| En la primera sesión tras el receso, la Cámara Alta entrerriana aprobó las reformas que impuso Diputados al proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a constituir una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, para reabrir el frigorífico Swift de San José. La iniciativa fue avalada por la mayoría de los senadores, aunque Horacio Díaz (FpV) expresó su disconformidad con “la letra chica” del texto.
La sesión de este viernes tuvo la peculiaridad de contar con algunas presencias en el recinto, ante la expectativa de que se apruebe la constitución por parte del Estado provincial de una sociedad anónima para reabrir la planta de San José. Así, a la usual reunión nocturna de los martes, se contrapuso un poblado debate matinal que impulsó dos importantes iniciativas.
Lo que sí permaneció como característica del cuerpo fueron las permanentes conversaciones entre los legisladores, que en ocasiones se escucharon por encima de Raúl Taleb (PJ-Diamante), quien reemplazó al Vicegobernador Eduardo Lauritto. Desde el oficialismo se hizo un repaso por las discusiones en torno al proyecto, al tiempo que se ponderó el consenso al que finalmente se arribó en la cámara presidida por Jorge Busti (FEF-Concordia). Asimismo, se insistió en que es una buena oportunidad para la provincia, por lo que se solicitó el aval de los senadores.
Luego, Díaz se explayó sobre sus disidencias aunque adelantó su acompañamiento a la iniciativa. “Hubo una metodología en el tratamiento de esta ley, que tuvo que ver con una responsabilidad ciudadana y no con un accionar político”, asentó el representante por San Salvador.
De inmediato, advirtió que no se dio a conocer la "letra chica" del texto y reiteró el reclamo de que no se especifica con quién se conformará esa sociedad ni los porcentajes que le corresponderán a las firmas privadas. Y recalcó la responsabilidad que significa el monto del préstamo que se va a contraer para concretar la operación.
En esa línea, analizó la situación del sector, mencionando el cierre de otras plantas en la provincia, y no pasó por alto las críticas a las políticas oficiales. “Siento que me cuesta un montón creer en esto y ojalá me equivoque. Pero lo que está en riesgo son las fuente de trabajo”, reflexionó por último.
Por su parte, y “sin ánimos de extenderse en los aspectos técnicos”, Santiago Gaitán (FEF-Paraná) manifestó que su bloque determinó acompañar la propuesta, sobre todo, tras la asamblea de la que participó “Busti con los trabajadores y el sindicato”. Además, estimó que “el mercado no es hoy el óptimo, pero de todas maneras la expectativa laboral es importante”, por lo que apostó a que se obtengan resultados positivos a largo plazo.
Posteriormente, Rubén Ruiz (UCR-Federal) remarcó que “la cadena cárnica tiene un problema más allá de lo que se intenta salvar con este proyecto”, de modo que exhortó al Estado provincial a que “mire hacia al campo” para que implemente las medidas pertinentes. Mientras que Victorio Firpo (FEF-Feliciano) coincidió con los cuestionamientos de los legisladores que le precedieron, y sumó a los planteos la coyuntura que se inició con el conflicto por la Resolución Nº 125.
[b]Detalles del texto[/b]
Puntualmente, la ley faculta al Ejecutivo a afectar los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales para garantizar un préstamo de hasta 70 millones de pesos, que la sociedad anónima constituida contraerá en el marco del Programa de Financiamiento del Bicentenario.
En tanto, los cambios que impuso el jueves Diputados apuntan a poner en manos de una comisión de profesionales las auditorias que, a su vez, deberán remitirse anualmente a la Legislatura y a una participación de los privados más comprometida que en la versión original del proyecto. Comprende también la prioridad de los trabajadores de la planta a la hora de las reincorporaciones.
Fuente: Análisis Digital.
