Diputados aprobó modificaciones al Régimen Juríd

En la segunda sesión de prorroga del 128º período legislativo, los diputados justicialistas, sin el acompañamiento de los bloques opositores, dieron media sanción al proyecto de Presupuesto, que estima en 5.413.624.000 de pesos el cálculo de recursos de la provincia, destinados a atender los gastos de la administración gubernamental, de los servicios de seguridad, sociales, económicos y los intereses de la deuda pública. La ley de leyes, que pasó al Senado, otorga facultades a los poderes para modificar las plantas de personal, el Presupuesto y a reprogramar las obras propuestas. En relación al tema el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo, Julio César Aldáz (PJ, Uruguay), dijo a AIM que “(el proyecto de ley) tenía dictamen de comisión y esto demuestra el orden que tenemos, ya que es el quinto Presupuesto que aprobamos en cuatro años”. Asimismo indicó que “con la aprobación del Senado, se podrá tener el orden necesario para iniciar la gestión, y la tranquilidad de ingresar rápidamente en el Programa de financiamiento ordenado, que nos permitirá pagar los servicios de la deuda”. Según el legislador, el Presupuesto no está subvaluado, “ya que nosotros nos basamos en las pautas de inflación más el Producto Bruto Interno (PBI), y en base a eso se determina”. Por su parte el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, explicó que no acompañaron la iniciativa ya que “hay una fragilidad económica muy grande para la provincia, existe un nivel de endeudamiento creciente, de independencia muy grande y el gasto primario es del 52 por ciento”. [b]Modificación del RJB [/b] En una sorpresiva acción de los diputados oficialistas, Miguel Ángel Tramontín (PJ, Islas) ingresó un proyecto para modificar el RJB, que “busca la gobernabilidad de la próxima gestión”. El legislador manifestó a esta Agencia que “recientemente, esta Honorable Legislatura sancionó un nuevo marco regulatorio para el empleo público nacional. Sin lugar a dudas que el Estado provincial se encontraba en deuda con sus trabajadores y con la sociedad en su conjunto, que exigía y demandaba la modernización de la relación del empleo público para posibilitar la prestación de servicios en mejor forma y con mayor eficiencia”. Destacó además que “la ley 9755 significó un salto cualitativo de gran importancia para los empleados públicos provinciales, garantizando la existencia de una verdadera carrera administrativa. Como es de público conocimiento, la ley de mentas abreva de muy diversas fuentes y fue enriquecida por el generoso aporte de todas las bancadas y de las propias entidades sindicales a lo largo del trámite parlamentario”. No obstante, Tramontín señaló que “los diversos aditamentos que se realizaron y la unificación de los diversos proyectos presentados trajeron aparejados errores materiales, inconsistencias y contradicciones en su articulado”. Advirtió también que la Legislatura dictó normas de manera similar para otros sectores de la administración pública provincial, como por ejemplo, la ley de Convenciones colectivas de trabajo para el sector docente, pero con un tratamiento disímil. “Por eso se consideró necesario introducir en el articulado de la ley 9755 ciertas modificaciones para asegurar la plena operatividad de su articulado, depurando los errores en los que se incurrió y compatibilizando la misma con el resto del reordenamiento jurídico, en resguardo de los intereses de los propios trabajadores”. El legislador marcó que “un gran desacierto de la ley que propiciamos ha sido la conformación de nuevas y costosas burocracias administrativas, tal como el Consejo de la paritaria y los tribunales administrativos, cuando existen mecanismos menos burocráticos y onerosos, como por ejemplo el que establece la ley 9624 para el sector docente que se encuentra vigente y cuya efectividad ha sido comprobada. Por eso propiciamos adoptar un mecanismo similar para todas la administración pública central y descentralizada sin importar si se es docente o no, lo cual clarifica y transparenta la relaciones colectivas entre sindicato y patronal”. En tanto Rogel afirmó que “esta modificación al RJB es una gran sorpresa, una cosa desagradable, porque todo el esfuerzo que se hizo para introducir cosas importantes para el empleado público no fueron aceptadas.Ahora venir a modificarlo sobre el final de la gestión, es volver a los pasos iniciales”. El legislador aseguró que “prefiero perder mil elecciones, pero no aprobar estas modificaciones, porque todo lo que habían logrado los trabajadores con el otro Régimen, se tiró a la basura”. Fuente: AIM.