camino inverso: aplicó una gradual reducción en el aporte patronal. La Ley 9.749 estableció reducciones en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y a la Ley 4.035. El artículo 3º de esa norma fijó que a partir del 1° de enero de 2007 el aporte patronal para la integración del fondo de asistencia social previsto en la Ley N° 4.035 será del 2,5 %, y a partir del 1º de julio de 2007, del 2 %. No todos los beneficiarios de la Ley 4.035 son personas carentes de toda cobertura, según pudo determinar un cruce de datos con listados nacionales. Hay contribuyentes autónomos, beneficiarios de pensiones nacionales —cuyos montos duplican los que abona la provincia— y jubilados que cobran más de 1.500 pesos. En esa situación hay por lo menos unas 1.000 personas. Históricamente, el monto de la Ley 4.035 ha sido bajo —una pensión graciable de la Nación hoy triplica ese beneficio— aunque en octubre último el Poder Ejecutivo dispuso una suba de 30 pesos: de 130 pasó a 160 pesos. El incremento del beneficio llegó acompañado de una especie de seguro social mediante el cual se le brindan diferentes servicios, además de un seguro de sepelio. Faustino Pérez, director de Integración Comunitaria de la provincia, asegura que para sostener esa cobertura el Estado entrerriano paga una cápita de 14,20 pesos por cada beneficiario, lo que equivale a una inversión que va de 180 a 200 mil pesos mensuales. Así, los pensionados pueden acceder a un par de anteojos recetados, una prótesis y una cobertura de salud. Pérez dice que para acceder al beneficio el organismo trabaja en forma coordinada con municipios, juntas de Gobierno, “y a comienzo de gestión incorporamos también la figura de los legisladores, que de alguna manera tienen la responsabilidad de recorrer sus departamentos. Creo que así está abastecida la demanda”. De esa manera se conforma un padrón de beneficiarios en función de la demanda que asoma en esos organismos, y a través de la recorrida de los legisladores por sus departamentos. Y ese padrón, dice, está compuesto por personas que no pueden llegar a otro tipo de cobertura. Pero también se cuelan otros que ya tienen cobertura de otros beneficios. “Hemos detectado personas que venían de muchos años con la superposición de beneficios. Pero indudablemente que cuando uno asume la obligación de velar para que esto sea transparente, no queda otra cosa que recibir el reproche de quien le quitamos el beneficio porque no le correspondía cobrarlo”, postula el funcionario. Lo que las autoridades saben ahora es que el padrón de la pensión 4.035 tiene beneficiarios que no deberían estar, y ese dato comenzó a ser evidente hace un año atrás cuando el Gobierno comenzó a utilizar la base de datos del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (Siempro) y aplicó el cruce de datos con el Sistema Único de Datos de la Nación que permite detectar doble cobro de beneficios. El funcionario muestra una carpeta voluminosa, y dice: “Hoy tengo un padrón donde nos mandan beneficiarios de la Ley 4.035 que tienen otros programas. Acá, por ejemplo, hay autónomos, es decir que trabajan, que se incorporan a la moratoria jubilatoria; también beneficiarios de pensiones nacionales. Este cruce de datos, una vez que se confirmen la existencia del doble beneficio, nos va a posibilitar dar de baja a unos 1.000 beneficios”. Pérez sostiene que “el espíritu de la Ley 4.035 es llegar con la asistencia del Estado a aquel que no tenga un beneficio superior al monto que se paga por esta pensión. Pero vaya sorpresa cuando nos encontramos con gente que tiene una pensión nacional, que tiene el Plan Familia, o personas con capacidades diferentes, que son beneficiarios de otra pensión. En otros casos, hay menores que percibían la Ley 4.035 por incapacidad, pero la Nación a su vez los asistía con 320 pesos, que es el monto del salario familiar a una persona con capacidades diferentes. En esos casos, debemos darles de baja”. Los cruces comenzaron a principios de 2006, y continúan. “Al inicio de la gestión teníamos 15 mil beneficiarios; hoy estamos hablando de 13.500. Creería que al término de la gestión vamos hablar de 12 mil, y que el número total va a flotar entre 11.500 y 12.000 beneficiarios. De este último cruce de datos, yo estimo que van a bajar 1.000 más”, aseveró. El Gobierno analiza aplicar un aumento del monto de la pensión Ley 4.035, hoy en 160 pesos. La nueva cifra que se baraja es llevarla a un monto próximo a los 200 pesos. A eso se suma la decisión de reducir el aporte que hacen los empleadores para sostener el beneficio. El director de Integración Comunitaria, Faustino Pérez, defiende la existencia de ese beneficio, aún cuando la Nación estén entregando pensiones graciables de mucho mayor valor que la Ley 4.035. “Sé que de Nación viene una buena remesa de pensiones no contributivas. Pero en Entre Ríos sigue siendo necesaria la existencia de la 4.035, quizá con algunas reformas donde permita la asistencia y la inversión fundamentalmente a los menores”, observa. Fuente: APF.