Policiales | Una investigación federal desarticuló un plan de alto impacto que buscaba impedir un juicio clave contra una banda de narcotraficantes. Las víctimas fueron puestas bajo custodia y hay búsqueda de sicarios uruguayos.
En las últimas horas, la Justicia Federal desbarató un complot de alto riesgo que tenía como objetivo ejecutar los asesinatos de tres funcionarios públicos en la provincia de Entre Ríos: el Ministro de Seguridad y Justicia, el Juez Federal de Paraná y un Fiscal Federal.
El plan, según fuentes oficiales, estaba vinculado a una banda narcocriminal que pretendía frenar el comienzo de un juicio por narcotráfico programado para esta semana. 
Durante allanamientos de urgencia en celdas de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, fuerzas federales y provinciales desarticularon la coordinación de ataques y detuvieron indicios clave de la organización criminal.
En el marco de la investigación, se detectó que dos sicarios provenientes de Uruguay habrían sido contratados por unos 40 000 dólares para llevar a cabo las ejecuciones, según informaron fuentes judiciales. 
El Ministro Néstor Roncaglia, el Juez Federal Leandro Ríos y el Fiscal Federal José Ignacio Candiotti fueron identificados como los principales blancos del plan.
Las emboscadas, siempre de acuerdo con la causa, estaban programadas para los próximos días, con la intención de paralizar o alterar el inicio del juicio oral contra Leonardo Roberto Airaldi y otros trece acusados en una causa de narcotráfico. 
Ante el contexto de amenaza, las autoridades dispusieron custodias especiales por parte de la Policía Federal Argentina y la Policía de Entre Ríos para proteger a los tres funcionarios señalados, así como intensificaron la búsqueda de los presuntos sicarios que habrían recibido instrucciones desde el penal. 
El caso, que sigue en pleno desarrollo, expone una escalada inédita en las maniobras de grupos narcocriminales que no sólo enfrentan al Estado en la escena del crimen común sino que también apuntan directamente a interceptar el funcionamiento de la justicia argentina mediante violencia extrema.
