EL CONTRATO DE AGENTE FINANCIERO BAJO LA LUPA

Lo que plantearon ambos legisladores ante el agente fiscal del Juzgado de Instrucción Nº 1 fue el anoticiamiento por presuntos delitos cometidos en el marco del convenio de agente financiero con el Nuevo Banco de Entre Ríos SA. A partir de la reciente presentación, la Justicia deberá determinar si hubo “comisión de conductas penadas por los artículos 174 inciso 5º (fraude en perjuicio de la administración pública) y 248 (incumplimiento de los deberes de funcionario público) por parte de funcionarios entrerrianos”. Entre los párrafos más fuertes de la presentación, que publica hoy “Cronista Digital” se alude a una situación largamente debatida, como es el hecho de que la Provincia no llamó a licitación para contratar al banco de Eskenazi. “La violación de la Ley 5.140 que se trasunta en la falta de llamado a licitación pública para la contratación del agente financiero, impidió la fijación de normas claras, transparentes y beneficiosas para la Provincia, dejando librado a la presión de los grupos privados ante la contratación directa y elección antojadiza del prestatario de un servicio sumamente costoso, que por largo tiempo otorga el manejo de todos los fondos públicos por un canon mensual que cuadruplica, cuanto menos, los valores anteriores a la celebración de este nuevo convenio”, dice el escrito de los diputados Mainez y Grilli. El escrito, de una treintena de páginas, llegó al Juzgado el lunes último, y -según le dijeron los denunciantes a Cronista Digital- fue deliberada la espera hasta después de las elecciones legislativas. La habitual práctica de hacer todo en función de los tiempos electorales obliga a tomar reparos cuando la intención es pedir que se investigue y no quitar o sumar votos a nadie. Luego de apuntar que “esta nueva contratación directa otorga al grupo Eskenazi beneficios exorbitantes por un largo período de tiempo, sin mejoras en las contraprestaciones, en comparación al anterior convenio de agencia financiera” hace notar una situación llamativa: ese mismo grupo económico, “a través de los bancos de Santa Fe, Santa Cruz y Entre Ríos, ha financiado la campaña electoral del candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, canciller Rafael Bielsa, según la declaración jurada publicada en la página de Internet del Poder Judicial de la Nación”. “Este último hecho -remata la denuncia- podría quedar encuadrado en la figura penal del artículo 174 inc.5º del C.P.” Los denunciantes no dudan en señalar que “la nueva propuesta resulta lesiva a los intereses provinciales, por cuanto, entre otros temas, otorga a la entidad financiera privilegios impositivos que trasladados en el tiempo aseguran importantes y seguras ganancias a los banqueros y consecuentes pérdidas para el erario provincial”. Sostienen que a esos privilegios “debe sumarse el otorgamiento de una cartera cautiva de clientes, todo lo cual vulnera la libre competencia y el derecho de libre elección de los empleados públicos en tanto particulares frente al sistema financiero”. A lo largo de varias páginas se historia sobre el proceso de traspaso de la entidad crediticia y se reiteran cuestionamientos escuchados en el marco del debate legislativo: “resultado perjudicial para el Estado provincial, como son las cláusulas del convenio de agente financiero sobre el abultado canon exigido por los privados, el largo plazo de contratación y la cautividad de los empleados y prestadores del Estado que han quedado a merced de las unilaterales decisiones de estos banqueros, aumento de las erogaciones estatales y la pérdida del manejo de las finanzas públicas”. No obstante, hay un agregado conceptual a partir de lo cual se indica que “ha quedado demostrado que el Gobierno de la Provincia incumplió las normas constitucionales y legales que se refieren a la celebración de contratos públicos, al forzar la contratación directa de una entidad bancaria para su desempeño como agente financiero”. Luego del análisis crítico que hace sobre la operación, los legisladores señalan “otro hecho que pondría de resalto que se estaría frente a una maniobra fraudulenta de otorgamiento de un contrato a una entidad privada, no sólo en violación de la ley, no sólo con cláusulas lesivas para el Estado Provincial” sino a partir de lo cual “se habrían recibido prebendas por estas permisividades”. “Se trata de la publicación de los gastos de la campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Frente para la Victoria, encabezada por el canciller Rafael Bielsa”. Apuntan Grilli y Mainez que “en la lista de aportantes, se destacan los bancos de Santa Cruz, Santa Fe, San Juan y el Nuevo Banco de Entre Ríos, todo perteneciente al Grupo Eskenazi” y argumenta que “este indicio parecería señalar que estos empresarios podrían haber comenzado a devolver ciertos favores obtenidos en violación de la ley, con negocios perjudiciales para las arcas provinciales”. Fuente: APF.