| Comenzó a trascender ayer por la tarde la versión de que el Poder Ejecutivo podría intervenir mañana el Instituto del Iosper, que se encuentra hoy en una situación de acefalía. Tal situación paralizó su funcionamiento al punto que los convenios prestacionales que debían firmarse el 1º de mayo podrían verse postergados.
Las divisiones internas entre los directores (el policía José Luis Rodríguez; Blanca Zuffiaurre, que representa a los jubilados; Silvia Oberti, delegada de los empleados de la obra social; la docente Olga Foncea; el estatal Osvaldo Blanco; y el judicial Néstor Minatta) han impedido que el directorio se pueda reunir, y que además no pueda elegir un vicepresidente que suplante al titular. El dato no es menor: autorizar un transplante, por ejemplo, requiere de una resolución del directorio; como ese instrumento no se consigue, se autorizan por una vía más expedita, a través de “providencias”.
Según se informó, ningún director reconoce hoy a Blanca Zuffiaurre como presidenta, cargo que la funcionaria está ocupando luego de una autorización dada por Medero. “Medero está haciendo uso de una licencia de más de 40 días, y dejó en su lugar a la representante de los jubilados. En esas condiciones, el Iosper no puede garantizar la firma de nuevos convenios, y esto es muy perjudicial en lo institucional, aunque también desde el punto de vista prestacional. La presidente que está a cargo no tiene facultades ni siquiera para convocar a reunión al directorio”, dijo Blanco.
Según voceros autorizados del Iosper, el directorio del organismo no se reúne desde el 9 de marzo último, y en siete meses sus integrantes han logrado juntarse sólo nueve veces. Primero, fueron las disputas entre las dos facciones en que se divide el directorio (por una lado Foncea, Blanco y Minatta, y por otro Zuffiaurre, Rodríguez, Oberti y Medero), aunque ahora las disputas internas se han agudizado. Y por esa razón estaría cobrando fuerza la posibilidad de que sea intervenido.
Ayer, uno de los directores, Osvaldo Blanco, pidió que, para evitar la intervención —una versión que en las últimas horas ha cobrado fuerza— el Gobierno debería decidir adelantar las elecciones para renovar los actuales mandatos, que vencen en mayo de 2006.
En ese marco, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Masarotti, rechazó una eventual intervención a la obra social y cargó contra la “mayoría automática” que detentan las huestes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el organismo, y que ha “avalado corruptelas y convenios nefastos”. Y añadió que esa situación “no se va a resolver con una intervención. Lo que queremos es más democracia”.
La situación institucional del Iosper podría hacer peligrar las negociaciones que desde hace cuatro meses se mantienen con los prestadores con vista a firmar nuevos convenios. En principio, estaba previsto que el 1º de mayo próximo se acordara un nuevo marco prestacional con las clínicas, las farmacias y los médicos, y a mediados del próximo mes, con los neurólogos, los centros de asistencia a personas con discapacidad y las ambulancias.
Según una fuente del Iosper, en los últimos días el director de Administración de la obra social, Luis Borré, habría alertado a los directores y a la Comisión Fiscalizadora que preside Miguel Sampietro, respecto de las desprolijidades con las que se está manejando el organismo a raíz de la falta de funcionamiento del directorio. Pero ante la consulta periodística, Sampietro se excusó de confirmar el dato. “No informo a los medios. Sólo informo al Gobernador”, argumentó.
Aunque la acefalía no es el único problema del Iosper. También enfrenta una seria situación financiera producto del profundo nivel de desfinanciamiento: cada mes ingresan 5 millones de pesos, y salen, 5,5 millones de pesos. Adrián Gómez, gerente de Prestaciones, explicó que el eje del problema está en el nivel de ingresos. “El Iosper tiene un ingreso promedio por afiliado de 17 pesos, cuando a nivel nacional el ingreso medio está entre los 37 y los 40 pesos. Es imposible sostener esto. Se gasta más de lo que ingresa así que sí o sí hay que encontrar una vía alternativa para aumentar los ingresos”, expresó.
Gómez aseguró que en la obra social están trabajando en un proyecto para elevar a la Legislatura para hallar la forma de equilibrar los números. A ese respecto, imagina algún tipo de “seguro general” que paguen todos los afiliados o que el Estado encuentre la forma de aumentar el aporte patronal o restituir el 2 % por los afiliados que alguna vez se quitó. “Estamos obligados a dar prestaciones aún cuando no contemos con los ingresos suficientes. Por eso, cada año el Iosper debe subsidiar prestaciones por unos 2,5 millones de pesos a afiliados que no pueden hacer frente a los costos. Hay casos de convenios de devolución de préstamos prestaciones que se hacen a 120 años”, explicó Gómez.
Fuente: APF
