Diputados nacionales impulsaron medida cautelar contra Botnia
PAPELERAS | En la Cámara de Diputados del Congreso ingresó un proyecto de declaración a través del cual se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional interponga una nueva medida cautelar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Con la iniciativa se trata de evitar que la pastera de la empresa Botnia en Fray Bentos comience a producir, hasta tanto el máximo tribunal internacional no se expida sobre la cuestión de fondo.
El proyecto contó con la firma de los diputados nacionales de Entre Ríos Blanca Osuna, Rosario Romero, José Lauritto, Raúl Solanas, Carlos Daud y Sergio Varisco; además de recibir el apoyo de legisladores de otras provincias como los casos de Rafael Bielsa y Juliana Marino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de José Mongeló y Gladys Soto de Chaco, de Hugo Perié y Araceli Méndez de Ferreira de Corrientes, de Oscar Massei de Neuquén, de Julio Arriaga de Río Negro, y Alberto Cantero de Córdoba.
Los legisladores buscan el consenso de sus pares en la Cámara de Diputados para acompañar la decisión del gobierno entrerriano de solicitar a la cancillería que presente una nueva cautelar ante La Haya, dejando en claro en el proyecto de declaración que “lo que el máximo tribunal consideró que no se había realizado en la presentación de mayo de 2006 (en la medida cautelar anterior), es lo que está sucediendo en la actualidad ante la inminencia de la puesta en marcha de la planta de la empresa Botnia”. En ese sentido se sostuvo que hay derechos argentinos evidentes e indiscutibles que están en riesgo actual o inminente de ser irreversiblemente vulnerados.
Luego de recordar que desde fines de 2003 la República Oriental del Uruguay violó el derecho internacional en tres oportunidades, afectando los derechos e intereses de la Nación Argentina, y poniendo adicionalmente en riesgo el bienestar y la salud de una parte de su población, los diputados recordaron que se realizaron presentaciones ante diversos organismos internacionales. Entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Ombudsman y asesora en cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, Meg Taylor.
Además, se recordó que el Estado Argentino recurrió a la Corte Internacional de Justicia, en la primera instancia de un reclamo de un país latinoamericano en contra de otro en un tribunal internacional por una causa ambiental. A este alto tribunal se le solicitó además la indicación de medidas provisionales el 4 de mayo de 2006. Luego de los alegatos orales del 9 de junio la Corte se expidió el 13 de julio no haciendo lugar a las medidas solicitadas.
“Sin embargo, teniendo en cuenta la posición de las partes y los considerando del fallo de la Corte, es posible afirmar que el alto tribunal no "ha rechazado" el pedido argentino en su totalidad ni que Argentina ha sido vencida en esta instancia”, se sostiene en el escrito.
