PAPELERAS | El juez Federal Guillermo Adolfo Quadrini, se declararía incompetente en las acciones iniciadas contra directivos de Ence y Botnia por las autoridades gubernamentales entrerrianas. Aunque aceptó en calidad de querellante al Gobierno provincial, Quadrini enviaría las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a los informes que pudo obtener Miércoles Digital, el juez Federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Adolfo Quadrini, se declaró incompetente en las acciones iniciadas contra los directivos de las empresas Ence y Botnia a partir de la denuncia presentada por las autoridades gubernamentales entrerrianas.
Al mismo tiempo, aceptó en calidad de querellante al Gobierno provincial, tal como se lo solicitó este jueves a través de los abogados Romina Piccolotti y Juan Carlos Vega. Las actuaciones irían a la Corte Suprema de Justicia por tratarse de "un litigio entre países".
Los fundamentos para la decisión de Quadrini, de acuerdo a lo que pudo saber Miércoles Digital se basarían en la naturaleza internacional del conflicto suscitado por la instalación de las fábricas de pasta de celulosa en Fray Bentos.
Para el juez se trata de un conflicto "entre países", y por ello no entraría dentro de su jurisdicción. El paso inmediato es elevar las actuaciones -iniciadas a partir de la denuncia presentada el pasado 19 de enero por el vicegobernador Pedro Guastavino- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No obstante, al mismo tiempo el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay resolvería aceptar como querellantes a los miembros del Ejecutivo entrerriano, tal como lo solicitaron en su presentación los abogados Romina Piccolotti y Juan Carlos Vega. Hasta el momento no se realizó ninguna información de manera oficial, pero a última hora de la noche del viernes ya se habría notificado a los querellantes.
El panorama causado por la judicialización del conflicto -la causa ante Quadrini es apenas una de las aristas del litigio: debe recordarse que al mismo tiempo el Gobierno entrerriano denunció al Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la vez pidió al Gobierno del presidente Néstor Kirchner que se denuncie al vecino país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por el incumplimiento manifiesto del Estatuto surgido del Tratado del Río Uruguay- promete entrar en los carriles habituales de la justicia, es decir, los interminables vericuetos y pasos procesales necesarios, que en general la ciudadanía no comprende y para los cuales es preciso armarse de una paciencia que tampoco abunda. Una vez tomada la resolución, habrá que ver cuál es la mirada de la Corte Suprema sobre el tema, pero ello demandará con seguridad un lapso considerable.
Consultados por Miércoles Digital algunos voceros del Gobierno, manifestaron no tener datos y haberse enterado de la resolución en el acto de la consulta.
Fuente: Miercoles Digital.
