El Senado rechazó el aumento en las facturas del gas

Dos fueron las iniciativas de los senadores justicialistas Héctor Strassera y Hernán Vitullo referidas al incremento en la factura del gas que recibieron muchos usuarios del servicio. En el artículo de una de las iniciativas aprobada anoche, los senadores dejaron expresada “su preocupación por la situación de miles de usuarios del servicio de gas natural en la provincia de Entre Ríos, los que han recibido las últimas facturas con fuertes aumentos como consecuencia de la aplicación de los alcances del decreto nacional 2.067 de 2008”. En ese sentido, la Cámara en ese mismo texto legislativo expresó su adhesión a todas las gestiones que se desarrollen desde el Estado provincial, las cámaras legislativas, asociaciones de usuarios y en el Congreso Nacional, tendientes a dejar sin efecto los alcances del cuestionado incremento. En tanto, por otro proyecto, instó al Congreso de la Nación a interceder ante el Poder Ejecutivo Nacional, instrumentando todas las medidas pertinentes y necesarias para dejar sin efecto el Decreto Nº 2.067/2008. En verdad, tratándose de un decreto nacional, limitada es la injerencia que los legisladores provinciales pueden tener para alterar la situación. No obstante, considerando que se trata de un reclamo que se va generalizando en las distintas jurisdicciones, el pronunciamiento adquiere relevancia. “Nos hemos hecho eco de los distintos reclamos que cada legislador en su ciudad de origen ha recibido” dijo Strassera al tiempo que citó los pronunciamientos en los máximos tribunales de Justicia de distintas provincias que “están fallando a favor de los usuarios aún cuando estos no paguen la boleta” correspondiente. “Consideramos de trascendental importancia, como representantes del pueblo, escuchar a los usuarios, atender sus necesidades e interpelar a los legisladores nacionales a los fines de que instrumenten todas las medidas que estén a su alcance para frenar y dejar sin efecto el incremento de la tarifa de gas de los consumidores y usuarios entrerrianos, y del resto del país, como consecuencia de la aplicación del Decreto Nacional 2067/08 y las Resoluciones Administrativas que los reglamentan en defensa de la legalidad y de los intereses del Estado y sus ciudadanos provinciales, siendo el objetivo primordial la defensa y protección del usuario y de su ingreso salarial”, argumentaron. A la vez, solicitaron que “se brinde total y absoluta certeza a los afectados, evitando que bajo ninguna circunstancia se deje sin servicio de gas natural a algún usuario del sistema que no pueda hacer frente a una factura ajena a los montos que venían abonando, sobre todo teniendo en cuenta el crudo invierno que estamos atravesando y la necesidad de cuidar en nuestros hogares la salud de la población”. Los legisladores, con el respaldo a las iniciativas de Strassera y Vitullo, se hicieron eco de la “situación de zozobra en la que se encuentran miles de usuarios del servicio de gas natural. Ha sido ampliamente difundido el impacto que ha tenido en el monto final a pagar por cada uno la aplicación del decreto 2067 del Estado Nacional. Varias provincias y no pocos municipios han realizado presentaciones para evitar los alcances de la norma mencionada y también generaron una gran movilización las asociaciones de consumidores por lo que “nosotros, no podemos callar y mucho menos estar ajenos a la situación”, sostuvieron los legisladores en los fundamentos. Puntualizaron que “no se trata de un tema que pueda considerarse nuevo” ya que “apenas fue tomada la decisión del Estado Nacional de generar un cargo sobre la tarifa de gas, lo que se dio en 2008, aparecieron numerosas opiniones advirtiendo las consecuencias que traería para los usuarios del servicio”, en particular recordó a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Luego de asegurar que el objetivo es defender al usuario, ampliaron detalles del pronunciamiento de la Defensoría que sostiene que el cargo creado por el Decreto Nº 2.067/2008 es para la creación de un Fondo Fiduciario que tiene por objeto financiar la importación de gas por parte de Enarsa, por lo que no podría ser componente de la tarifa que debe abonar cada usuario. Con referencia a ese dictamen técnico, relató que “explica claramente que la tarifa del gas a los consumidores se compone de: a) precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (precio en boca de pozo); b) la tarifa de transporte (gasoductos) y la c) la tarifa de distribución. Teniendo en cuenta esto se objeta que el aumento sea considerado un «cargo tarifario», porque no se vincula con ninguno de los costos que componen la tarifa”, insistió. Para los senadores de la Provincia de Entre Ríos “es preocupante que se pretenda que el sector residencial financie una acción de la que se debe ocupar el Estado Nacional, como es la de asegurar la correcta y continua provisión de gas natural al sistema”. A propósito de los incrementos registrados, “pensamos, desde esta Cámara, que en lugar de poner esto sobre los hombros (los bolsillos) de los usuarios residenciales, se debería encontrar otra fuente de financiamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno central en forma reiterada destaca el superávit de sus cuentas”. El Senado, con amplia mayoría justicialista, plantea que el Estado Nacional, con el cargo creado y que ahora deben pagar los usuarios residenciales, pretende garantizar la provisión de gas natural, mediante la importación del insumo en caso de resultar necesario”, para lo que creó “un Fondo Fiduciario que estará integrado, entre otros recursos, por cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y / o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transportes o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural”. Del dictamen de la Defensoría del Pueblo reproducen que “el cargo creado no constituye un ‘precio público’, esto es la contraprestación a cargo del usuario del servicio público por el servicio brindado. El fondo creado es una cuestión extraña a los contratos individuales” que incluso puede interpretarse como “un castigo a los usuarios”. Fuente: El Diario.