Diputados aprobó polémico proyecto para la construcci&oa

Militantes sociales, docentes de universidades, referentes sindicales, productores, activistas de organizaciones ambientalistas y dirigentes políticos de partidos de izquierda manifestaron su más enérgico repudio al proyecto que finalmente se sancionó en la Cámara Baja. Apesar de la tensión, discusiones, las ausencias, críticas y deserciones el urribarrismo consiguió los escaños suficientes para ingresar al hemiciclo, tratar sobre tablas y sancionar la iniciativa que permitirá a la administración Urribarri tomar un crédito por 430.387.551 millones de dólares con bancos estatales y aseguradoras chinas para realizar de forma irregular dos acueductos exclusivamente con China State Construction Engineering Corporation (Cscec) LTD. El proyecto comenzó a ser argumentado por el director de Hidráulica de la provincia, Cristian Rodolfo Gietz, quien debió suspender su exposición técnica por las críticas que desde la tribuna le realizaron tanto a él como a los legisladores oficialistas los integrantes de la multisectorial quienes advirtieron que “las letras (del Tesoro provincial) están en rojo”, exigieron que “se baje la bandera de Argentina y se ice la China”, pidieron que los diputados “paren de robar”, reclamaron saber qué pasará con las reservas de agua subterránea, advertían constantemente el alto costo que demandarán las obras y que “el progreso que contamina y mata no es progreso sino que sólo es progreso para los bolsillos de los diputados”. Hasta que se apagó el cañón y Gietz se retiró del recinto los ciudadanos reclamaron que se discuta el proyecto en sí, que fue defendido finalmente por Osvaldo Viano (PJ, San José), quien argumentó que para el gobierno los acueductos representan una obra que llevará “justicia social, ya que permitirá una mayor producción y detrás de eso habrá una mayor inversión y mejor calidad de vida”, en las zonas del norte entrerriano donde se desplegará. Además, argumentó que con las obras se recuperarían una gran cantidad de hectáreas para la producción agraria y cárnica. Tras ser constantemente interrumpido, Viano remarcó que los acueductos serían “los pilares para el desarrollo para una región vastamente postergada”, por lo que cuestionó a legisladores de la oposición y los integrantes de la multisectorial a quienes calificó como “los fabuladores del no”. Por su parte, el Diputado Lisandro Viale (Partido Socialista) afirmó que con esta Ley se le dará al Ejecutivo la herramienta para “endeudar la provincia por generaciones”, y dijo que espera que si el gobierno toma el crédito y adjudica la obra -que consideró ilegítima- “los recursos sean para los acueductos y no para que los entrerrianos financien la campaña presidencial de Urribarri”. Además, Viale remarcó que el acuerdo será “uno de los mayores intento de estafa que tuvo la provincia en este último período de democracia” abalado por un “poder Legislativo que es obsecuente”. En tanto, la Diputada socialista María Emma Bargagna afirmó que lo aprobado fue un ataque a la soberanía: “la soberanía reside en el pueblo, elige a sus representantes y sanciona una Constitución para que nosotros cumplamos con ella y no tenemos derecho para derogarla con un proyecto de Ley; no tenemos derecho de violar la Ley. Tenemos que ser disciplinados cumplidores de la Ley si queremos estar en el marco de un Estado de Derecho”. En ese sentido, la abogada remarcó que el proyecto que quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación “es inconstitucional e ilegal ya que ataca la médula de la República, que es la soberanía y ataca los principios de publicidad de los actos de gobierno”, a lo que se suma que “no se consultó al pueblo, no hay estudios de impacto ambiental y las obras se adjudicarán de forma directa sin licitación pública y transparente por lo que hay falta de respeto muy importante por parte del gobernador y el Fiscal de Estado -Julio Rodríguez Signes-, porque este negocio lo traen los dos y ni uno ni otro cumplieron con su deber de funcionario público”, por lo que se estaría incurriendo en delitos penales. En ese marco, la diputada detalló que “uno de los proyectos le daba al acueducto un costo de 35 millones de dólares que, teniendo en cuenta la inflación del dólar de un 30 por ciento, costaría hoy de 36 millones de dólares y el otro tenía un costo de 15 millones de dólares en 1999 y hoy se hablaría de 20 millones mientras que hoy se aprueba una Ley que autoriza a tomar un crédito para hacer las dos obras por 431 millones iniciales”, con cláusulas usureras de abandono de la soberanía, resolución de los conflictos en tribunales ingleses y claras desventajas para el Estado entrerriano. Ante ese escenario, la diputada se preguntó: “¿Por qué eluden la licitación pública el gobernador, el fiscal y los legisladores?” y respondió: “Qué pasa, no quieren saber cuánto sale realmente las obras y que se haga una licitación internacional en la que venga el mejor oferente”. Además, Bargagna apuntó que se otorgarán beneficios a la empresa china para que importe trabajadores y se le permitirá al Estado chino ingresar al territorio para sacar materia prima a costa de la destrucción de la industria nacional que tanto costó recuperar. Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Agustín Federik, criticó la usura que implicará el crédito y afirmó que “no hay imperialismo bueno o malo”, proposición que reforzó por medio de una cita del presidente de Uruguay, José Mujica, quien afirmó que “no vaya a ser cosa que estos acuerdos con China nos hagan extrañar a nuestros ex socios los yanquis”. “No quiero que en este momento se entregue el patrimonio del norte entrerriano que esta postergado por las erráticas políticas de Estado”, dijo Federik, quien explicó que desde el bloque no creen que “con semejante endeudamiento con los chinos se tenga un beneficio adicional algo que no se logró en estos 12 años de gobierno peronista”. Pero además del fundamento político, la UCR realizó una oposición a la norma desde el punto de vista estrictamente del derecho ambiental. Al respecto, Federik remarcó que “no hay estudio de impacto ambiental”, por lo que el proyecto se presentaría como inconstitucional. Desde el punto de vista jurídico se cuestionó que se dejan de lado las Leyes de contabilidad provincial y de obra pública “lo que es absolutamente inconstitucional, por lo que por más que se apruebe en esta Legislatura es muy difícil que se sostenga en cualquier Tribunal”. También consideró “lamentable que se contrate en forma directa, por más de 430 millones de dólares, un proyecto de acueducto que nadie sabe de qué se trata”, y criticó que se eximirá de impuestos a los sellos a la compañía que realizará la obra. Fuente: AIM.