| El gobernador Jorge Busti aclaró que el Diagnóstico sobre la Transparencia y control de la Corrupción en la provincia de Entre Ríos, que llevó adelante la Universidad Nacional del Litoral (UNL), es consecuencia del convenio que firmó oportunamente el Gobierno entrerriano con la Oficina Anticorrupción de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia, con el fin de mejorar los controles en el Estado.
De esta forma, el mandatario se refirió al informe publicado hoy por El Diario e hizo notar que mientras que “el Gobierno más nefasto de la historia de Entre Ríos, que fue el de Sergio Montiel, contrató a la agencia Kroll, nosotros hicimos un contrato con la Oficina Anticorrupción de la Nación -porque no tenemos nada que esconder- para que hiciera un diagnóstico sobre la situación de la provincia, sobre cada unos de los organismos y las falencias que tiene, porque si no partimos del diagnóstico no vamos a mejorar”.
Según indicó, “el jueves próximo, en Paraná, junto con la Oficina Anticorrupción de la Nación que nosotros contratamos, se hará un panel para luego de tener el diagnóstico, ir viendo cuáles son las medidas que se van a ir tomando para mejorar los controles en la provincia de Entre Ríos”.
El mandatario se mostró sorprendido por el título que publica el matutino, esto es: “Transparencia en el Estado, una asignatura pendiente”. Al respecto, consignó: “Estoy acostumbrado a estos títulos, pero es una cosa ya habitual y permanente, que tenemos incorporada”.
Posteriormente, volvió a remarcar la diferencia entre su Gobierno y el anterior: “Nosotros contratamos a la Oficina Anticorrupción de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia, para que haga el diagnóstico”, mientras que “el Gobierno más corrupto y más nefasto de la historia de Entre Ríos, que fue el de Montiel, contrataba a la agencia Kroll. Esa es la diferencia”, reiteró.
En ese marco, hizo notar que “el acto más corrupto de un Gobierno es gastar sin presupuesto y el Gobierno anterior gastó los cuatro años sin presupuesto. Al no tener la ley que autoriza el gasto, se gasta de acuerdo a lo que se le ocurre al gobernador: ese es el acto de corrupción”. A ello, agregó, se suma el hecho de “la no publicación de los decretos en el Boletín Oficial. Nosotros publicamos todo. Podrá gustar o no cómo damos la publicidad; nos podrán criticar, pero nosotros publicamos todo”.
Por último, anticipó que “antes de finalizar el año vamos a instrumentar diversas medidas para reforzar sobre todo los controles anteriores al acto administrativo, que son los fundamentales para que no se produzca un hecho irregular, o para que se lo detecte inmediatamente de que se produzca”.
“Esta es la diferencia: no contratamos a la agencia Kroll para seguir a nadie; no contratamos a un delator de la dictadura militar como fue Oscar Rovira (ex titular de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas), sino que contratamos a la Oficina Anticorrupción de la Nación del Ministerio de Justicia para que haga un diagnóstico, que publicamos porque no tenemos ningún problema, como también publicamos los decretos que no se publicaban en el Gobierno anterior”, finalizó.
