Diputados avanza en la ley del Defensor del Pueblo

El modo de designación, las atribuciones y el ámbito de actuación del Defensor del Pueblo, la adecuación entre la ley reglamentaria y los artículos de la Constitución provincial que aluden a esta nueva figura fueron los temas que abordó ayer el constitucionalista Horacio Rosatti. Lo convocó para tal fin la comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, grupo de trabajo que analiza un proyecto de ley reglamentaria de la figura, tal como lo manda la Carta Magna reformada el año pasado. El ex ministro de Justicia de la Nación, y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), repasó el proyecto en discusión, su adecuación a lo previsto por la Constitución y aconsejó redacciones determinadas en un panel donde estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados y autor de la iniciativa, Jorge Busti, el diputado Daniel Bescos y la defensora del Pueblo de Paraná, Marta Benedetto, que expuso la experiencia del organismo en la capital entrerriana. Del encuentro también fueron parte legisladores provinciales del oficialismo, como Horacio Flores, y de la oposición como Ana D’Angelo, del Encuentro Amplio; y el radical Marcelo López que apuntó cuestiones respecto de la iniciativa de su bancada. Hubo interesados en el tema y especialistas en distintos aspectos vinculados con la creación del nuevo instituto constitucional. [b]LA LEY[/b] Luego del encuentro, en el recinto de la Cámara baja, Rosatti destacó “el debate que se ha dado, que ha sido muy rico y que ha tenido el punto de vista de la experiencia (con la Defensoría del Pueblo de Paraná). Creo que se plantea, además, un nivel de consenso muy importante para la redacción de la ley reglamentaria”. El especialista coincidió con una revisión importante que ha tenido el proyecto del oficialismo en estudio. Concretamente, donde antes se preveían distintos caminos para postular candidatos a defensor, esto quedó acotado, en el texto en estudio, a las propuestas que puedan formular los legisladores. “Creo que es correcta esta última formulación”, opinó Rosatti y lo fundamentó al decir que “disponer que las propuestas vengan de los legisladores no implica que no tengan vos las organizaciones no gubernamentales u otro tipo de organizaciones que son llamadas a opinar luego, en la Comisión Bicameral (prevista por la norma) que tendrá última palabra”. Señaló que, en su visión, la modalidad anterior “era un poco anárquica y habilitaba, tal vez, infinidad de posibles postulantes”, advirtió. Respecto del ámbito de actuación, que el proyecto en estudio acota a los actos administrativos del Poder Ejecutivo, Rosatti aconsejó que quede expresó, en el texto de la ley, la exclusión de la incumbencia en actos administrativos del Legislativo y del Poder Judicial. [b]EXPERIENCIAS[/b] En su exposición, Rosatti hizo algunas apreciaciones respecto de la redacción del proyecto del oficialismo, las que fueron retomadas en parte, luego, por el diputado radical que expuso su iniciativa. Entre otras cuestiones, se plantearon distintas formas de precisar la designación del defensor por parte de las Cámaras. Las observaciones -en las que coincidieron Rosatti y el texto radical- ya han sido tomadas por la Comisión de Legislación que intenta firmar un despacho y convertir en ley el texto reglamentario en el corriente mes. Rosatti expuso, luego, algunas cuestiones respecto de la naturaleza de la nueva figura. “Está bien planteada en la Constitución. El defensor está para intervenir en casos concretos, específicos, por los derechos de la gente”. Puso de relieve que, en muchos casos, “hay que tener en cuenta que cuando se designa al primer defensor, a veces la persona termina por hacer un poco al órgano”. “Las primeras experiencias son muy importantes”, insistió Rosatti que añadió, en diálogo con EL DIARIO: “El defensor está para resolver los problemas de la gente, al servicio de la gente, que evite circular en el propio Estado diciendo esto está bien o mal si no que resuelva los problemas, que proponga modificaciones a la ley, que llame la atención respecto de conductas”, enumeró Rosatti que finalmente, y tras defender la redacción de la Constitución entrerriana que no exige título de abogado al postulante, consideró necesario, como atributos, “sensibilidad, sentido común, sensatez”. “Si tiene además conocimiento legislativo o jurídico, bárbaro. Y si no, se hará asesorar”, completó. Fuente: El Diario.