PAPELERAS | Renovados gestos de intransigencia emergentes desde el Uruguay, más el fortalecimiento de los asambleístas que cortan dos rutas internacionales en Entre Ríos, ubican al conflicto binacional por la instalación de papeleras en Fray Bentos, al presente, en una suerte de "vía muerta".
fue apreciado por el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, al cabo de una nueva jornada con el conflicto en pie y perspectivas inciertas.
Desde el Uruguay, fuentes del máximo nivel oficial refrendaron hoy a Télam que "el diálogo es posible, pero sin los cortes y con las obras de las papeleras siguiendo su curso".
"Lo último que haría el gobierno de Tabaré Vázquez es quebrantar la seguridad jurídica y si se les pidiese a las empresas -Botnia y Ence- que detengan las obras por cualquier razón, estaríamos en esa línea", subrayó la calificada fuente.
En tanto, los asambleistas ratificaron sus convicciones y dialogaron en torno de "posibles nuevas acciones" complementarias a los cortes, como respuesta a las señales contrarias provenientes tanto del Uruguay como de la justicia entrerriana.
Sobrela cuestión judicial, Guastavino informó a Télam que finalmente la apelación al fallo del juez de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, será formalizada mañana por el gobierno entrerriano.
Inicialmente, el gobernador Jorge Busti pensaba concretar la apelación hoy, pero "una razón de tiempos" propios de la elaboración del texto prorrogó para mañana el cumplimiento del trámite
El lunes pasado, el juez Quadrini rechazó el pedido del gobierno entrerriano y de los asambleístas de impedir el paso por territorio argentino de camiones que transporten materiales para la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos.
Por paralelo, Quadrini solicitó a los gobiernos de Argentina y Uruguay -por medio de un exhorto- "medidas probatorias para determinar de manera fehaciente" si la construcción de las plantas cumple con los derechos ambientales vigentes.
Busti y Guastavino recibieron anoche una cédula de notificación que fue enviada por el magistrado Quadrini, y que también será enviada al Uruguay vía Cancillería argentina, según fuentes judiciales.
Como emergente del conflicto, los intendentes de varias comunas argentinas y uruguayas se reunirán el próximo viernes en Concepción del Uruguay para analizar una agenda que tendrá a las plantas de celulosa como eje.
"No sólo hablaremos de la instalación de las celulosas sino que también analizaremos qué nivel de cooperación y trabajo conjunto podemos tener en la región", explicó el intendente uruguayo de Río Negro, Omar Lafluf, del que depende Fray Bentos.
Según Lafluf, el encuentro -que se realizará el viernes a las 16 en el Palacio Municipal de Concepción del Uruguay- servirá además para "dar un mensaje de que estamos dispuestos a conversar entre nosotros".
Por Argentina, participarán del encuentro los intendentes entrerrianos de Gualeguaychú, Colón, Concordia y Concepción del Uruguay, en tanto que por Uruguay, lo harán los jefes comunales de Salto, Paysandú y Soriano, además de Lafluf.
Según explicó el intendente de Río Negro, "ahora estamos arreglando cómo vamos a pasar la frontera", ya que los pasos Gualeguaychú-Fray Bentos y Colón-Paysandú permanecen cortados por asambleístas de las localidades entrerrianas.
"El conflicto está estancado. No se tuvo mucha suerte con el levantamiento de los cortes y ha sido demasiado el golpe que hemos recibido", dijo el jefe comunal.
En cuanto a la apelación citada, Busti y Guastavino consignarán que "el recurso de apelación se interpone en virtud de lo dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación respecto a que son apelables todas las resoluciones que causen un gravamen irreparable".
Sostendrán la presentación del recurso "a los efectos de que la Cámara Federal de Apelaciones revoque la resolución en crisis y ordene que se provea la medida urgente solicitada".
"Si bien la Dirección General de Aduanas tiene el poder de policía suficiente para restringir el tránsito -tal cual lo solicitamos- hasta el momento esta medida no ha sido tomada por el Poder Ejecutivo, por lo que corresponde a SS ejercer sus facultad/deber jurisdiccional a los fines de librar de manera inmediata mandato judicial a la Dirección General de Aduanas para que cumpla el cometido mencionado", reza el escrito.
Completa la idea al respecto indicando que "la medida solicitada no implica invasiones de poderes, sólo se solicita a Su Señoría que utilice su facultad jurisdiccional a los fines de evitar que la situación delictual se agrave".
Fuente: Télam.
