En 2007 sólo se aplicaron ocho multas por mal uso de agroqu&iac

La contaminación con agroquímicos y sus consecuencias sobre la salud es un tema grave y extenso, y a menudo, negado por profesionales que actúan en ese campo. También es difícil de abordar y por eso es importante analizar las voces de los protagonistas. AIM consultó al director de Agricultura de la provincia, Carlos Noé, para saber qué control ejerce el Estado sobre las empresas; cómo vigila a las firmas foráneas que llegan a Entre Ríos y si se aplican multas o sanciones a los que infringen la ley. También requirió la opinión del senador Victorio Firpo (PJ, Feliciano), que tiene una visión crítica sobre el tema. En diálogo con esta Agencia, Noé explicó que las multas que se aplican varían según la trasgresión: “una cosa es no usar la receta, que le cabe una multa de 1.500 pesos como mínimo, y otra es contaminar un arroyo. En ese caso, se verifica si el infractor conocía la ley vigente, si es reincidente o no, si estaba habilitado y si el operario tenía o no carnet”. [b]Lo que existe[/b] Hace varios años que Entre Ríos tiene en vigencia la ley de plaguicidas 6.599 -ratificada por la 7495- para el manejo de los herbicidas e insecticidas, cuyo texto explicita que el control de aplicación lo deben realizar los ingenieros agrónomos. Noé comentó que cuando terminó el receso administrativo en el Estado provincial, se comenzó con la campaña que exige a las empresas que aplicarán agroquímicos que presenten una declaración jurada donde deben especificar el domicilio legal, cantidad y tipo de máquinas que posee, si éstas son propulsadas o de arrastre o si se usa aeroaplicador, quienes son los operarios, si tienen carnet, además del nombre del responsable o regente técnico. El director de Agricultura explicó también que el convenio vigente entre el gobierno y el Colegio de profesionales de la agronomía de Entre Ríos (Copaer) estipula que este organismo solo se ocupa de verificar si el profesional actuante tiene la matricula habilitante. Pero además, “hace una serie de consultas que nos sirven para evaluar como funciona el sistema”. Esas consultas apuntan a conocer si el profesional actuante “realiza otras consultas, usa receta o no, ha tenido control periódico de los operarios en el tema de salud, verifica el funcionamiento de la maquina, lleva la hoja de ruta, usa la receta. O en qué casos no, y porqué”. Para quienes no manejan el tema, la “receta” es la homónima de la que utilizan los médicos: debe constar el producto que se aplicará, la dosis, la droga, el nombre comercial y la ubicación del lote. [b]El control del Estado[/b] Sobre el control a las empresas, el Estado verifica primero que esté inscripta en la provincia. “Luego se verifica si el técnico esta habilitado por el Copaer y tiene matricula; también verificamos el funcionamiento de la maquina, si los operarios tienen carnet habilitante o no, y si tienen la hoja de ruta al día, es decir, las aplicaciones que realizó, que deben adjuntarse para verificar la hoja de ruta. Algunos lo anotan en un cuaderno, otros en computadora, pero lo importante es que hay que seguir la trazabilidad de las aplicaciones de la máquina”. Aunque las empresas foráneas tienen un periodo de gracia de tres meses, pasado ese plazo deben inscribirse en forma permanente, trámite que deben realizar en la dirección de Agricultura de la provincia. [b]Entre Ríos, ¿provincia ejemplo?[/b] Para Noé, la provincia de Entre Ríos, “a pesar que todo es perfectible, en el contexto nacional está muy bien posicionada. A la dirección hablan de otras provincias y nos piden asesoramiento sobre la aplicación de la ley vigente. De manera que esto implicaría que dentro de lo que es perfectible, funciona bastante bien”. Para el profesional, “hasta ahora no se ha podido comprobar nada sobre la incidencia de los tóxicos en la salud. Toda la información, lo que dicen que (personas) resultaron afectadas por la aplicación no es comprobable, no hay pruebas médicas que lo confirmen”. [b]Firpo, una visión crítica[/b] En tanto, el senador Victorio Firpo (PJ, Feliciano), dijo a AIM que el Estado debería tener recursos humanos suficientes y medios necesarios para aplicar la ley 6599 de plaguicidas “con todo rigor” y tomar las medidas pertinentes cuando se la infringe. Opinó además que “no se deberían aprobar más leyes sino cumplir lo que ya está vigente”. En diálogo con esta Agencia, Firpo señaló que la provincia debería intensificar las auditorias correspondientes y realizar los controles correspondientes con relación a la ley 6599 de plaguicidas. “La ley se aprueba, las intenciones están, pero lo difícil después es la aplicación. No se deberían hacer tantas leyes sino cumplir lo que ya está”. En diálogo con esta Agencia, Firpo señaló que la provincia debería intensificar las auditorias correspondientes y realizar los controles correspondientes con relación a la ley 6599 de plaguicidas. “La ley se aprueba, las intenciones están, pero lo difícil después es la aplicación. No se deberían hacer tantas leyes sino cumplir lo que ya está”. [b]Uso y desuso de plaguicidas[/b] El legislador recordó que hace varios años que Entre Ríos tiene en vigencia la ley de plaguicidas 6.599 -ratificada por la 7495- para el manejo de los herbicidas e insecticidas, cuyo texto explicita que el control de aplicación lo deben realizar los ingenieros agrónomos. “Está vigente un convenio del gobierno provincial, a través de la secretaría de la Producción, con el Colegio de ingenieros agrónomos, para realizar el control en la provincia. Es responsabilidad del Estado y así lo dice la ley, efectuar las auditorias correspondientes”. Según Firpo, este convenio está en aplicación y normalmente hay profesionales de la dirección de Producción vegetal que viajan a distintos lugares de la provincia, “a veces porque los llaman, a veces porque hay denuncias y otras veces ejerciendo sus propios controles”. El senador explicó que tal vez esos controles no son suficientes en la extensión masiva que tuvo la agricultura estos últimos años. “De producir un millón y medio de toneladas de años atrás pasamos a siete millones actuales; así como de 50.000 hectáreas de soja pasamos a un millón actual. Esto hace que los agroquímicos lleguen a los pueblos más chico y de ahí las situaciones que sufren los vecinos con la aplicación de plaguicidas o herbicidas que repercuten en la salud”. Fuente: AIM.