El Estado uruguayo tiene 30 días para responder la demanda

El gobernador Jorge Busti manifestó su satisfacción por la decisión de la Corporación al sostener: “Realmente estamos muy contentos porque la semana pasada fuimos a Estado Unidos, y en cuatro días, por una parte, la ombudsman del Banco Mundial hizo lugar a la medida cautelar, y al término de una semana, hizo lo propio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Dicho esto, explicó que “esto tiempos no son usuales en este tipo de trámites porque, muchas veces, demoran meses en expedirse, y de las miles peticiones que se presentan, hay muchas que ni se les da curso”. “Han considerado nuestro pedido por la fuerza de su estructura jurídica y contenido fáctico ante la alta contaminación que traerán estas papeleras”, sostuvo el mandatario. Por su parte, Juan Carlos Vega explicó que la CIDH de la OEA es el tribunal supranacional que juzga la conducta de los estados, es decir que los únicos que pueden ser acusados son los estados y los únicos que pueden formular las demandas son los individuos. Por este motivo es que, en este caso, la petición fue presentada por Jorge Busti y Pedro Guastavino, en su carácter de ciudadanos. La misma formulaba una denuncia contra el estado uruguayo por haber permitido estas instalaciones ilegalmente. “Es ilegal porque viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica”, expresó Juan Carlos Vega. Luego explicó que el tribunal recibe por año 2000 denuncias contra los 34 países de la OEA y que Argentina recibe aproximadamente 200 denuncias. De ese total dan trámite sólo al 9%. Es decir que “el hecho que en una semana la denuncia formulada el 19 de septiembre pasado, haya recibido hoy una comunicación oficial que da trámite a la misma, habla de la sólida construcción jurídica que acompaña esta denuncia y de la importancia que tiene el caso para la CIDH”, dijo el especialista en derecho internacional. Respecto a la notificación que recibió hoy, Juan Carlos Vega explicó que la comisión le da 30 días al estado uruguayo para que conteste la demanda planteada por los ciudadanos Busti y Guastavino e informe si existe estudio de impacto ambiental elaborado por el Gobierno de Uruguay. “El estado uruguayo puede jurídicamente pedir una prórroga porque el reglamento de la Comisión se lo permite. Pero este último también tiene una cláusula que dice que, si se dilata la respuesta, se presumen como verdaderos los hechos denunciados”, agregó. Enseguida manifestó que, a partir de aquí, se abre un espacio de fuerte significado político y jurídico que tiene que soportar el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. En este sentido, aclaró que la intención de Busti y Guastavino nunca fue enfrentar a Argentina con Uruguay, sino simplemente “defender los derechos de los entrerrianos lo que significa decir que las empresas Botnia y Ence en realidad se apoderaron del Uruguay y lo que tendrían que haber respetado son lo stándares legales y ambientales que se les exige en Europa”, aseguró Vega. Al referirse a los estudios de impacto ambiental solicitados por la Comisión Interamericana, el apoderado especificó que dicho informe “existe pero fue realizado por las propias empresas”. “El instrumental jurídico que usamos es acertado, operamos jurídicamente bien con una opción correcta”, aseveró Vega al tiempo que aseguró que en Washington “Jorge Busti y Pedro Guastavino realmente mojaron la camiseta”. Finalmente, el especialista en Derechos Humanos resumió que el derecho no es mágico, pudimos haber sido los más astutos y prolijos en la elección del instrumental jurídico pero si esto no sigue siendo acompañado activamente por una sociedad que se movilice y por gobernantes que no pierdan el compromiso, de poco servirá el éxito jurídico”. Fuente: Infover.