Diputados aprobó tope al costo financiero en préstamos p

Producto de la falta de acuerdo en el bloque oficialista en la iniciativa que fija un tope al costo financiero en los préstamos otorgados a los empleados del Estado, la sesión de este miércoles arrancó con una demora de más de 30 minutos. Cuando ya parecía que la bancada radical se retiraba, los diputados del oficialismo ingresaron y la sesión comenzó con homenajes a Raúl Solanas, a un año de su fallecimiento. La Pro-secretaria Claudia Krenz leyó un proyecto de resolución de la Cámara, donde se referenció a Solanas, y luego los Diputados Emilce Pross y Martín Uranga, ambos del bloque oficialista, y Horacio Fabián Flores (FEF, Uruguay) repasaron la vida del dirigente desaparecido trágicamente hace un año. Luego, el radical Amado Fuad Sosa, evocó a Jorge Jesús González, joven trabajador de la Cámara que también murió hace un año. Tras los trámites de rigor, el Diputado Juan José Albornoz (FPV, Paraná), fundamentó el tratamiento de los expedientes unificados 19240 - 18896, con dictamen de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley por el que se establecen las condiciones para el recupero efectivizado por el sistema de “código de descuentos” para préstamos personales a empleados públicos provinciales en actividad, jubilados, retirados o pensionados. Albornoz se refirió a su iniciativa, unificada con otra de la legisladora socialista en el FAP, Emma Bargagna. “Es una iniciativa que se ajusta al criterio ordenado por el decreto número 246/2011, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en fecha 21 de diciembre de 2011”, explicó Albornoz, y señaló que su aprobación “es un acto de justicia para con los trabajadores”. A su turno, el Diputado Rubén Almará (Recuperación Peronista), adelantó el voto en contra de su bancada, al considerar que el proyecto busca “legalizar lo ilegal. Opino que la justicia tendrá que actuar porque a mi criterio, esto es ilegal. No vamos a permitir que el sueldo de los trabajadores sea saqueado por algunas entidades que operan detrás de organismos oficiales”. Luego, el Presidente de la Cámara, José Allende, pidió ocupar su banca para fijar su postura sobre el tema. En encendido discurso, el titular de la Cámara baja argumentó que la iniciativa tiene como fin “la protección del salario de los trabajadores, ya que algunas entidades financieras les aplican intereses leoninos que llegan al 300 o 400 por ciento al año”. “Esto es el primer paso; propongo que al texto que dice trabajadores provinciales se agregue también municipales”, pidió el legislador. Más adelante advirtió que los negocios donde se venden electrodomésticos son verdaderas financieras y denunció: “no les conviene vender contado, porque su verdadero negocio está en la financiación”. Párrafo aparte dedicó al agente financiero de la provincia, el Nuevo Ber, y a la tarjeta Sidecreer, y el porcentaje que ambas entidades retienen a los trabajadores, que llega a un 80 por ciento en total. Allende pidió a sus pares que voten la ley de Albornoz y Bargagna, pero demandó que “se siga en la búsqueda de una verdadera solución. Hay que abrir el debate y además, crear un ente donde el trabajador pueda denunciar los abusos de las entidades financieras y además, reclamar al Centro Comercial que no permita a las financieras inscribirse como comercios, porque detrás de esa fachada esconde otra cosa”, manifestó. El legislador Amado Fuad Sosa (UCR, Paraná) coincidió con Allende en su postura pero recordó que no fue el radicalismo con el Bono federal el responsable de la debacle de los trabajadores, obligados a tomar préstamos con intereses leoninos. “El gobierno radical quitó -antes del Bofe. los descuentos que efectuaban las mutuales a los trabajadores”, dijo y afirmó: “estamos tratando de aprobar esta ley, pero también hay que revisar la del agente financiero”. Por eso comprometió al titular de la Cámara a gestionar una nueva iniciativa para abordar el tema. Luego de una breve alocución donde volvió a defender la iniciativa, Albornoz pidió el cierre del debate, y tras un pedido de Almará para tomar la palabra, que fue negado, los legisladores aprobaron por mayoría el proyecto, que pasó al Senado para su tratamiento. Fuente: AIM.