El Senado avanzó en la creación de las Fiscalías

El autor del proyecto dijo, tras la aprobación “se ve la necesidad en el marco del desarrollo social, de la defensa del medio ambiente, pensando en las próximas generaciones. Queremos sancionar a quienes ataquen el medio ambiente”, afirmó. El legislador recordó que en el año 2008, se estableció el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, para luego, en su art. 83 -y subsiguientes- fijar una política ambiental, garantizando la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. Gerdau explica en su fundamentación que “si bien hasta la fecha los jueces y fiscales han ejercido las facultades que les son propias valiéndose de la normativa de tipo sustancial, ante este estado de cosas y frente a una marcada y mayoritaria tendencia dentro de las demás legislaciones comparadas y aún dentro de nuestro propio país, vemos que cobra con mayor vigor e impulso la incipiente creación de Fiscalías o Juzgados Ambientales como herramientas necesarias y verdaderamente idóneas para dar tratamiento a la problemática abordada”. Agrega más adelante los antecedentes que existen de estas fiscalías en Brasil, Venezuela, México, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, y España y en nuestro país, Corrientes, tiene fiscalías ambientales y rurales, en tanto Río Negro, Salta y Neuquén tienen su propuesta de creación; en la Provincia de Buenos Aires, para crear Unidades Fiscales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un proyecto de creación de tribunales ambientales. “No debo pasar por alto que, como ciudadano común primero, y actualmente como Legislador, pero más aún, como gualeguaychuense, he vivido de cerca la lucha ambiental en mi ciudad, a través del incansable trabajo de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en pos de un ambiente sano y en contra de la instalación de las papeleras contaminantes en la hermana República Oriental del Uruguay a la orilla del río homónimo, en la ciudad de Fray Bentos”, dice el legislador, para completar “en tal sentido, entiendo que este tipo de lucha no sólo debe ser acompañada en su militancia permanente en la concientización de la protección del medio ambiente, sino también en procurar herramientas eficaces a fin de paliar el delito ecológico”. El proyecto procura -siguiendo siempre a Gerdau- que la intervención del Ministerio Público se erija como un garante en defensa del orden público ambiental, ya que resulta apto para prevenir el daño, actuar preventivamente, solicitar informes a los organismos oficiales con competencia ambiental y optimizar las mandas legales que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental”.