Miércoles 24 de Abril de 2013, 10:25

Diputado avanzó en la regulación del funcionamiento de l

| La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que dispone el funcionamiento de los Centros de Estudiantes.

En una sesión que arrancó a las 19 después de lo previsto y que tuvo dos cuartos intermedios, los legisladores introdujeron varias modificaciones a la iniciativa original y la UCR no dio apoyo a tres de los 37 artículos. El debate se desarrolló con las gradas del recinto colmadas de jóvenes de distintas agrupaciones y partidos políticos, como La Cámpora, Unidos y Organizados, la Juventud Radical, el Movimiento Nacional Reformista (MNR) -brazo estudiantil del Socialismo-, la Unión de Estudiantes Secundarios y Partido Comunista Congreso Extraordinario, que hicieron sentir su presencia con banderas y cánticos, sobre todo mientras duró el cuarto intermedio. El dirigente de la UES, Matías Podestá, se encontraba entre ellos La actividad legislativa fue presidida por el Vicepresidente de la Cámara, Pablo Mendoza, ya que José Allende no estuvo presente. Luego de un cuarto intermedio comenzó el tratamiento de la ley de Centros de Estudiantes y el Diputado Juan José Albornoz fue el encargado de mencionar las modificaciones que se le harían, las cuales habían sido acordados con el resto de los bloques en la Comisión de Educación que se había reunido por la mañana. Se aprobaron las modificaciones a los artículos 1, 2, 3, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35 y 36 y la UCR propuso agregar un artículo vinculado a garantizar la “libre ideología de los estudiantes”, que finalmente no tuvo luz verde. Albornoz destacó la “trascendencia” que tiene el hecho de que los estudiantes se puedan organizar en Centros de Estudiantes y lo calificó como “una conquista para el movimiento estudiantil”, mientras que la diputada Rosario Romero también celebró la iniciativa a través de la cual “se garantiza la voz de los jóvenes”. Dijo que “hay directivos renuentes y ponen obstáculos para la conformación de Centros de Estudiantes”, por lo que destacó la importancia de la norma, que generará “certezas” en el ámbito estudiantil. Por su parte, el Diputado radical Julián Rubio también resaltó la trascendencia del proyecto y recordó que su bloque había presentado oportunamente una iniciativa de similares características. Finalmente la UCR aprobó 34 de los 37 artículos. A su turno, el socialista Lisandro Viale, tras proponer una modificación al artículo 37, que fue tenida en cuenta, celebró el paso que se da con esta norma e hizo hincapié en las “estrechas similitudes” que existen entre el proyecto del Ejecutivo y el que él mismo había presentado el año pasado, lo cual celebró. Resaltó la importancia de garantizar a los jóvenes la posibilidad de la participación política y sostuvo: “No nos asusta la politización, sino por el contrario”, lo cual generó aplausos desde los jóvenes justicialistas que se encontraban en las gradas. No obstante, instó a que “algo tan sensible como la participación estudiantil, no sea utilizado políticamente”. Luego, los Diputados Rubén Almará, Emma Bargagana, Daniel Ruberto, María Laura Stratta, Antonio Alizegui, Luis Jakimchuk, y Jorge Monge también resaltaron el proyecto. Por otra parte, la Cámara también aprobó el proyecto de ley referido a la aplicación de multas para aquellos que pretendan reabrir prostíbulos, incumpliendo de este modo la norma (Nº 10.186) que establece la prohibición de este tipo de locales. También se decidió por unanimidad insistir con lo aprobado oportunamente en relación a la iniciativa que regular la actividad productiva de engorde intensivo de animales a corral (feed lot), es decir, que tanto los ingenieros agrónomos como los veterinarios puedan formar parte del Registro de Responsables Técnicos. En tanto, el Senado dispuso que sólo se prevea a los veterinarios. Además, la Cámara baja aprobó adherir a la a Ley nacional Nº 26.811 que declara el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosa de los derechos humanos. Fuente: Análisis Digital.