El Gabinete analizó la transparencia en el Gobierno

En tal sentido, se advirtió que dicho informe no es conclusivo sino que es una herramienta de trabajo en el proceso de mejoramiento de la gestión, pero también se señaló que existen ciertos puntos “que no fueron analizados en profundidad” por carecer la investigación de un adecuado trabajo de campo. Así lo reveló el ministro Valiero tras haber estudiado en profundidad el informe de la UNL que consta de 291 páginas, distribuidas en dos gruesos tomos. En tanto, la fiscal Mizawak explicó que el trabajo forma parte de un plan nacional al cual adhirió la provincia, compuesto de tres etapas. La primera es precisamente el diagnóstico elaborado por la UNL, la segunda es el seminario de validación efectuado días pasados en Paraná donde se analizó dicho diagnóstico y la tercera será la elaboración de conclusiones conjuntas del cual emergerán acciones concretas a ejecutar en la administración. “Nosotros hemos tomado conocimiento de este informe preparado por un grupo de consultores profesionales de la Universidad Nacional del Litoral que han sido contratados a través de la Oficina Anticorrupción de la Nación, en el marco del Programa Provincia al que adhirió Entre Ríos. Yo analicé y estudié en profundidad ese informe, sobre todo teniendo en cuenta que mi actividad en la provincia ha sido antes de ministro de contador y tesorero, funciones que ejercí con dedicación. Eso hizo que me preocuparan en lo personal algunas versiones que indicaban que no existen controles en la provincia”, manifestó Valiero. Fue allí que detalló que el informe contiene “algunos aspectos que no han sido analizados en profundidad” y entendió que faltó “un mayor trabajo de campo o de relevamiento”, ya que no fueron consultados todos los que poseen información. “Si no se analizan todos los elementos las conclusiones por ahí no son las óptimas, pueden llegar a ser equivocadas o no contemplar la realidad”, advirtió el ministro. También se lamentó que en la prensa se hayan reflejado sólo los aspectos negativos del informe, “o que se dicen que son negativos”, cuando existen muchos otros que destacan la tarea en la administración pública entrerriana. En ese sentido informó que la administración tiene un componente relevante en la cuestión del control interno que es el sistema de administración y control presupuestario, sobre el cual no existe ninguna crítica sino que se destaca su mejoramiento. Refutó luego otro punto esgrimido en el diagnóstico sobre la falta de control en la Contaduría General por falta de personal. “No sé de dónde sacaron toda la información ni como se hizo el relevamiento. Pero en la Contaduría existe un reglamento donde está totalmente especificado el accionar de los contadores auditores”, aseguró. Luego subrayó que el tema de régimen de contrataciones de la provincia fue otro de los aspectos que el informe destaca como positivo, pero que sin embargo no fueron consignados por los medios de prensa. Concluyó el ministro que el informe “refleja una realidad parcial” y que le “faltan muchas cosas”, aunque indicó que debe tomarse como un punto de partida. “Debemos tomarlo (al informe) no con el sentido de criticarlo, sino de ver qué nos dice el análisis. Si hay cosas que no son correctas debemos aclararlas, aunque también tenemos que tomar en cuenta los aspectos que desde afuera nos marcan para tratar de mejorarlas. Pero yo quiero decirle a la comunidad que en la provincia existen los controles y funcionan”, completó Valiero. [b]Conceptos de Mizawak[/b] Por su parte, la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, comentó que “intercambiamos opiniones con todo el gabinete ampliado sobre el seminario desarrollado el jueves pasado en el Hotel Mayorazgo para mostrar que aquel informe-diagnóstico realizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que pretendía trabajar sobre un modelo ideal marcando fortalezas y debilidades de los sistemas normativos en cuanto a prevención, tenía algunos errores producto de la falta de conocimiento de las prácticas en determinados organismos del Estado. Por eso es que es imprescindible que para validar aquel informe-diagnóstico se hable con todos y cada uno de los funcionarios para ver en qué etapa estamos, en qué mejoramos y en qué estamos bien”. “Es muy importante destacar que el diagnóstico releva y pondera el sistema relacionado con contrataciones del Estado”, dijo la funcionaria, al tiempo que indicó que “hay otras cosas que habrá que mejorar y por eso ahora estamos abocados al diseño de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo”. Más adelante, Mizawak señaló que “se habla de un modelo ideal, de un sistema integral e integrado de controles. Es cierto que en Entre Ríos existen controles previos, que son realizados por la Contaduría General, y controles posteriores que están a cargo del Tribunal de Cuentas. La Fiscalía de Estado hace el control de la legalidad y la Secretaría Legal y Técnica se encarga de controlar los actos del Poder Ejecutivo”. A continuación afirmó que “estos controles, en un sistema ideal, debieran ser integrales e integrados, como sugiere el diagnóstico, y sobre eso se está trabajando”. Más adelante, recordó que fue el gobernador Jorge Busti quien el 21 de octubre de 2004 firmó un convenio con la Oficina Anticorrupción de la Nación para incorporar a Entre Ríos al Plan Provincia y luego agregó que a partir de ello “vienen todas estas etapas que son el diagnóstico, el seminario de validación y las conclusiones de estas dos etapas que llevarán a una tercera que será la elaboración de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo”. “La Oficina Anticorrupción de la Nación no vino a auditarnos, sino que fue a pedido de la provincia porque quisimos tener un trabajo objetivo que detectara las debilidades y las fortalezas en cuanto a la transparencia y a normas que prevengan y que eviten la corrupción, y fue esto lo que hicimos”, insistió finalmente la fiscal de Estado. [b]Proyecto de ley de ética pública[/b] A modo de balance, el titular de la Oficina Anticorrupción de la provincia, Luis Pedemonte, dijo que “coincidimos con la UNL y la Oficina Anticorrupción de la Nación, en que tenemos en el Estado provincial y en la actual gestión más fortaleza que debilidades porque hay una decisión política e institucional de encarar la lucha contra la corrupción como política de Estado y haciendo especial hincapié en la prevención. No tenemos que tener ningún prurito en destacarlo por más que se trate de un elogio a una gestión porque estamos hablando de políticas de transparencia y en esa materia tenemos el deber moral de reconocer cuando existe voluntad política de avanzar en mejorar la calidad institucional”. “Como balance del seminario, e incluso coincidieron los expertos de la UNL y de la Oficina Anticorrupción de la Nación, ésta decisión política e institucional de todos los organismos del Estado de avanzar en procesos de transparencia es destacada como una fortaleza de esta gestión”, sostuvo. Con respecto al proyecto de ley de ética pública, el funcionario informó que “el proceso sigue abierto hasta el 30 de septiembre, estamos recibiendo aportes de los distintos organismos del Estado y de la sociedad civil, y esperamos remitirlo antes de fin de año al Poder Ejecutivo provincial”.