Diputados aprobó el fideicomiso con el Banco Nación para

Se trata del segundo intento de la Legislatura, ya que el primero, que llegó a convertirse en ley, fue rechazado por el banco. Ahora se aceptó la letra textual del Ejecutivo, que deja en manos de las entidades y los legisladores la decisión de otorgar los créditos y también flexibiliza las condiciones de pago. La iniciativa pasó en revisión al Senado. También obtuvieron media sanción el proyecto por el cual la provincia adhiere a la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y la iniciativa que “crea el Programa de prevención, protección y asistencia a la víctima de trata y tráfico de personas”. Por otra parte, para las 12.30 está prevista la sesión de la Asamblea Legislativa para tratar los vetos del Ejecutivo a la ley de la Contaduría General y del Código Procesal Laboral. Al momento de defender la iniciativa, Bolzán recordó que “al sancionar la ley se incluyeron las categorías 4, 5 y 6 a los que se exigía que fueran hoy productores agropecuarios, que tengan garantías reales y que la comisión que se creaba para admitir su ingreso al fideicomiso se dedicara al seguimiento y al cobro y estuviera integrada por un representante de la Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senadores”. Consideró que “con el fideicomiso se trae nuevamente al circuito productivo comercial y con capacidad de crédito a todos estos productores a los cuales se les refinancia la deuda y el Banco Nación se da por satisfecho por cuanto toda esta cartera crediticia morosa tiene el respaldo hoy del gobierno de la provincia y la posibilidad de cobrarlo a través del fideicomiso financiero”. Destacó que “en el proyecto de ley se puso un límite al monto total que podía ser aceptado y evaluado por esa comisión para ingresar al fideicomiso financiero, lo cual es fundamental porque cuidábamos el patrimonio público provincial: de 43 millones que era el valor de la cartera en mora original en base al convenio firmado con el Banco Nación, lo limitamos a los 28 millones de pesos, que eran pequeños y medianos productores, con garantía hipotecaria”. Resaltó que “la propuesta que hoy llega nuevamente del Ejecutivo introduce reformas en el artículo 6 de la Ley 9.941 que se sancionó, que consideramos en cierta forma aceptables y que no desnaturalizan nuestra idea original de aquellas modificaciones que le introdujimos”. También afirmó que “lo que se pretende como reforma, si no se modifica el monto que habíamos sancionado en esta Legislatura como tope de los créditos a incorporar al fideicomiso y por lo tanto reemplazar con valores representativos de deuda que va a suscribir la provincia con garantía de la coparticipación, creemos que debe ser aceptado para que pueda concretarse esta operación que va a dar solución -con el refinanciamiento- fundamentalmente a los pequeños y medianos productores agropecuarios de nuestra provincia, que ya están sufriendo remates”. “De esta manera, comprometiendo las arcas públicas provinciales, con todos los resguardos que han sido nuestra preocupación, estamos trayendo nuevamente a la actividad productiva y al circuito financiero o con posibilidades de crédito, a todas estas empresas agropecuarias”, concluyó Bolzán para informar que se firmó en comisión el despacho favorable a esta modificación y solicitar a sus pares el acompañamiento a la norma. Desde la oposición, el diputado Jaime Benedetti (UCR-Gualeguaychú) recordó que “la Ley que se había aprobado oportunamente buscaba refinanciar deudas de los productores de nuestra provincia que habían sido afectados por los intereses leoninos a los que debieron someterse antes de 2001” y agregó que “en aquel entonces habíamos introducido modificaciones a la carta de intención que había planteado el Banco Nación, por las cuales redujimos el monto de unos 43 millones a 28 y establecimos la existencia de una comisión formada por representantes del Ejecutivo y de ambas Cámaras para la evaluación de los créditos que conformaban la cartera morosa cedida por el banco al fideicomiso”. Consideró que “esto es una deuda que el Banco Nación nos transfiere y que como provincia asumimos, y la verdad que la política del gobierno nacional debería haber sido otra y la política del Banco Nación debería haber sido la de establecer las fuertes reducciones que surgen de este fideicomiso directamente a través de esa institución y no colocando a la provincia como garante de una situación en la que hace un esfuerzo para que los pequeños y medianos productores que se encuentran endeudados puedan seguir produciendo y no queden fuera del mercado”. En ese sentido, afirmó que “hoy nuevamente el banco nos impone condiciones que estamos dispuestos a aceptar solamente por el interés que tenemos de que nuestros productores sigan produciendo”. Admitió que “al vencer la carta de intención el banco estaba en condiciones de avanzar con algunas ejecuciones y por gestiones de la provincia fueron demoradas, y que el banco no estaba obligado a aceptar estos condicionamientos de la provincia”, pero también cuestionó que “las modificaciones que hoy se introducen en cierto modo dejan casi sin funciones a la comisión que habíamos creado”. Aseveró que “sigue siendo una política equivocada la del gobierno nacional” y consideró que “deberíamos tener un instrumento crediticio como un banco provincial para hacer frente a estas situaciones; esto debería enmarcarse en la creación -prevista por nuestra Constitución- de un instrumento financiero adecuado para la producción de nuestra provincia”. “En definitiva seguimos sosteniendo que esta es una deuda que nos cayó como peludo de regalo, pero es lo que hay, es la solución que mejor se acomoda y no vemos otra, y por eso vamos a acompañar este proyecto de modificación, máxime porque se faculta al Ejecutivo a establecer políticas de cobro que contemplen las necesidades de la producción para la recuperación de los créditos incorporados al fideicomiso”, concluyó. Por su parte, Ana D´ Angelo (Encuentro Amplio Entrerriano-Paraná) manifestó su voto negativo “porque se agravan las condiciones de aquel momento cuando la Cámara votó a favor de la Ley 9.941, y esto que pretende el Ejecutivo es un claro avasallamiento a la decisión de la Legislatura”. Consideró que “esto de hoy es claramente una extorsión del gobierno nacional y de la política del Banco Nación hacia las provincias, porque esto no es sólo para Entre Ríos, ya que la Cámara en su momento creó una comisión mixta entre Poder Ejecutivo y Legislatura para hacer un seguimiento de los casos, pero también bajó en forma ostensible el monto del fideicomiso y de la cantidad de productores que podían ingresar”. La legisladora agregó que “es injusto por todos lados, porque el Banco Nación dice todos o ninguno; ésas son las condiciones y no nos dejan decidir cuál es el monto que estamos dispuestos a poner en riesgo” y resaltó que “incluso el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bel, dijo que es absolutamente injusto”. En consonancia aseveró que “es injusto que el Banco Nación no solucione el problema de estos productores que sufrieron las políticas de los ´90 y la crisis del 2000, y que un enorme grupo de vivos esté dentro de este paquete”. “Estamos aceptando una extorsión absoluta en función de salvar a algunos productores que han sido pequeños productores y que han sufrido las políticas que los perjudicaron, sin necesidad de este fideicomiso que es además injusto con el propio sector agropecuario”, concluyó. Fuente: Análisis Digital.