Diputados aprobó la creación de la Compañía

El Diputado oficialista Marcelo Bisogni fue quien, leyendo un texto, fundamentó las razones por las que era necesario dar luz verde al proyecto del Ejecutivo que apunta a la compra y venta de terrenos por parte del Estado. Tras asegurar que la iniciativa “atiende la demanda de miles de entrerrianos que carecen del acceso a la vivienda”, calificó al proyecto como una “herramienta necesaria” para garantizar tal derecho constitucional. Enseguida tomó la palabra la Diputada María Emma Bargagna (FAP-GEN), quien con una extensa argumentación explicó los motivos de su rechazo al proyecto: “Entre Ríos no necesita la creación de esta compañía de tierras porque ya cuenta con un organismo, el IAPV, que tiene las facultades para comprar y vender tierras con el fin de atender las demandas de quienes no tienen acceso a una vivienda”. “Tenemos las herramientas legales y el organismo necesario para dar cumplimiento a los objetivos que se plantean en el proyecto de ley”, aseguró la legisladora, quien agregó que “el IAPV cuenta con la estructura jurídica y profesional para llevar a cabo el fin que persigue esta iniciativa del Ejecutivo”. En este marco, sostuvo que si el IAPV no cumple con estos objetivos “es por un problema político”, y se explayó. “Lo manejan seis empresas y la Cámara de la Construcción, y no tiene autarquía ni lleva su propia contabilidad”. Dijo que “no es conveniente avanzar en el proyecto porque se estaría jaqueando a un organismo como el IAPV que, si hubiera voluntad política, funcionaría como corresponde”. También cuestionó la falta de “controles externos e internos” de esta sociedad del Estado y mencionó que de la gestión de Jorge Busti “hay un plan provincial de tierras con fondos por 540 millones”. Más tarde tomó la palabra el ahora oficialista Diego Lara, quien aseguró que “el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario en post de una política de vivienda que garantice el acceso a este derecho a la población”. Y luego se adelantó a los argumentos que el radicalismo esgrimió en las reuniones de comisión, donde objetó que el proyecto del Ejecutivo es inconstitucional porque viola el artículo 81 de la Constitución provincial que establece que “toda adquisición, venta, donación o transferencia de dominios de inmuebles por parte del Estado provincial tenga que hacerse con los dos tercios de la Legislatura”. Al fundamentar, Lara señaló: “Lo que estamos autorizando es la constitución de una sociedad del Estado, por lo que no será el Estado, sino este el que venderá y comprará tierras. Las sociedades de Estado están excluidas de este artículo y están regidas por el derecho privado”. Luego tomó la palabra el Diputado oficialista Daniel Ruberto, quien destacó la necesidad de contar “con una herramienta más ágil que el IAPV”, resaltó que “el Estado debe intervenir” y cuestionó que “la ciudad está sitiada por las inmobiliarias”. Después tomó la palabra Agustín Federik (UCR), quien destacó que su bloque “muchas veces ha acompañado proyectos del Ejecutivo”, pero adelantó que esta vez no lo iba a poder hacer porque la iniciativa que está en debate “carece de razonabilidad y de toda lógica jurídica”, posee “innumerables errores” y no permite que haya un “contralor”. “Es una ley inútil que pretende sacar de los actos de legalidad a esta sociedad del Estado que lo único que va a hacer es comprar y vender terrenos y casas”, sostuvo el radical. Apuntó que “con seis artículos pretende involucrarse en el mercado inmobiliario con facultades que le pertenecen a la Legislatura” y después citó al ex Presidente Juan Domingo Perón: “Podemos presumir que todos los funcionarios públicos son honestos pero, como dijo el general, si los controlamos es mejor”. Cuestionó que en el texto de la iniciativa “no esté claro a quién está dirigida la compra y venta de inmuebles, ya que menciona a sectores carenciados, a jóvenes profesionales y a empleados públicos”, y criticó “el plazo de cinco días que se le otorga al Consejo de Tasación para expedirse y que si no lo hace en ese plazo será el Colegio de Corredores, o sea, las inmobiliarias, las que van a terminar de ponerle el precio a las tierras”. También puso el eje en el modo en el que será financiado este proyecto y consideró que “la cifra de cinco millones, el capital inicial, es insuficiente e irrelevante”. Federik luego se preguntó “en qué va a quedar el IAPV y cuál será su función si esto se aprueba”. Habló de una “improvisación total” al confeccionar el proyecto y remarcó que “la principal falla” de la iniciativa es que “viola la Constitución”. Y enfatizó: “Sólo haciendo un esfuerzo de entelequia y verborragia se puede decir que esto no viola la Constitución”. “Viola el artículo 81 de la Constitución provincial, que impone a la Legislatura la facultad para autorizar la compra y venta de tierras por parte del Estado”, aseveró, al tiempo que cuestionó que se le estén sacando delegaciones al Poder Legislativo para otorgárselas al Ejecutivo”. También mencionó que el proyecto viola otros dos artículos: el 80 y el 48. El socialista Lisandro Viale fue el último orador de la oposición. Dijo que el proyecto “es la puerta de entrada a un negociado”, habló de “democracia gastada” y sostuvo que “es una vergüenza lo que quieren votar”. Calificó a la iniciativa como “mamarracho” y aseveró que “la necesidad tiene cara de hereje” al recordar que “antes de las elecciones diputados del oficialismo, como Juan Albornoz, cuestionaban el proyecto y ahora no lo hacen”. Criticó que “se quiera aprobar una ley de la que no se conoce el reglamento” y también consideró que “cinco millones de pesos de capital es una cifra irrisoria, a no ser que después se sumen socios”. “Con esto los legisladores estamos quedando pintados al óleo”, manifestó y cargó contra los diputados que defienden el proyecto, como Lara -al cual mencionó-, que “ingresaron al recinto de la mano de Jorge Busti y luego se pasaron al oficialismo”. Advirtió que “lo mismo podría pasar con Alfredo De Ángeli”, ya metiéndose en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre. Tras insistir con el concepto de “democracia gastada”, hizo un paralelismo entre la iniciativa debatida y el acuerdo con Chevrón, “al cual se votó sin conocerlo”. “Se hacen homenajes a (Salvador) Allende (ex Presidente de Chile) o a Brasesco, y se realza sus figuras, pero después votan leyes como estas”, cuestionó. Dijo que espera que se de marcha atrás con la creación de la compañía de tierras y sostuvo que “es un escándalo votar esto para que lo manejen cinco personas con la anuencia de la Fiscalía de Estado”. “Se está creando un nuevo ente burocrático e innecesario que tiene las mismas herramientas que el IAPV”, sostuvo y, en este sentido, mencionó la posibilidad de “debatir la posibilidad de actualizar las funciones del IAPV, si es que se considera necesario”. Por último se preguntó: “¿Si el Estado no pudo, no supo o no quiso lograr que el IAPV agilice el acceso a la vivienda por qué lo va a hacer con este nuevo ente” y cuestionó que “se hagan estas cosas en nombre de los desposeídos”. Más tarde tomó la palabra el Diputado Rubén Almará, que expresó que prefiere “equivocarse” al votar este proyecto en vez de “no hacer nada, como siempre ha hecho el radicalismo”. Luego Martín Uranga (FpV) criticó los cuestionamientos de la oposición y, haciendo otra interpretación de los artículos constitucionales utilizados por los legisladores opositores, en su discurso intentó rebatir los fundamentos de quienes cuestionaron el proyecto. Dedicó un párrafo a criticar el concepto de “democracia gastada” manifestado por Lisandro Viale: “¿Qué significa gastada, está queriendo decir que se está terminando?”. Por último tomó la palabra el diputado oficialista Luis Jakinchuk, quien criticó que se diga que el proyecto “es una puerta a los negociados” y sostuvo que “ese es el lenguaje de la derecha”. Manifestó que “quienes no acompañan la iniciativa avalan las desigualdades” y se detuvo en el artículo 81 de la Constitución provincial, utilizado por la oposición para fundamentar que el proyecto sería inconstitucional. En este sentido, explicó las diferencias entre “colonización” (concepto del que habla tal artículo) y “urbanización”, que es “el objeto social de esta norma que está en debate”. Aproximadamente a las 21:30, sobre tablas y con votación nominal, el oficialismo impuso su mayoría y dio media sanción al polémico proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a constituir una sociedad para la compra y venta de tierras”. [b]El proyecto[/b] El primer artículo del proyecto establece la autorización “al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad del Estado” que se regirá “por la disposiciones de la Ley nacional Nº 20.705 (que regula el funcionamiento de las Sociedades del Estado), que se denominará “Compañía Entrerriana de Tierra S.E. y actuará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social”. En el artículo segundo se indica que “a Sociedad tendrá por objeto la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupado y en general población con ingresos medios y bajos”. “Para tal fin estará facultada, entre otros, para adquirir bienes inmuebles para destinarlos a loteo urbano/suburbano; realizar los loteos de urbanización y espacios de hábitat; desarrollar un sistema de inscripción para la adquisición por parte del sector especificado, a precios justo; transmitir y adjudicar el dominio a los beneficiarios; transmitir a título gratuito, de acuerdo a lo que con posterioridad se reglamente para el sector que así lo amerite”, se dispone en la iniciativa. La Sociedad “tendrá como fundador al Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social” se indica. También se establece que el Poder Ejecutivo provincial aprobará, en el marco de las disposiciones de la presente ley, “el estatuto constitutivo de la nueva sociedad, el cual será elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social”. Por otro lado, se hace referencia al capital social y, en tal sentido, se dispone que el mismo “se constituirá sobre la base de los aportes del Gobierno provincial”. El capital inicial será de cinco millones de pesos, “el que será integrado por el Poder Ejecutivo conforme las disponibilidades presupuestarias y financieras; autorizándolo a instrumentar las ampliaciones y/o modificaciones del Presupuesto que resulten necesarias a tal efecto” y “será representado por certificados nominativos negociables entre los entes enumerados en el artículo 1º de la Ley Nº 20.705”. Fuente: APF.