| Emilio Martínez Garbino indicó que la Argentina en su conjunto y sobre todo el interior “no soporta más” que se continúe dilatando el tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación, al tiempo que recordó que el tema tiene dos grandes discusiones “que se reparte y cómo”. El Diputado Nacional habla de “repartir”, “coparticipar”, no de cómo se recaudará, es más anticipa “lo peligroso que resulta depender exclusivamente de la nación”.
En su visión “esta debiera ser una oportunidad excelente para discutir cuánto y que se va a coparticipar de ahora en más, si sólo ganancias, IVA y algo de cheques, o si también las retenciones y otros tributos van a entrar en al bolsa, pues de mantenerse el esquema como hasta hoy no se resuelve el grave problema de las provincias y los municipios”, aseguró.
El legislador entendió que “hay debates que no pueden esperar más y eso necesita del consenso de todos los actores, políticos y sociales. Debemos acordar que modelo de país nos planteamos para hoy y para el fututo. Es urgente la rediscusión de la coparticipación federal y una verdadera redistribución del ingreso. En eso estamos todos de acuerdo. El tema es si el gobierno estará dispuesto a relegar fondos en manos de la provincias o si se seguirán con las viejas recetas: premiar y castigar las lealtades políticas circunstanciales”.
Asimismo, señaló que “la presente crisis internacional nos obliga a ser prudentes” y tanto el gobierno como la oposición “debemos tener la responsabilidad que el momento requiere. Acá no hay lugar ni para los oportunismos ni para las zancadillas, porque cualquier error puede llevar al país a una situación irremediable. Esta crisis nos encuentra mejor parados que otras similares anteriores -como por ejemplo el ‘tequila’- porque la Argentina tiene las cuentas medianamente en orden: una balanza comercial positiva; mayoría de depósitos en pesos (el 87 %) a diferencia de lo que ocurría en 2001; pero el escenario es igualmente complicado, puesto que debe preverse una caída de la actividad económica y de los precios internacionales de nuestros comodities. Lo aconsejable en este momento es conservar la liquidez; buscar mecanismos para que no caiga el consumo ni el empleo; apoyar al sector productivo; eliminar del gasto público todo aquello que sea posible (subsidios); dejar el enfrentamiento estéril contra el campo; pero primordialmente nuestros gobernadores e intendentes deben entender que esta no es una etapa de bonanza, por lo que hay que ser muy cautos y responsables con las cuentas públicas”, exigió.
Desde su análisis, la coyuntura también marca “lo peligroso que resulta depender exclusivamente de la nación o la provincia, porque los fondos pueden venir con mucho retraso o no venir nunca. Los gobernantes tienen que mirar el presupuesto nacional, ya que cuando vengan los recortes lo primero que se va a sacar son fondos de las provincias. Ante esta realidad que ya está presente, se debe contar con recursos propios, sino se pierde capacidad de maniobra”.
Para Martínez Garbino “la presente situación pone aún más de relieve el tema de la coparticipación. El interior cada vez es más expoliado. De acá se llevan cheques, IVA y ganancias. De todo vuelve un poquito y se va el 100 % de retenciones. Esta ecuación es insoportable, y teniendo en cuenta como se desarrolla el proceso de reforma del sistema de coparticipación, es el gobernador un actor principal. Todos los gobernadores tienen que despertar del letargo y reclamar lo que les corresponde. No estamos hablando nada más ni nada menos de lo que nos asiste como derecho”, remarcó.
“Debe dejarse en claro -agregó - que este contraste entre Nación y provincias no sólo continúa hoy, sino que persistirá el año próximo: según el presupuesto de 2009, sólo el 24,8% del total de la recaudación se destinará a la coparticipación. En efecto, según el presupuesto de 2009, el Tesoro girará alrededor de 80.000 millones de pesos a las provincias el año próximo, el 24,8% del total de los ingresos anuales”.
Este porcentaje se sitúa muy por debajo (10 puntos) del piso mínimo que establece el último pacto fiscal entre la Nación y las provincias, que fijó ese umbral en el 34%. Asimismo, es el porcentaje más bajo de los últimos 50 años. Esta situación de fragilidad fiscal, sumada a la creciente inflación y las demandas salariales de los sindicatos estatales, coloca a las provincias en una situación de dependencia creciente con la Nación.
Según el legislador “otros números grafican aún mejor lo que decimos. Nuestra provincia, durante 2007, finalizó con un presupuesto ejecutado superior a los 4.500 millones de pesos. En tanto, el Gobierno Nacional se llevó solamente como retenciones la suma de 2.500 millones. Una desproporción formidable. A eso agreguemos que de los 2.500 millones que se fueron en 2007 como retenciones, la Nación por disposición discrecional nos compensó con tan sólo 631 millones. O sea, que casi 1.900 millones no volvieron nunca”.
“Otro dato sumamente interesante de analizar -continuó- es lo que Entre Ríos resigna anualmente de su coparticipación, para aportarlo al sistema jubilatorio nacional. O sea, nuestra provincia resignó en 2007 para financiar la seguridad social, 989 millones de pesos. En tanto, no sabemos en cuanto nos compensó la nación aunque se desprende que con una cifra sensiblemente menor”.
“Entiéndase que actualmente son dos los componentes importantes de la financiación de la Seguridad Social en la Argentina: los aportes personales y las contribuciones patronales, por un lado, y una porción de la recaudación de impuestos nacionales, por otro. Aquí es donde surge que en 2007, el 52 % de la recaudación total para el sistema jubilatorio lo aportaron las provincias a través de los más de 20 mil millones de pesos que le quitaron en materia de coparticipación genuina. En síntesis: Entre Ríos resigna casi mil millones de recursos propios para paliar el sistema jubilatorio nacional”, explicó.
“Todos estos datos, que terminan siendo argumentos contundentes, demuestran la inviabilidad de este modelo de país cada vez más unitario, donde las provincias terminan siendo meras estructuras administrativas y recaudatorias del Gobierno Central. Por todo esto, si se va a dar el debate por una nueva Ley de Coparticipación Federal es necesario el compromiso de un grupo de actores clave: los gobernadores. Nadie como ellos -con acompañamiento de los legisladores- puede forzar un debate serio a nivel nacional, que lleve oxígeno a sus economías agotadas”, finalizó.
