El Ministro de la Producción defendió la actualizaci&oac

El funcionario provincial recordó que Entre Ríos no cobra ingresos brutos a la producción agropecuaria, como sí lo hacen otras provincias. “El inmobiliario rural es uno de los impuestos que mejor garantiza la justicia tributaria, es decir, los que más tienen, los grandes propietarios, pagan proporcionalmente más”, sostuvo el ministro referencia a la actualización del impuesto inmobiliario rural. “Un pequeño productor de 100 hectáreas estará abonando $12 por hectárea por mes, lo que no es para nada descabellado y resulta coherente con los rendimientos económicos actuales”, dijo Schunk. Todavía el avalúo de los campos está lejos del valor de mercado. “Este impuesto ha perdido peso en la recaudación total de la provincia, por lo que es imprescindible un ajuste, como lo marca la ley”, dijo Schunk. “En 2004 el impuesto inmobiliario rural explicaba el 12,6% de la recaudación de origen provincial, en 2011 el mismo tributo sólo representó el 8,6%”, explicó el funcionario. “Esto significa que han crecido los impuestos que abonan los consumidores mientras se estanca el cobro de tributos a la riqueza, que son los más justos”. “Si queremos una sociedad equitativa y equilibrada no hay dudas de que tiene que aumentar el peso de impuestos como el inmobiliario rural”, dijo Schunk. “El Gobierno provincial solamente está cumpliendo con el Artículo 79 de nuestra Constitución, que exige tributos progresivos, además hay que tener en cuenta que Entre Ríos no cobra ingresos brutos a la producción agropecuaria, como sí lo hacen otras provincias”, aseguró Schunk. Según indicó el funcionario, el impuesto inmobiliario rural es equitativo por tres razones fundamentales: a. es un impuesto directo que grava la riqueza (propiedad de la tierra); b. para determinar el valor de la propiedad rural sobre la cual se calcula el impuesto se tienen en cuenta las diferencias de rendimiento de las diversas zonas agroecológicas económicas de Entre Ríos (los campos que están en áreas menos productivas pagan menos por hectárea respecto de los campos ubicados en zonas más productivas), y c. porque la alícuota del impuesto es proporcionalmente mayor cuanto mayor es el valor de la propiedad rural. “Lo que se hizo en esta oportunidad es simplemente aplicar la ley”, siguió Schunk. “El impuesto inmobiliario rural viene atrasado desde hace años y era imprescindible un ajuste, el cual recae fundamentalmente en los grandes propietarios”. El campo, sobre todo los grandes productores, han tenido niveles record de rentabilidad en los últimos años. Esta situación se refleja en diversos indicadores: la morosidad bancaria de los productores, que era del 34% en 2001, bajó al 3,4% en la actualidad; la reducción en la cantidad de hectáreas hipotecadas, las cuales disminuyeron de 14 millones a menos 4 millones hoy día; el crecimiento en el número de empresas y empleo formales del sector desde 2003, que ha sido del 32% y 16% respectivamente; el incremento del uso de fertilizantes y productos sanitarios, que prácticamente se duplicaron desde 2003, y el aumento exponencial en el valor de los campos, cuyos precios crecieron más del 100% desde 2002.