Miércoles 7 de Febrero de 2007, 14:20

Dirigentes de ATE temen modificaciones al Régimen Jurídi

| La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aguarda con expectativa el proyecto de ley “correctiva” del Régimen Jurídico Básico, que podría avanzar sobre cuestiones como el control de ingreso y categorización de los empleados públicos. Temen una ofensiva tras los próximos comicios.

El adjunto de ATE, Arturo Godoy, indicó en declaraciones a la agencia APF que los cuestionamientos hechos en los fundamentos del veto que luego fue dejado de lado, son “los mismos que en su momento hizo el Secretario Legal y Técnico (Gervasio Laporte)” al inicio de las discusiones sobre el Régimen. “A nosotros nos parecieron (las reprobaciones) incluso extemporáneas, porque estuvo (el proyecto) dos años en distintos estamentos gubernamentales y no hubo objeciones en ese entonces y aparecen ahora. Evidentemente, es una ofensiva a través de la Legal y Técnica que considera que las comisiones no serían para transparentar el Estado, sino para hacerlo más burocrático”, consideró Godoy. Luego, adelantó que esperarán la presentación de la “ley correctiva” y los argumentos que contiene, anticipando que habrá “reuniones para ver nuestra posición”. “Si bien la marcha atrás con el veto nos satisfizo, sabemos que después del 18 de marzo (fecha de los comicios provinciales) habrá una ofensiva del Gobierno para modificar” la norma, anticipó, sentenciando: “No quieren perder la potestad de nombrar personal y jerarquizarlo”. El Régimen Jurídico es un proyecto impulsado por ATE a través de su secretario general Edgardo Massarotti, que busca “un Estado distinto, transparente, porque clarificaba todas las acciones de gobierno”, recordó Godoy. En los fundamentos del veto que luego fue dejado sin efecto, el Ejecutivo remarcó una y otra vez que “la potestad de designación de empleados de la Administración es facultad discrecional del Poder Ejecutivo” y que no resultaba “potestad del Poder Legislativo imponer mecanismos de selección y/o exigir la reglamentación de su ejercicio” ya que “se está legislando sobre materias acerca de las cuales el Poder Ejecutivo tiene competencia exclusiva”. En rigor, el Ejecutivo tomó la decisión en los albores de la actual gestión de autorregular otra de sus atribuciones exclusivas (la nominación de jueces al Senado) mediante un decreto que impuso el mecanismo del Consejo de la Magistratura, una de las instituciones que se utilizó como estandarte para promover la reforma de la Constitución, única forma de darle rango permanente. En este caso, el Ejecutivo dispuso que un ámbito colegiado, integrado por jueces, abogados, docentes de derecho, empleados judiciales y la sociedad civil sea quien se encargue de la selección dentro de un concurso público de una terna por puntaje sobre la cual el gobernador seleccionaría a uno de sus integrantes para nominarlo como postulante al Senado para el cargo en la Justicia por el cual concursó. El gobernador Jorge Busti ha remitido siempre el pliego del primero de los tres recomendados.