Diputados tratará hoy el proyecto de Ley de Educación pr

El presidente del cuerpo, Jorge Busti, recibió el trabajo elaborado por La Solapa, la Asociación de familiares y amigos desparecidos entrerrianos y en Entre Ríos (Afader); Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio (Hijos) regional Paraná; el subsecretario de Derechos Humanos de la municipalidad de Paraná, Álvaro Piérola y el coordinador del Registro único de la verdad, Guillermo Germano, y este lunes tomará estado parlamentario el proyecto de ley, acompañado con su firma y la del diputado provincial Jorge Kerz (PJ, Paraná). El proyecto de Ley prevé la creación en la órbita de la secretaría de Justicia, seguridad y derechos humanos de la provincia, del programa de acompañamiento, asistencia y protección de testigos, querellantes, víctimas y operadores intervinientes en las causas judiciales contra el terrorismo de Estado, “con el objetivo de implementar medidas especiales de asistencia y protección de personas en los procesos penales donde se investiguen responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos”. El programa “estará a cargo de un coordinador y se compondrá por un equipo interdisciplinario”; las medidas de asistencia y protección serán destinadas a los querellantes, testigos víctimas y a operadores que intervengan en los procesos penales, pero “podrán hacerse extensivas al cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a personas convivientes y a quienes por su relación inmediata así lo requieran”, según precisa el proyecto. La iniciativa también establece que esas medidas “se apoyarán en un abordaje integral con el objetivo de actuar en forma coordinada, unificando criterios y potenciando esfuerzos a para alcanzar una mayor eficacia de las acciones que se realicen”, y que será “condición inexcusable para la admisión y permanencia del sujeto beneficiario de las medidas de protección dispuestas en el programa, expresar su consentimiento. A su vez, se propone crear en el ámbito del ministerio de Gobierno, justicia, educación, obras y servicios públicos, y bajo la órbita de la policía de la provincia, una Unidad especial de protección de personas, cuya finalidad será ejecutar las medidas de protección. Y se fija que “el cese de las medidas será dispuesta por el fiscal, juez o tribunal que las hayas establecido, cuando se entiendan superadas las circunstancias que motivaron la protección”, y se autoriza al ministro de Economía de la provincia “a realizar las adecuaciones presupuestarias, en materia de recursos humanos y materiales, necesarias a los fines de efectivizar el programa”.