Miércoles 29 de Junio de 2011, 09:35

Diputados debate sobre el proyecto que busca prohibir las fumigaciones

| Los Ministros de Producción, Roberto Schunk, de Salud, Ángel Giano y el Secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo, estuvieron en la Cámara Baja, exponiendo sus opiniones en el marco del debate que promueve la Comisión de Tierras por el proyecto de ley que intenta prohibir las fumigaciones aéreas, con determinadas excepciones y limitar las terrestres. El Diputado Héctor De la Fuente (NE-Gualeguaychú) autor de la iniciativa, destacó la presencia de los funcionarios en el recinto y subrayó que “hay consenso en avanzar en una normativa para preservar la salud de las personas”.

De la Fuente remarcó la “importancia de seguir discutiendo el tema desde todos los ámbitos” y la necesidad de llegar a una norma que “contenga todas las opiniones que se han venido exteriorizando a lo largo de los encuentros”. En ese sentido, comentó que propondrá que “en no más de 30 días, un grupo de trabajo conformado por las áreas Legislativas y Ejecutivas, presente una propuesta a la comisión teniendo como base el proyecto inicial”. El encuentro fue impulsado por la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que conduce Horacio Fabián Flores (FEF-Basabilvaso) y que desde el mes de abril viene desarrollando diferentes audiencias en el marco de la iniciativa que busca, por un lado prohibir las fumigaciones aéreas, con determinadas excepciones y por otro, limitar las terrestres. Luego de escuchar las exposiciones de médicos, científicos y entidades vinculadas a la producción, llegó el turno de las áreas del Estado que se relacionan directamente con la temática como Salud, Producción y Medio Ambiente. En este sentido, De la Fuente aseguró:“Los ministros exteriorizaron sus opiniones de acuerdo a sus carteras de trabajo” y remarcó que están convencidos de la “necesidad de avanzar en una normativa que preserve la salud de las personas”. Con respecto a Giano, el Diputado explicó que desde la audiencia se le consultó por el comité que estudiará las malformaciones y la designación del hospital Materno Infantil San Roque como sede del Centro de Referencia Epidemiológico de Malformaciones Congénitas en Entre Ríos. En cuanto a esto, contó que el Ministro se comprometió a “actuar inmediatamente si se comprobaba que las malformaciones se relacionaban directamente con el uso de agroquímicos”. Es decir, que a partir de allí se encontraría “el camino para realizar acciones concretas”. En relación a las palabras del Ministro de Producción, De la Fuente comentó que se habló de la necesidad de intensificar los controles por parte de la Dirección General de Agricultura, “como así también modificar los protocolos para la realización de las pulverizaciones”. Asimismo también se diálogo sobre la necesidad de “aumentar las multas a quienes transgredan las normativas dispuestas”. Respecto a las declaraciones de Raffo, el Diputado acentuó la alusión que realizó el secretario sobre una nueva concepción de lo que significa la propiedad privada de la tierra. “Hizo referencia a los derechos de quien hace usufructo de la tierra porque la posee legalmente, pero aclaró que en realidad los recursos naturales en general, la flora y la fauna son bienes de todos”, explicó el legislador para luego subrayar que quedó claro que “todos tenemos derecho a reclamar y a exigir el cuidado de esos bienes”. En cuanto a los pasos a seguir, manifestó que se va a proponer “la creación de un 0800 para las consultas y denuncias”, y que además se intentará “modificar los protocolos como así también aumentar las multas para quienes transgredan las leyes”. Por otro lado, aclaró que va a ser “muy enfático en cuanto a las distancias”, y comentó que propondrá que “en no más de 30 días, un grupo de trabajo conformado por las áreas Legislativas y Ejecutivas, presente una propuesta a la Comisión teniendo como base el proyecto inicial”. Por último comentó que aspirarán a “buscar una ley integral que ayude en general a todos y que sean una fuerte exigencia para lo que se denomina buenas prácticas agrícolas dentro de este sistema que tenemos”. Cabe destacar que el legislador se refirió a la importancia que tiene aclarar que el proyecto de ley no intenta prohibir los agroquímicos, como salió en algunos medios locales, sino las fumigaciones aéreas y limitar las terrestres. La iniciativa que se debate contiene cinco artículos. El primero de ellos prohíbe las pulverizaciones aéreas, considerando la expansión que se da, debido a los vientos, de los productos químicos utilizados. En este caso el proyecto se refiere a la deriva -dispersión de las partículas pulverizadas- es decir, a aquellos restos de químicos que se dispersan más allá de la zona central donde se concentra la fumigación. El segundo artículo se refiere a las pulverizaciones por vía terrestre: “Prohíbanse la aplicación terrestre, dentro de un radio de mil (1.000) metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial, de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis”. El artículo tres de la norma se refiere a las acciones u omisiones que incumplan la ley. Pues contempla la pena establecida en el artículo 200 del Código Penal: delitos de la salud pública. Para finalizar el artículo cuatro se refiere a la excepción: se podrán realizar pulverizaciones aéreas con fines sanitarios, siempre que contenga el expreso consentimiento de la autoridad sanitaria correspondiente. Por otro lado el proyecto tiene concordancia con la iniciativa presentado en agosto de 2010 por la Diputada nacional por Córdoba, Cecilia Merchan (Libres del Sur). Y además recoge el régimen legislativo impuesto en Europa donde ya se prohibieron las fumigaciones aéreas. Cabe destacar que el derecho sobre la cual se apoya la normativa es el Derecho Precautorio, definido por la Ley Nacional de Ambiente en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Fuente: Análisis Digital.