Lunes 22 de Junio de 2015, 23:05

El gobierno adquiere deuda por el mismo monto del crédito a cit

| El Ejecutivo entrerriano cumplió el último paso que lo habilitó para dar un crédito de 20 millones de pesos a la empresa Citrícola Ayuí S.A., mientras dispuso la emisión de letras por el mismo monto, en la misma fecha de publicación de la Ley.

Como una extraña paradoja, el gobierno entrerriano dispuso la divulgación en el Boletín Oficial 25.717 - 110/15 la promulgación de la Ley 10375, que permitió al Ejecutivo otorgar un préstamo por hasta 20.000.000 de pesos a la empresa Citrícola Ayuí SA con grandes beneficios a la compañía, mientras en esa misma publicación el ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas comunicaba la emisión, bajo el Programa de Letras del Tesoro, de la Serie III de las Letras ER 2015, por un valor nominal de hasta 20.000.000, ampliable “por hasta un valor nominal máximo de 80.000.000”. Mientras el gobierno otorga grandes beneficios a la citrícola, el Estado pone en juego sus propios recursos provenientes de las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. Además, el préstamo a los privados fija un plazo máximo de siete años para su devolución, con un interés del cinco por ciento, mientras que la provincia tendrá el primer vencimiento por hasta diez millones a los 91 días contados desde la fecha de emisión y los otros diez millones a los 154 días. El crédito sería para “reactivar la producción y procesamiento de cítricos en el marco de la propuesta de inversión realizada por la firma En Premieur”, según se enunció en los argumentos de la norma, que fue duramente cuestionada por los sectores productivos de la provincia y por los trabajadores. Desde el campo advirtieron que la ayuda es injusta con los productores locales, cooperativas y empresas entrerrianas que pasan una difícil situación y son ignoradas y presionadas fiscalmente por el Estado. En ese marco, desde el sector se reclamó “un trato igualitario” y un urgente salvataje para la producción que está ahogada por la presión fiscal, la falta de competitividad y los obstáculos que pone el Estado para comercializar los productos. Fuente: AIM.