Diputados aprobó modificaciones al Código Procesal Penal

Diputados dio media sanción al proyecto que propone la modificación del Código Procesal Penal (CPP), que incluyó además cambios en la Ley de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Policía. De esta manera, se pasa de un sistema acusatorio mixto, donde era la Policía la que hacía la investigación, la derivaba a los jueces de Instrucción, y luego a los tribunales orales, a uno acusatorio donde la investigación estará a cargo de fiscalías especiales. El proyecto es autoría del reconocido abogado Julio Federik, junto otros especialistas en el Derecho. Al texto, se adhirió la propuesta de la diputada Lucy Grimalt (La Red-Paraná) que prevé para las víctimas de abuso sexual menores de 16 años, medidas de protección específicas en su declaración. Si bien la oposición planteó varios reparos, acompañaron con su voto al proyecto, aunque no hicieron lo mismo con los otras modificatorias. No obstante, el oficialismo adelantó que el proyecto tendría cambios en el Senado. El miembro informante por el oficialismo fue el diputado provincial Emilio Castrillón (PJ-La Paz). Recordó que en 1999 el gobernador Jorge Busti le encargó a Julio Federik y otros juristas la elaboración del proyecto de reforma. “Se pretende la modificación de la investigación. Se resguardan las garantías de quien debe soportar la investigación penal y, por otro lado, se pone énfasis en quién debe investigar los delitos”, aclaró el legislador. Sobre el apartamiento de la policía a la hora de investigar, Castrillón dijo que actualmente “investigaba la policía y se lograba lo que la policía no instrumentaba o lo hacía mal. Las causas en sede judicial se limitaban a reproducir lo investigado en la policía”. Concretamente, remarcó que “no puede investigar la policía primero y la Justicia después, de esa forma, estamos supeditados a lo que la policía quiere investigar”. También, el legislador dio garantías a los futuros fiscales y sus equipos, que se encargarán de las investigaciones de hecho de índole penal. Sobre el texto de ley, el diputado dijo que “es lo que podemos hacer cuando están pasando diez años de no hacer nada y, en medio de la inseguridad. La seguridad es un problema de todos”, concluyó. Por el radicalismo, Osvaldo Fernández (Gualeguaychú) dijo que la reforma es “de suma importancia”, y agregó: “Venimos a manifestar nuestro apoyo a las modificaciones al Código Procesal Penal, por lo que vamos a acompañar el proyecto -en general y particular- a pesar de las diferencias, pero vamos a cuestionar algunas normas operativas”, adelantó el radical encargado de dar a conocer la postura del bloque. Luego de considerar la reforma al CPP como “el primer paso”, remarcó que “no hacemos el mismo acompañamiento de las restantes iniciativas”, como la reforma de Ley de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Policía. Entre algunos argumentos, Fernández dijo que “la reforma de la Ley Orgánica de la Policía, se contrapone a la Constitución”, que “haber dejado la carrera universitaria de la policía es una pérdida de tiempo” y “entendemos que no se destinan los recursos suficientes para este tipo de reformas”. El diputado Antonio Mainez (Bloque Integración-Concordia) dijo que “el sistema mixto mostró falencias. Las estadísticas en nuestra provincia muestran que muy pocos hechos terminan siendo tratados por la justicia, o por lo menos, con una condena o procesamiento. El procedimiento penal actual nació mal”. No obstante, objetó “la concentración de poder en la figura del fiscal” que “son cuestiones que no tuvieron una discusión”. Además, dijo que “no hay recursos presupuestarios previstos para la implementación de la reforma”, entre otros argumentos. Finalmente, luego de enumerar algunas falencias como la inexistencia del ADN, o sobre las salidas socio-familiares y socio-laborales, desde el bloque se acompañó el proyecto de reforma del CPP, no así la reforma de Ley de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Policía. Al proyecto, se adhirió la propuesta de la diputada Lucy Grimalt (La Red-Paraná) que prevé para las víctimas de abuso sexual menores de 16 años, medidas de protección especificas en la declaratoria, para evitar “la revictimización y profundización del daño psicológico al que estuvieron sometidas las niñas, niños o adolescentes durante el tiempo en que fueron abusados”, según había definido la diputada con anterioridad. Grimalt dijo que con la modificación “se propone que se tome una única declaración a la víctima, con un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales capacitados en este tipo de delitos, en una habitación preparada especialmente (denominada cámara gesel) donde las partes puedan visualizar la declaración y hacer las repreguntas que crean necesaria. El objetivo es resguardar a los menores víctimas de las seguidillas de declaraciones ante diferentes organismos e instancias, dado que por tratarse de tan aberrante delito produce en ellos efectos psicológicos adversos en su proceso de recuperación personal; las preguntas que pueden realizar las partes sin estar capacitadas en la problemática del abuso infantil causan el efecto contrario en la víctima, dado que esta se siente en un permanente tormento y culpabilización por lo que le ocurrió. Es necesario proteger a la víctima, sin afectar por esto el debido proceso y garantizando siempre el derecho de defensa. Por esta razón se propone esta mecánica a la hora de tomar declaración a la víctima menor de edad”. Sobre la postura de los restantes bloques de acompañar el proyecto denominado “Federik”, la legisladora festejó “el piso mínimo de consenso”, según indica Analisis. Por su parte, Juan Domingo Zacarías adelantó su voto afirmativo al nuevo Código Procesal Penal ya que este proyecto “nos brinda un progreso a una discusión de hace años”.