Diputados dio media sanción al proyecto oficial de Presupuesto

El miembro informante del oficialismo fue el Diputado Marcelo Bisogni (PJ, Uruguay), quien pidió autorización para leer la fundamentación de la normativa. “El gobierno entrerriano da muestras una vez más de su seriedad y responsabilidad y presenta como desde hace seis años el Presupuesto en tiempo y forma. Es un gobierno que piensa en el desarrollo sostenido y expresa claramente la asignación de los recursos; sus números marcan el ritmo de avance en todos los sectores, con compromiso y garantía de previsibilidad, sobre la base de prudencia y transparencia”. Además ratificó que “la Ley de Presupuesto es un compromiso y una garantía de previsibilidad para el resto de los actores económicos, por lo tanto es también uno de los pilares para sostener el crecimiento y el posicionamiento que hemos logrado en estos últimos años y que nos ubican hoy como una de las provincias de mayor desarrollo de toda la Nación”, dijo. [b]UCR: “el aumento salarial está atado a la mayor recaudación”[/b] El Diputado Julián Rubio, que tuvo a su cargo la postura del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), adelantó que el radicalismo no acompañó la iniciativa, “fundamentalmente porque observamos que el Presupuesto no es equilibrado y tiene una dependencia muy importante del gobierno nacional”. El legislador advirtió que la Ley de Leyes “no contempla el incremento de la pauta salarial, sino que está atada a una mejor recaudación. No vemos que este año se pueda producir una mayor recaudación, por el contrario”. El gualeyo alertó que la iniciativa tampoco cumple con los porcentajes coparticipables nacionales y provinciales para las juntas de Gobierno, y volvió a marcar la presión impositiva que ejerce el gobierno sobre los sectores productivos. Para Rubio, “este Presupuesto es similar al de años anteriores. Los radicales estamos muy preocupados por la evolución de la deuda, que podrá ser un dolor de cabeza para los años venideros”. [b]Bargagna: un proyecto “contrario a los intereses del pueblo”[/b] La Diputada socialista del FAP-GEN, Emma Bargagna, ratificó que su bloque votó por la negativa y explicó que, “como todos sabemos, el proyecto de ley de Presupuesto es de autoría del gobernador (Sergio Urribarri). Su texto explica qué entiende el oficialismo sobre cómo se maneja y distribuye el poder”. Aunque admitió que el diseño del proyecto es correcto y “muy parecido a proyectos anteriores”, Bargagna precisó que “lo que lo vuelve inadmisible desde el punto de vista de los intereses del pueblo de la provincia es la fenomenal transferencia de atribuciones y facultades que la Legislatura delega al Poder Ejecutivo”. Para Bargagna, “la acumulación de poder en el Ejecutivo no encuentra ninguna justificación. Esto es un problema político y es un problema constitucional”. Desde el punto de vista político, “le cercena al pueblo el derecho de expresarse a través de sus representantes naturales: diputados y senadores, en cuestiones que la Constitución reserva exclusivamente a éstos. Tampoco estamos en un estado de excepción, ni de emergencia, ni de guerra que, en algunos casos, podrían llegar a justificar la concentración excepcional y temporaria del poder”. La socialista afirmó que “en lugar de avanzar hacia la República, retrocedemos al sistema unitario, previo al pacto de gobernabilidad que formalizaron las provincias y optó por el sistema republicano tripartito de poderes. Se gobierna con el orden republicano invertido. Además, la constitución expresamente prohíbe la delegación de facultades y la declara nula (art. 45)”. Por otro lado, la Diputada se refirió a “los grandes números” y observó que el Presupuesto “es una excusa para abrir las cuentas y nada más, ya que se autoriza al Ejecutivo a modificar todos los totales a su exclusivo criterio. Todo queda depositado en la voluntad del ejecutivo y sus asesores inmediatos. El Presupuesto real quo se conoce aparecerá a partir del 1º de enero del año próximo”, advirtió. Bargagna advirtió que “observamos una fragilidad en la economía del Estado ya que, frente a una deuda pública de arrastre de 2420 millones de pesos, se autoriza al Ejecutivo a endeudarse para hacerle frente por 3460 millones de pesos. Pagamos deuda, pero nos endeudamos más y a la vez, necesitamos gastar más de lo que recaudamos”. La abogada aseveró que la única obligación del Ejecutivo será “comunicar” lo que ha resuelto sin participación de los representantes del pueblo de la provincia (diputados) ni de los representantes de los departamentos de la provincia (Senadores). “Todas esas importantes decisiones que la legislatura debería debatir y resolver en el ámbito natural de la legislatura se depositarán en cabeza de una sola persona (el Gobernador), es decir, quedarán a expensas de su individual criterio y exclusiva responsabilidad”. Por eso, “desde una concepción progresista y socialista, este proyecto es contrario a los intereses del pueblo y al afianzamiento de las instituciones republicanas”. Por su parte, el Diputado socialista Lisandro Viale aseguró que “el gobierno es obsesivo con los proyectos que manda (a la Legislatura), pero nosotros vemos que tenemos un Presupuesto con los mismos vicios, con números optimistas que se muestran en los medios afines al gobierno”. [b]Criticas y apoyos a “Argentina trabaja”[/b] Además, los legisladores dieron media sanción al proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo para que a través de la Unidad Ejecutora del Programa “Argentina trabaja”, dependiente del ministerio de Gobierno y Justicia pueda utilizar, para la adquisición de materiales, herramientas e insumos necesarios para la implementación y ejecución del Programa Nacional Ingreso Social con Trabajo-Argentina Trabaja. Esta iniciativa consiguió el acompañamiento del oficialismo, ya que la oposición realizó criticas y se abstuvo de acompañarlo. El titular de la bancada radical, Agustín Federik, cuestionó la utilización de la mayoría para la sanción de la iniciativa y señaló: “no sabemos cuál es el monto que estamos autorizando. Una vez más estamos dejando de lado los controles que establecen nuestras normas madre que indefectiblemente nos hacen perder una calidad institucional que nosotros entendemos que hay que preservar”. Fue el Diputado Daniel Ruberto (PJ, Paraná), quien salió en defensa de la normativa, indicando que la autorización de compra directa “no es un tema menor, porque se trata de la alimentación de una familia. Si no están los elementos, la gente se desanima. Lo que hacemos es dotar al Ejecutivo para que facilite las herramientas para el trabajo”. La legisladora Rosario Romero (Evita Militante) coincidió con Ruberto en el aspecto social que aporta la norma, y agregó que en lo legal, y como abogada, “hay un aspecto jurídico que no es menor. Admito que se habría podido discutir en comisión, pero no comparto en que estamos dándole una carta abierta al Ejecutivo, ya que las licitaciones tienen un tope específico en el Decreto 795/96, que prevé la compra directa”. El paranaense Martín Uranga completó la defensa del proyecto, que se aprobó con los votos del oficialismo. Fuente: AIM.