DIPUTADOS REPUDIÓ A LOS HECHOS VIOLENTOS DE NEUQUÉN

Los Diputados Julio Aldáz, Jorge Bolzán y Juan Bahillo expresaron que “en un Estado democrático, donde rige - valga la redundancia - un Estado de Derecho; acontecimientos como los vividos en la Provincia de Neuquén no por su cíclica aparición dejan de sorprendernos, inquietarnos y exigen inexorablemente un accionar acorde con el daño causado no sólo a la luctuosa víctima, no sólo al sector que reclama por sus derechos, no sólo a los trabajadores sindicalizados y movilizados a través de la protesta callejera sino que ofende sobremanera a la sociedad toda que libremente eligió la opción de vivir en paz y democracia donde es dable suponer reclamos sociales, por más y mejores derechos. Seguidamente indicaron que: “los que nos consideramos representantes del campo social aprendimos en los inicios de nuestra vocación militante el apotegma fundamental del compromiso de la “abanderada de los humildes”: “DETRÁS DE CADA NECESIDAD HAY UN DERECHO”. Ello nos ha llevado a la lógica conclusión de la legitimidad de todas y cada una de las reivindicaciones sociales, sin ignorar por supuesto las obligaciones emergentes de quienes integramos los distintos poderes del Estado, de administrar el erario público de manera tal en ser justos y equitativos al tener que atender los reclamos sectoriales en los marcos y parámetros establecidos por las pautas presupuestarias, el equilibrio y regulación de las cuentas públicas y su incidencia en la actividad privada de quienes ostentemos responsablemente obligaciones emergentes del mandato popular. En ese marco, si una protesta no puede ser contenida por el acto presencial intimidatorio o si lo prefieren de forcejeo con las fuerzas públicas del orden, la situación muta de poder en la administración pública y, de un hecho policial - que depende del Poder Ejecutivo pasa a ser un hecho penal o delictivo que lesiona derechos o garantías de los demás y son responsabilidad y competencia del Poder Judicial. Esto así expuesto, aparece como sencillo y entendible. No obstante en la práctica no es fácil de ejecutar si no se tiene como condición previa las condiciones éticas y humanistas básicas como para poder afrontar situaciones de movilización que pueden ser desbordadas y finalizar trágicamente ante un acto de autoritarismo, represión o uso desmedido de la fuerza por quien ungido de la función de administrar el estado por parte de sus comprovincianos, cree estar situado en el medioevo temporalmente y se comporta como el dueño, propietario o mandamás de un feudo. Finalmente los legisladores afirmaron que” los entrerrianos sabemos algo de ello y lo sufrimos en carne propia hasta hace unos años atrás. Es por ello que fuera de las notables y destacadas virtudes personales, profesionales y humanas de la luctuosa victima neuquina, pretendemos repudiar la violencia, la represión indiscriminada, la falta de vocación cívica de todos los involucrados en los conflictos sociales, que actuaron fuera de los límites de los límites razonables, a retomar las sendas del diálogo constructivo, del equilibrio entre demandas y posibilidades de entenderlas en igualdad de condiciones y responsabilidades pero sobremanera, ser activos constructores de una conducta y un procedimiento de respeto mutuo ya que no hay ni movilización, ni liberación de circulación interrumpida que valga el costo de una vida humana, que sinceramente hoy en el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Entre Ríos con sus más y menos podemos estar satisfechos que se cumplen razonablemente y por ellos aunque nadie esté librado de hechos individuales o corporativos de violencia, la actitud del estado, como representación genuina de la ciudadanía debe ser clara, contundente, rotundo y por ello este Proyecto de Resolución.