El Gobierno advierte a los docente que hagan paro que se les podr&aacu

"Habiéndose trasladado el conflicto y la conciliación obligatoria al ámbito judicial, en caso del incumplimiento por parte de las entidades sindicales se podrán aplicar las previsiones que el Código Penal establece. Además la Ley nacional prevé desde multas hasta la pérdida de la personería gremial a los sindicatos", se indica en un parte de prensa del Ministerio de Cultura y Comunicación del Gobierno de Entre Ríos. Y recuerdan: "no es la primera vez que ocurre, ya que en 2010 se inició un proceso penal. Al ser la segunda vez que el gremio incurre en desobediencia judicial; si este suceso se suma, las consecuencias pueden ser muy graves, ya que el no acatamiento de una decisión judicial implica la aplicación de las previsiones que establece el código penal". El parte prosigue señalando que este viernes a última hora la justicia entrerriana había ordenado suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza (paro y movilización) anunciadas por Agmer y AMET desde el lunes y hasta el viernes, y fijó para el lunes una audiencia entre las partes, confirmando que "el gobierno asistirá" "No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias", se señala en otro párrafo del parte del prensa citando expresiones de la Juez del Trabajo Gladys Pinto. Y más adelante, sobre la Resolución de la magistrado se indica que "corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad". "La Constitución de la provincia considera a la educación no como un servicio público, sino como un bien social, la Justicia lo toma y en ese marco asume que es "una actividad dirigida al mejoramiento de los individuos, especialmente a aquellos más vulnerables" y menciona la "desigualdad" que se genera entre aquellos alumnos que asisten a establecimientos públicos y aquellos que concurren a escuelas privadas. El ejercicio de un derecho no puede ir en desmedro de otro", se india en otro párrafo del parte de prensa señalando que tales afirmaciones son de la Juez, que no obstante "no prohíbe la prosecución de los reclamos del sector docente hasta lograr el esperado consenso, pero pide una "cuidadosa ponderación de los derechos en juego". "El conflicto se ha generado entre el CGE y las entidades gremiales Agmer y AMET ejerciendo éstas últimas su derecho constitucional de huelga, pero los directamente perjudicados son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada", reproducen finalmente sobre la Resolución de la Juez Gladys Pinto.