Diputados aprobó la modificación del Impuesto Inmobiliar

Con la negativa del bloque radical, y luego de casi dos horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de actualización del Impuesto Inmobiliario rural. El eje central de la sesión de este martes no motivó la presencia de la dirigencia rural en el recinto. Esta ausencia -sólo interrumpida por la sola presencia de Alfredo Bel, de Federación Agraria, que llegó hacia el momento de la votación- fue leída por las distintas bancadas como un aval al texto votado. Se trata de un dictamen de comisión que intentó conjugar los intereses del Ejecutivo, autor del proyecto presentado para la aplicación del revalúo del tributo, y la propuesta que en este marco presentó la Mesa de Enlace a la Cámara de Diputados tras haber sido convocada a varias reuniones de comisión. La propuesta reunió los votos del oficialismo, bloque Peronismo Federal; el de la diputada del Encuentro Amplio, Ana D’Angelo; y el del legislador del Nuevo Espacio, Héctor De la Fuente, que apoyó en general el texto pero planteó sus disidencias en la votación en particular tras defender la redacción original elaborada por el Ejecutivo, consignó Página Política. Con duros discursos contra la política oficial, pero fundamentalmente contra la gestión nacional y el alineamiento del gobierno de Sergio Urribarri, la bancada radical votó en contra y advirtió que no avalará “ningún aumento de impuestos hasta que el gobierno provincial no haga los deberes”, en alusión a la necesidad de reclamar a la Nación recursos que debieran ser girados a la provincia por distintos conceptos. Fue el diputado Jorge Bolzán, por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien fundamentó el dictamen elaborado en la Cámara baja. Tras explicar que lo que se votó en un modo de aplicar un revalúo fijado por Ley de 2008, pero suspendido a través de distintas normas dictadas en el marco del conflicto agropecuario y ante la situación de sequía, el legislador apuntó que los valores para determinar el impuesto “no se actualizan desde 2005”. Bolzán repasó los ejes centrales del proyecto del Ejecutivo, destacó los principios constitucionales que sustentarían la iniciativa así como la que se puso en consideración en el recinto redactada por los diputados. Luego, explicitó el esquema aprobado para la aplicación del revalúo según los cuatro segmentos correspondientes a segmentos correspondientes a empresarios más pequeños, en el Segmento 1, hasta los más grandes, en el Segmento 4. - Segmento 1: en 2009 y 2010 estará exento de pagar el aumento. En 2011 se lo gravará con el 50 por ciento del incremento previsto y en 2012 ya con el 100 por ciento. - Segmento 2: en 2009 no pagará aumento; en 2010 abonará el 25 por ciento; en 2011 el 50 por ciento del revalúo previsto; y en 2012 el 100 por ciento. - Segmento 3: en 2009 empieza a pagar el 20 por ciento; en 2010, el 50 por ciento; en 2011 el 75 por ciento; y en 2012 la totalidad del aumento. - Segmento 4: se cargará con el 40 por ciento del incremento ya en 2009 mientras que en 2010 deberá pagar el 100 por ciento de la suba. Bolzán dijo que el 94 por ciento de los productores entrerrianos está comprendido en los segmentos 1 y 2. Para dar idea de las superficientes alcanzadas, detalló que el Segmento 3 implica el 19 por ciento de las hectáreas productivas de la provincia y el Segmento 4 el 25 por ciento de las hectáreas alcanzadas por el tributo. Por su parte, el diputado Oscar Cardoso fustigó duramente a la gestión provincial, básicamente por su alineamiento con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y apuntó a la “voracidad fiscal que se descargará con saña contra el campo. Mientras el gobierno provincial tenga deberes pendientes y no reclame ante la Nación los recursos que nos corresponden; este bloque no va a aprobar ningún aumento, ni este, ni ningún otro”. “Mucho más teniendo en cuenta que atravesamos la etapa de mayor presión fiscal que se haya conocido y más aun cuando hay un reconocimiento oficial del desastre agropecuario”, añadió el radical que consideró que el impuesto, en este contexto, “es injusto e irracional”. El diputado de Federal expuso acerca de los recursos adeudados por Nación a la provincias, en concepto del porcentaje de coparticipación que gira, menor al previsto por Ley; en concepto del remanente de ATN; o por los recursos que se giran al Anses y que “no vuelve nada” en un contexto en el que “el Anses no sólo es superavitario si no, además, prestamista de algunas actividades”. Si bien votó en general el dictamen, el diputado del Nuevo Espacio, Héctor De la Fuente, cuestionó en gran medida los cambios introducidos por los diputados y defendió la redacción del Ejecutivo. Luego fustigó a la dirigencia rural, jerarquizó la progresividad de la iniciativa y cuestionó “los lobbys y las presiones” del sector. Llamó a “tener el valor de hacer posible la distribución de la riqueza y la justicia social que implica que paguen más los que más tienen”. Aseguró que hoy se está pagando 9.40 pesos por hectárea y remarcó que el revalúo votado implica, simplemente, “cumplir con la ley vigente”. Aseguró que los sectores afectados por el revaluó implican a casos como los de Fortabat, Escasany y Pou y repudió “las presiones de los grandes propietarios. Algunos se dejan presionar, otros responden a lo mejor a intereses políticos pequeños, pero hay mucho lobby, mucha presión”, denunció De la Fuente que dijo quedarse con “el sabor amargo de que en nombre del consenso no se pueda legislador sobre la injusticia. Hay consensos que no distribuyen la riqueza”, cuestionó el diputado. Quien fue electa junto a De la Fuente, por la Concertación Entrerriana, la diputada D’Angelo, tomó la palabra para ubicarse exactamente en la vereda de enfrente del legislador de Gualeguaychú. Descalificó el revalúo votado como medida para lograr “la distribución de la riqueza” y si bien consideró justo el aumento para “Amalita o para Pou” llamó a apuntar a Esquenazi, a la Barrick Gold, a Cristóbal López, o a “los pooles de siembra” si se pretende “decir que se distribuye la riqueza”. “Estamos hablando de monedas. Hablar de lo importante, y en esto estamos todos de acuerdo, las mayorías, tal vez De la Fuente o algún otro no, en que hablar en serio de esto es reclamar por 2.5 millones de pesos que se van a la Nación y que no vuelven. Ese es el debate que se viene”, enfocó la legisladora. Luego defendió a la medida como justa y marcó la ausencia del campo en el recinto como un reconocimiento de este carácter por parte del sector. “Las propiedades urbanas han tenido un aumento del 170 por ciento en los impuestos, aumento de tasas municipales y la situación del sector rural no lo exime de que tenga un revalúo en su propiedad”, concluyó. Con la votación, finalmente, quedó levantada la sesión. En el encuentro, que se extendió por alrededor de tres horas, se aprobó también la ley reglamentaria del Defensor del Pueblo, que venía con cambios del Senado, y se debatió y giró a comisión el proyecto de Allende para que se declare la emergencia salarial, entre otras iniciativas vinculadas al reclamo estatal y docente por mejores sueldos.