Duro documento de Agmer

El texto del documento detalla que “los años de lucha de los trabajadores de la Educación, en procura de mejores condiciones laborales y salariales, han marcado la permanente tensión y conflicto en torno a las prioridades que tienen, tanto el Estado nacional como los Estados provinciales, en materia de inversión educativa en procura de eliminar las desigualdades salariales, de acceso al derecho a la educación y de equilibrio entre las diferentes regiones del país”. “La crónica de la no responsabilización del Estado en materia educativa se encuentra jalonada de innumerables ejemplos pero quizás la historia del incentivo docente sea uno de los más concretos y visibles”, advierte el documento y recuerda que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) se creó “con la lucha de todos los trabajadores de la educación del país y como una solución temporaria al conflicto salarial. Originariamente se lo pensó como un adicional remunerativo destinado a igualar el salario docente en todo el país con la idea de una base salarial común que superara las diferencias provinciales y con carácter transitivo hasta una ley de Inversión Federal y genuina en educación”. Agmer señaló que “la Ley 25.919 prorroga la vigencia del Fondo creado por la norma 25.053, por el término de cinco años a partir del 1º de enero de 2004 o hasta la aprobación de una ley de Financiamiento Educativo Integral. Posteriormente, se modificó el artículo primero por la Ley 26075 de Financiamiento Educativo, (Boletín Oficial del 12/1/2006), estableciendo la prorroga desde el 1 de enero de de 2004 por el término de cinco años ( art.19)”. El sindicato que nuclea a la mayor parte de los docentes en Entre Ríos aseguró que el Fonid estuvo destinado “a ser un complemento devengado en beneficio de los docentes, tal cual lo estipula el articulado”, pero opinó que “es apenas un paliativo insuficiente hasta la discusión nacional de una herramienta legal y legítima que permitiera en materia de inversión establecer prioridades y garantías en el ejercicio del derecho de los trabajadores a salarios dignos tal cual lo estipula la Constitución nacional”. La Ley 26.075 de Financiamiento Educativo estableció que los gobiernos nacional y de las provincias, así como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debían incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología en forma progresiva y hasta alcanzar en 2010, una participación del seis por ciento en el Producto Bruto Interno, estableciendo por el plazo de cinco años una asignación específica de recursos coparticipables y la creación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Sin embargo, a lo largo de estas últimas décadas y en el ámbito de las políticas públicas, “se implementaron algunas de las principales líneas de reforma educativa: la descentralización, la evaluación de resultados, la autonomía, la 'reconversión' o el reciclaje docente, la eficiencia y la competencia impactaron sobre la forma en que se piensa el trabajo de los educadores”. El documento recuerda que desde los años ’90 “se implementaron políticas de reforma laboral, en un escenario signado por la desocupación y la subocupación generalizadas, la flexibilización, la intensificación y la precarización del trabajo. Estas políticas implicaron la pérdida de la estabilidad por introducción de designaciones (cuando no contratos por tiempo determinado), por la flexibilización, por el incremento de la jornada de trabajo y por la reducción (de hecho) de los salarios, con nuevas lógicas para la composición del mismo, producto de su congelamiento, a partir de la convertibilidad, el achatamiento de la escala salarial, la incorporación de adicionales no remunerativos ni bonificables y la destrucción de los nomencladores con las políticas de los mínimos salariales -que son techos-“. Por eso indica que “la preservación de los derechos laborales docentes resulta insoslayable a la hora de proyectar una política educativa vertebrada en el principio de igualdad”, y aconseja “analizar los significados políticos y educativos que atraviesan los debates y reconstruir lo que los estatutos establecen en materia de condiciones laborales docentes y que son producto de nuestra lucha como trabajadores. Debemos dar pelea y cambiar la política de la compensación a trabajadores que apenas rozan la línea de la pobreza, por una política de inversión genuina que revalorice el trabajo docente y lo dignifique a través de su salario”. También destaca que “nuestro país ha transitado a lo largo de los últimos años una situación de crisis en las capacidades políticas del Estado que, si bien ya venía evidenciándose desde varios años antes, en este tiempo se agudizó notablemente”. Esta crisis denota que “en el sistema de educación pública, como parte de las políticas desarrolladas, se llevaron adelante numerosos debates en torno a diferentes temas como por ejemplo, las condiciones de trabajo docente, el financiamiento, la formación, la intervención de distintos actores sociales en la definición de ciertos aspectos de la educación y la relación del Estado nacional con los provinciales. Sin embargo las grandes diferencias siguen profundizándose”. Desde Agmer se señala que “en vísperas de la finalización de los plazos establecidos como prórroga del Incentivo Docente y de la Ley de Financiamiento, el esfuerzo de los trabajadores de la educación es instalar en la agenda de las políticas públicas la responsabilidad por parte de los gobiernos de turno en encontrar los recursos necesarios y genuinos de inversión educativa que alejen las políticas de incentivación y de compensación y que reconstruya nuevamente la lógica del salario establecida en la Constitución”. Por eso, el documento aconseja “trabajar en favor de la problematización, en función del derecho a la educación y el trabajo docente, con un fuerte contenido de igualdad y justicia para definir una política pública de derechos”. También demuestra que “la Ley de financiamiento educativo fue presentada como la solución del déficit presupuestario, que hace que las escuelas se derrumben a diario, y precedió el debate y sanción de la nueva de ley de educación nacional -es decir, primero se estableció cuántos recursos se dispondrían para educación y luego qué educación se podría brindar con ellos”. Sin embargo, interpone algunas reflexiones: “la Ley de financiamiento debía fijar 'responsabilidades de inversión' haciendo referencia a las relaciones entre Nación y Provincias. Pero hay que señalar dos elementos de notable peso: el primero, las provincias usan entre el 85 y 95 por ciento de sus presupuestos educativos actuales para pagar los bajísimos sueldos docentes, remuneraciones con alta incidencia de montos en negro, que achatan la escala salarial y pulverizan los ingresos de los jubilados, desfinancian las obras sociales y la seguridad social en general; el segundo que, a pedido del FMI, se sancionaron las leyes de Responsabilidad Fiscal y del Programa de Financiamiento Ordenado que impide a las provincias aumentar sus gastos corrientes si no tienen superávit fiscal (previa deducción de las deudas contraídas con la Nación), lo cual las deja sin posibilidades de que compartan ninguna inversión”. Por eso, añade que “en estas condiciones, el modelo de financiamiento del Estado nacional es un laberinto sin salida en permanente estado de crisis”. “La propuesta de financiamiento educativo votada en 2005, no es presupuestaria, ni refiere al “gasto estatal” en educación, simplemente toma en cuenta, al conjunto de inversiones en el área. Este debate no es una mera cuestión corporativa de los docentes, se trata del derecho a la educación. De manera que una propuesta que rediscuta la situación del presupuesto educativo debería atacar los dos problemas, el total de fondos que se invierten y la forma de su distribución para revertir la actual desigualdad”. El documento del sindicato pide “establecer una política pública de inversión educativa que se constituya en demanda social, entendiendo que la inversión es la mejor muestra de defensa de la Educación Pública para erradicar la injusticia de la concentración de recursos, que son expoliados a las provincias, y como forma federal de saldar la deuda social interna y proteger la diversidad de las autonomías regionales”. Insta además a “rediscutir la coparticipación y los fondos nacionales para equilibrar las desigualdades provinciales estructurales, a fin de debatir la asignación de los recursos e invertir en forma sostenida y universal fondos genuinos frente a la creciente fragilidad provincial”. El documento exige además “recomponer el salario docente eliminando los adicionales en negro y reforzando la política de salarios básicos. Además, reclama que el incentivo docente y los complementos de nación se transformen en presupuesto genuino y sean destinados al salario docente legal”. Fuente: AIM.