Diputada socialista pidió la derogación de la reforma tr

Bargagna precisó que "la principal explicación que dio el oficialismo para impulsar el proyecto de reforma (luego Ley 10.270) -obligando a la Cámara de Diputados a darle un tratamiento 'express' y con total ignorancia del texto por parte de la oposición- era la necesidad del gobierno de recaudar para pagar los aumentos convenidos en el Acta-Acuerdo suscripta en Concordia con los referentes de las fuerzas policiales, el 9 de diciembre de 2013, luego de tres días de saqueos, quite de colaboración y violentas medidas de fuerza que son de público conocimiento". La socialista explicó que "con posterioridad a la sanción de la Ley de reforma, el gobierno decidió no cumplir el acuerdo celebrado en diciembre pasado, debido a que se lo consideró nulo. De hecho, después de varias declaraciones públicas del ministro de Gobierno, Adán Bahl, y del Procurador del Superior Tribunal, Jorge García, en las que manifestaban el vicio invalidante del acto firmado por el gobernador, Sergio Urribarri, tal convenio no se cumplió, y por ello no se pagaron los aumentos convenidos”. La abogada recordó que en su lugar, el 2 de enero de 2014, el Gobernador dictó el Decreto 01/2014 (Expte. número 1.533.067) mediante el cual modificó el plus “por mayor seguridad y por riesgo y peligrosidad, y dispuso el pago de un 'complemento extraordinario no remunerativo de pago único' y de una 'asignación especial, no remunerativa, no bonificable, de pago único' a los agentes y retirados de las fuerzas de seguridad”. Es decir: “la Ley 10.270, en realidad, es inmotivada e injustificada; quita de atribuciones a la Legislatura y se opone a lo que manda la Constitución provincial”. En consecuencia, dijo Bargagna, “por el bien de la provincia, corresponde desandar el camino hecho de modo irregular y atropellando la Legislatura, a quien la Constitución otorgó de modo exclusivo la atribución de dictar la legislación impositiva 'observando lo dispuesto por el artículo 79 (Art. 122º inciso 7) de la Constitución provincial', es decir, eliminando paulatinamente los impuestos que recaigan sobre los artículos de primera necesidad, como es el caso del impuesto a los ingresos brutos, directiva que en la Ley 10.270 se contradice abiertamente”. La Diputada consideró que “la finalidad recaudatoria que indican los fundamentos del proyecto, ordenada por el artículo 23º de la Ley 10.270, no se corresponde con la realidad de los hechos”, ya que la “mayor recaudación” conseguida por esta reforma está destinada “como contribución al financiamiento del sistema de Seguridad Social de la Provincia, conforme lo dispuesto por el art. 122º inc. 12) de la Constitución de Entre Ríos”. Aquellos argumentos y esta disposición de la Ley 10.270 “no se condicen con la realidad de los hechos ni con el discurso del gobierno. Ni el gobernador, ni el ministro de Gobierno, ni los diputados del oficialismo en el recinto, ni el presidente de la Caja de Jubilaciones (Daniel Elías), en fin, ningún funcionario hasta hoy ha mencionado que el destino del dinero recaudado por la Ley 10.270 será financiar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia”. Además, la socialista aseveró que el propio gobernador, en declaraciones a un medio gráfico local, aludió a la Ley 10.270 y dijo que es “una reforma integral que une criterios de redistribución de la riqueza pero que asume el compromiso de una reducción del gasto”. “Si esto fuese cierto, es decir, si hubiera un compromiso de reducir el gasto público en todo aquello superfluo o innecesario, no se comprende entonces cuál es la razón de una mayor presión fiscal”. La legisladora recordó que los fundamentos de la Ley 10.270 expresan que la reforma se basó en el documento que la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) le acercó al gobierno. “Esta afirmación no es sincera. Sin bien existe algún correlato entre la propuesta de reforma impositiva de la CTA y la reforma fiscal introducida por la Ley 10.270, lo cierto es que ésta última no se compadece con lo planteado por la CTA en el documento respectivo”. Para Bargagna, esta nueva Ley “expres” sancionada “de manera irregular y sumamente desprolija, incrementa todas las alícuotas y extiende a un universo mayor de contribuyentes la obligación de pago de Impuesto a los Ingresos Brutos, abarcando actividades que antes estaban exentas e inclusive otras que desaparecieron o están prohibidas. En verdad la CTA presentó al gobierno un trabajo por el que pretende revisar el esquema impositivo de la provincia para adecuarlo al contexto regional (Región Centro más Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires) y transformarlo en 'progresivo'”. “En este documento, la CTA analiza solamente el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Nada dice sobre los demás impuestos provinciales. Tampoco se expide al respecto”, aclaró Bargagna, quien señaló que otro aspecto endeble del “aporte de la CTA” -que un estudio serio del gobierno debería haber descartado- “es la utilización de la información estadística del Indec, cuando esta información ha sido reiteradamente desacreditada a partir de la manipulación del organismo por el gobierno nacional, que lo ha destruido, al punto de no tenerse en cuenta ni por los sindicatos ni por las negociaciones paritarias”. La profesional destacó que las entidades representativas de los productores rurales, tampoco fueron consultadas, “situación que no ha hecho más que aumentar la conflictividad existente entre pequeños y medianos productores rurales y el gobierno”. Por eso, “está claro que no existe justificativo que avale la continuidad de la vigencia de una reforma tributaria vaciada de motivación y además, contraria a los genuinos intereses generales del Pueblo de la provincia. No es cierto que por esta ley pagarán más lo que más tienen y menos los que menos tienen. La principal fuente de recaudación de la ley 10.270 es el impuesto a los ingresos brutos, un impuesto indirecto al consumo cuyo hecho generador es el ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, industria o profesión, oficio, negocio, locaciones de obras, bienes o servicios, entre otras cuestiones”. La socialista opinó que “sería trascendente que el gobierno provincial, en lugar de optar por hacer ajustar el cinturón a la sociedad entrerriana reclame al gobierno de la nación la Coparticipación que le corresponde recibir a Entre Ríos por los estimados 40 mil millones anuales que salen de la provincia en pago del IVA y otros impuestos nacionales”. Fuente: AIM.