| La administración Busti analiza la reducción del Impuesto Automotor. La intención es equiparar lo que se cobra con lo que rige en jurisdicciones vecinas, para evitar el drenaje de radicaciones.
En principio, la decisión se ha tomado para el sistema de transporte de pasajeros pero es un hecho que regirá también para el resto de los rodados radicados en la provincia. La idea del Gobierno es, por un lado, eliminar la distorsión existente con jurisdicciones vecinas, situación que quedó clara cuando en el marco de la Región Centro los distintos organismos tributarios cruzaron información. Y, por el otro, lograr el “regreso” de vehículos de entrerrianos que se radicaron en otras provincias, precisamente por cuestiones de “economía”.
Fue el director de Transporte, Daniel Paduán, el que sacó el tema a la luz. Luego de una reunión con el gobernador Busti y el ministro de Gobierno, Justicia, Obras y Servicios Públicos, Sergio Urribarri, el funcionario comentó que se abordaron “las modificaciones que se van a hacer al Código fiscal, mediante las cuales la Provincia muy probablemente baje el costo de la patente para el transporte automotor de pasajeros”.
Explicó que se trata de algo que “estos sectores solicitaron la primera vez que fueron recibidos por el Gobernador” y que “desde entonces se ha venido trabajando al respecto con distintas áreas y entrará a las Cámaras en breve”. Sobre este asunto, explicó que “la reducción del costo de las patentes a los automotores de transporte de pasajeros es un viejo reclamo de años, no de esta gestión, sino de la anterior gestión de Busti”, al admitir que “la patente de la Provincia de Entre Ríos es un poco más cara que otras provincias”.
Sobre el criterio a tener en cuenta en la modificación, precisó que será el de “homogeneizar algunas pautas con las demás provincias de la Región Centro”. Paduán agregó que “esta no será la única acción, también es público que también se ha mandado a inspeccionar e intimar a distintas empresas radicadas en Entre Ríos y que han patentado ómnibus en otras provincias. Es una acción integral, donde llevamos adelante acciones que nos corresponde como Estado y a la vez damos respuestas a reclamos que creemos que son válidos y justos”.
