| La asignación universal por hijo “es un tema pendiente que el Poder Ejecutivo no quiere impulsar porque limitará la política clientelar que se reproduce desde los partidos hegemónicos”, dijo la diputada de la Concertación Entrerriana (CE), Beatriz Montaldo. Además señaló que el proyecto de ley de presupuesto “dispone que el Ejecutivo tenga las manos libres para manejar un excedente importantísimo”.
En un balance del año legislativo, la legisladora precisó a que “podemos afirmar que tratamos temas importantes y positivos, como la sanción del Régimen Jurídico Básico (RJB), en la que se demostró que se puede trabajar buscando consenso y dimos respuesta a los trabajadores, que buscaban desde hace muchos años estas reivindicaciones”.
Si bien la legisladora rescató normas que “logramos sancionar para mejorar las instituciones y la calidad de vida de los entrerrianos, (2006) no fue un año en el que pudiera plantearse una producción importante legislativa: cuando hay una mayoría automática, los proyectos que entran por la oposición pueden ser muy importantes pero no se tratan en comisión, entre ellos una iniciativa indispensable que es la asignación universal por hijo”.
Montaldo aseguró: “A nivel nacional, por decreto se resolvió la ampliación de las asignaciones familiares y nuestro gobernador (Jorge Busti) lo extendió a los compañeros estatales. Por eso, vemos con preocupación la gran diferencia que se plantea entre quienes tienen trabajo y aquellos que poseen un trabajo en negro, informal o están desocupados y consecuentemente sus hijos no reciben salarios por esa razón”.
Asimismo señaló que “este debe ser el momento de reflexión por parte del Poder Ejecutivo y los legisladores, ya que hablamos de sumas escandalosas que se utilizan para campañas publicitarias a nivel de los partidos oficialistas y no se sanciona esta norma, que beneficiará a quienes más lo necesitan”.
La legisladora explicó que por la falta de asignaciones por hijo a los desempleados y trabajadores en negro, “hay una gran deserción escolar y repitencia”, y prosiguió: “con la asignación universal, tendríamos un mayor apoyo para garantizar una mejor concurrencia de los chicos, porque no podemos exigir a que asistan si no tenemos condiciones estructurales para lograrlo”.
Para la diputada “si habría una gran movilización de los trabajadores informales que solicitaran la aprobación del proyecto, como pasó con el RJB o con las protestas en Guelguaychú, otra sería la postura del Poder Ejecutivo, que no la quiere aprobar, porque como el Régimen, limita aún más la política clientelar que utiliza”.
Además indicó que “es un proyecto que no solamente implica una problemática presupuestaria, sino que trae consigo una conducta, porque si es universal, el clientelismo desaparece y ese es el meollo por el que no se trata”.
Fuente: AIM.
