Enviaron a Kirchner la auditoría de la ombudsman del Banco Mund

El gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino remitieron ayer al presidente de la Nación, Néstor Kirchner, el informe auditor de la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, referida a las pasteras que se construyen en Fray Bentos a fin de que el mismo sea tratado en la reunión que mantendrá el primer mandatario argentino el próximo miércoles con su par uruguayo, Tabaré Vázquez. El documento, que también le fue girado al canciller argentino Jorge Taiana, y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue publicado ayer, viernes 24 de marzo, en Washington por la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor. Dicha auditoria indica que “la dirigencia debida de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para asegurarse de que los estudios de impacto ambientales fueran completos en todos los aspectos materiales, ante de la divulgación, fue inadecuada y no cumplió con la política de divulgación de la organización, lo cual resultó en la divulgación de estudios ambientales que no estaban completos”. La ombudsman agrega que “los procedimientos de la Corporación Financiera no son lo bastante rigurosos o fuertes como para apoyar las conclusiones de estudio de impacto ambiental”. La auditoria indica que la CFI no ofreció explicaciones sobre por qué tomó la decisión de eximir a Ence, la empresa española, de producir un plan de consulta pública y divulgación, como lo obliga la política de salvaguarda de la CFI, uno de los puntos de mayor conflicto con lo afectados. La ombudsman también encuentra que la CFI y la OMGI presentaron documentos confusos, contradictorios, y atestados sobre el cumplimiento de las políticas de salvaguarda y en particular sobre el impacto acumulativo de la fábrica, posiblemente porque la CFI quiso construir una “muralla china” entre los emprendimientos, separado por apenas seis kilómetros basado en que querían “evitar toda posibilidad de intercambio de información (comercial) confidencial” a pesar de que el impacto combinado de estos dos proyectos sería la producción de celulosa más grande del mundo. La ombudsman indica que la CFI ya sabía en abril de 2005 que “procedía con estudios de impacto ambientales incompletos” y que “debería haber informado a los afectados”, lo que nunca hizo. La auditoria revela que la CFI en junio de 2005 sabía que los estudios de impacto ambiental de Botnia y Ence “se basaban en datos técnicos obsoletos”, y que la CFI también sabía “de preocupaciones en las comunidades de argentina que percibían las plantas de celulosa como una amenaza a su calidad de vida. El mismo mes la CFI le indica a Ence que su estudio de impacto ambiental, aún eran inadecuados, luego que la CFI le pidiera a Ence la información suplementaria sobre el impacto acumulativo, particularmente relativo, “especialmente impactos sociales y económicos, incluso impacto sobre el turismo del lado argentino del río Uruguay”. Sin embargo la CFI no ofrece evidencia sobre por qué de repente decide informar a Ence que cumple con los requerimientos de la CFI al respecto. La auditoria también constata el reconocimiento de Miga de que la zona de influencia del proyecto particularmente respecto al impacto económico del mismo, incluye los 60 kilómetros alrededor del sitio de las fábricas, lo que incluiría a la ciudad de Gualeguaychú, algo que la CFI y las empresas niegan, y una zona de influencia de 200 kilómetros respecto a los impacto de las plantaciones de eucalipto, que también ha sido minimizado por las empresas y la CFI. Los documentos de Miga también constan que el “estudio de los impactos socioeconómicos de Entre Ríos estaba limitado por la disponibilidad de datos y recomendó que una evaluación más profunda…merecería más trabajo”. En cuanto al muy controvertido Estudio de Impacto Acumulativo (EIAc), comisionado por la CFI cuando era claro que los estudios de impacto ambiental eran insuficientes, la ombudsman concluye que la CFI “no aclaró públicamente hasta qué punto el Estudio de Impacto Acumulativo (EIAc) podía influir sobre el proceso de decisiones, al no reconocer que hubo una deficiencia en su anterior diligencia debida, al no tomar un compromiso claro de consulta sobre el Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo, todo elementos del estudio sobre los cuales las comunidades afectadas han elevado quejas al Presidente del Banco Mundial, desde que se inició el estudio acumulativo en diciembre de 2005.