Diputados tratará en la próxima sesió un proyecto

El eje del documento es “el incremento de la tarifa de gas de los consumidores y usuarios entrerrianos, como consecuencia de la imposición de los creados mediante decreto nacional 2067/08 y las resoluciones administrativas que los reglamentan (entre otras, resolución 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y resolución 563/2008 ENARGAS)”. En este sentido, le hicieron llegar el proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados este viernes, el cual será tratado en la próxima sesión. La preocupación de los legisladores provinciales es que la polémica medida “debe ser resuelta en forma inmediata por la urgencia del conflicto, dado que los incrementos en las facturas deben ser abonados en los próximos días, y que eventuales cortes del suministro de gas en nuestros hogares traería nefastas consecuencias debido a la situación climática”. Busti y Allende peticionaron al Fiscal de Estado “que inicie las acciones legales tendientes a que se anulen, por ilegítimos e inconstitucionales, los cargos creados mediante decreto nacional 2067/08 (artículos 2, 6 y concordantes), y las resoluciones administrativas que los reglamentan (resolución 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y resolución 563/2008 ENARGAS), en la medida en que tuvieron como efecto el incremento de la tarifa de gas de los consumidores y usuarios”. Asimismo, solicitaron a Rodríguez Signes que “promueva en forma inmediata las medidas cautelares que correspondiesen, tal como lo han hecho en forma exitosa otros Fiscales de Estado en distintas provincias, en defensa de la legalidad y de los intereses del Estado y sus ciudadanos provinciales”. Por otro lado, y además del envío del documento al Fiscal de Estado, la resolución presentada en la Cámara Baja estipula en su artículo 3º que se solicitará a la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que “inicie en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, las gestiones necesarias a los efectos de lograr la excepción permanente de los usuarios y consumidores, tal como lo establece el artículo 7 del Decreto 2067/08”. Entre los fundamentos que sustentan el proyecto de resolución presentado, figura que “el Decreto 2067 ha sido tachado de inconstitucional e ilegítimo en distintas presentaciones judiciales, por distintas razones: vicios en el procedimiento previo al dictado del acto administrativo (Río Negro, Chubut,); incompetencia del Poder Ejecutivo por ser atribución del Congreso Nacional (Chubut); irrazonabilidad de la medida y el monto del aumento, entre otros argumentos”. Además, resalta que “la Justicia Federal despachó medidas cautelares favorables a los consumidores y usuarios en distintas jurisdicciones: Tucumán, Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y el municipio de Escobar”, y que “muchas de estas medidas habían sido peticionadas por Defensores del Pueblo (a modo de ejemplo, Río Negro, Córdoba)”. En este ítem apuntaron a la situación en la provincia: “Este órgano constitucional, si bien ha sido recientemente consagrado en la Constitución Provincial, tiene que ser reglamentado por la Legislatura de la Provincia, lo cual fue parcialmente concretado por esta Cámara de Diputados, que recientemente dio media sanción al proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, restando aún su tratamiento por el Senado, dentro del plazo y procedimiento que consagra la Carta Magna”. Es por eso que desde el cuerpo legislativo se dirigió la petición a otro órgano constitucional como lo es la Fiscalía de Estado, el cual “tiene también como misión la de velar por el más pleno respeto de la juridicidad en el ámbito de la Provincia (artículo 209 de la provincia)”. Finalmente, se hizo notar que en la provincia de Chubut, fue precisamente el Fiscal de Estado, Diego Carmona, quien promovió la medida cautelar.