Diputados aprobó los proyectos de fideicomiso y la Ley de Celia

En una jornada enmarcada mediante un vasto temario y un emotivo homenaje a un periodista, se desarrolló hoy una nueva sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos. Al comienzo de la misma y ante un nutrido marco de público que desbordó el recinto, el Presidente de la Cámara de Diputados Jorge Busti, encabezó un sentido homenaje en vida a quien representa para muchos al periodismo escrito contemporáneo de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Alfieri. En el acto, junto con los legisladores López, Maier y Zacarías, Busti le entregó en nombre de la Cámara una plaqueta en reconocimiento a su vasto recorrido y conducta en el campo educativo y periodístico nacional. Luego del mismo y de las palabras del presidente de la cámara en alusión a la importancia de distinguir a personalidades como Alfieri, que han dedicado su vida por mejorar mediante su función el campo político, cultural y social, el periodista ofició un emocionante discurso a los legisladores y público en general, que siguieron atentos cada palabra emitida por el homenajeado. Culminado el evento, los diputados prosiguieron su labor y encabezaron el debate sobre una serie de temas que habían motivado al análisis y trabajo parlamentario durante estas últimas semanas, despertado el interés de variados sectores que se apostaron en el recinto a seguir la sesión. Los proyectos en cuestión refieren a los expedientes de fideicomisos financieros, uno de ellos con el Banco Nación, destinado al salvataje de productores agropecuarios y el otro, para la construcción de viviendas en la provincia. En este marco, en principio y sin demasiado debate parlamentario se aprobó el primero de los fideicomisos, referido a la autorización al Poder Ejecutivo con el fin de que este contraiga un endeudamiento por un total aproximado a los 28 millones de pesos, para solventar la refinanciación de las deudas de productores agropecuarios entrerrianos. En este marco el diputado Jorge Bolzán (PJ-Seguí) destacó, como responsable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que el mismo posee como objetivo primario “regularizar la situación económica y productiva de los pequeños y medianos productores entrerrianos que se encuentran en posición de morosidad y riesgo inminente de remate de sus tierras”. De este modo, el proyecto se centra en autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir e integrar Valores Representativos de Deuda (VRD) por hasta 28 millones de pesos, para poder solventar las moras de productores agropecuarios que ascenderían a 155 personas y que podrán refinanciarla a 20 años, “siempre y cuando presenten las garantías reales de pago”. Para ello, se planteó la creación de una Comisión Ejecutiva de Evaluación, Aprobación y Seguimiento, la cual tendrá a su cargo el análisis y dictaminará los casos que serán puestos a consideración del fideicomiso y, además, establecerá la forma en que corresponderá la administración y gestión de cobranza de la cartera de créditos. Vale destacar que el monto original que albergaba el proyecto del Ejecutivo Provincial para el endeudamiento ascendía a los 43 millones de pesos, pero a través de una iniciativa del bloque justicialista de la cámara baja se determinó la apertura del sobre que contenía la lista de los productores agropecuarios deudores y se decidió priorizar a aquellos que corrían un inminente riesgo de perder sus tierras, deduciéndose de ahí los 28 millones aprobados. Así, el proyecto volverá al Senado con las modificaciones correspondientes para su evaluación y sanción definitiva. [b]Fideicomiso para construcción de viviendas[/b] Por su parte, con una concurrencia de público dividida en su intereses y posiciones al respecto y un caluroso debate que dirimió posturas entre los legisladores, se aprobó el proyecto correspondiente a la autorización por parte de la legislatura para que el Estado Provincial firme una suscripción con organismos nacionales tales como ANSES y Banco Nación con el fin de contraer un endeudamiento por 280 millones y así ejecutar un plan de construcción de viviendas que ascenderían a casi 5000 unidades en la provincia. Como se mencionó, el tema despertó en los legisladores presentes posturas dividas en torno a los fundamentos y finalidad del proyecto, ante un marco de público compuesto por trabajadores de la UOCRA y el IAPV que hicieron sentir su línea de pensamiento. En este sentido, tomaron la palabra por el oficialismo los diputados Bolzán, Cáceres, Allende y Jourdan, quienes fundamentaron su voto positivo; en tanto que por la oposición hicieron uso de la palabra los diputados Cardozo, Miser, D'Angelo y Artusi, quienes se expresaron en contra del proyecto. Vale mencionar que la norma autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público mediante la participación de fideicomisos financieros con el fin de financiar la construcción de viviendas comprendidas en la Propuesta de Reconversión del Programa Federal Plurianual de la Nación. Y por otro lado, autoriza en su artículo 2º a que el Poder Ejecutivo y/o el IAPV cedan y transfieran en propiedad fiduciaria y en forma irrevocable al Fideicomiso Financiero que se constituya: los derechos de cobro sobre los créditos derivados de la adjudicación de las viviendas; las sumas de dinero provenientes de las cobranzas de los créditos para ser depositadas en la cuenta fiduciaria recaudadora; y todos los fondos derivados de la inversión de los fondos líquidos. [b]Ley de Celiaquía[/b] Además de los temas anteriores y finalizando la jornada, la Cámara de Diputados de Entre Ríos le dio sanción definitiva a la Ley de Celíacos aceptando las modificaciones que introdujo el Senado. Cabe recordar que el texto original fue consensuado el año pasado entre la asociación civil, el diputado Darío Argain (PJ-Villaguay) y José Artusi (UCR-Uruguay). Se destaca que la normativa aprobada no contempla la creación de un Consejo Asesor conformado por el Ministerio de Salud y Acción Social, el Consejo General de Educación (CGE) y la ACER. Igualmente no se descarta que desde la Asociación que nuclea a los celíacos se insista en la sanción del citado consejo asesor y la inclusión de un salario familiar como el que perciben los estatales por discapacidad.