Diputados aprobó la regularización dominial con tres a&#

Tras casi dos meses de inactividad -la última sesión había sido el 23 de junio-, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este martes el proyecto del diputado Diego Lara de adhesión a la llamada “Ley Pierri”, número 24.374, y sus modificatorias, que permiten escriturar un inmueble a favor de su ocupante tras tres años de posesión pacífica. En rigor, la normativa establece, la “regularización dominial a favor de ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1 de enero de 2009 y su causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente”. A la hora de fundamentar la adhesión, Lara consideró que era “una materia pendiente que tenía la legislación entrerriana” y que lo que persigue es “un régimen que permita a los poseedores de inmuebles urbanos y ubicados en centros poblacionales rurales que tengan como finalidad de vivienda única poder obtener un justo título a través de un procedimiento que prevé esta Ley”. El legislador de María Grande hizo alusión a situaciones particulares que a menudo impiden la escrituración y dejan a sus habitantes en condiciones irregulares en cuanto al registro catastral: “en Entre Ríos, como en todo el país, hay innumerables casos no sólo en las grandes ciudades sino también en los pequeños poblados, donde existen poseedores; familias de condición media o humilde, que no han podido obtener el título de dominio de su propiedad. Adquirieron un terreno o una vivienda en algún loteo o venta, con un boleto de compraventa y a la fecha les resulta dificultoso acceder a la escritura pública”. En ese sentido mencionó que “a veces quien loteó cambió de domicilio, está en otra provincia, se desconoce donde vive, falleció, no se conocen los herederos, para iniciar un sucesorio ni si quiera se conoce dónde murió y por lo tanto no se puede iniciar un juicio de escrituración”. Para Lara, de convertirse en ley el proyecto de su autoría, tendría el beneficio de conceder la regularización dominial “donde exista una posesión pública, pacífica, ininterrumpida y que obedezca a una causa lícita; es decir, que no se trate de una usurpación sino que exista un boleto de compraventa o un instrumento de adjudicación”. Fuente: AIM.