Es Estado es querellante en la causa por quema de alimentos

La causa judicial se inició hace poco menos de un año, el 11 de julio de 2005, un mes después de que tomara estado público el escándalo por la quema de alimentos destinados a los más necesitados. La primera presentación fue realizada por la diputada Lucy Grimalt (La Red), aunque luego se sumó también el radical Osvaldo Fernández. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Número 6, entonces al mando de Héctor Toloy, hoy a cargo de otro magistrado, Gustavo Maldonado, con la carátula “López, Graciela Delia - Musto, Hugo Alberto s/incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”. “Estamos como querellantes y asistiendo a todas las audiencias que se están llevando adelante, y esta decisión la tomamos una vez que el juez comenzó con las testimoniales y se formuló el requerimiento de instrucción formal”, dijo Luis Pedemonte, titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública. Uno de los que ya pasó por el despacho del juez Maldonado es el actual presidente del Consejo General de Educación (CGE), Jorge Kerz, quien entre diciembre y noviembre de 2005 ocupara el cargo de coordinador de Ejecución y Control de Políticas Sociales, designación dispuesta por el gobernador Busti como fusible en medio de la extrema presión que le generó a su gobierno el escándalo de la quema de los alimentos. “Fueron varias horas de declaración”, dijo Kerz, quien ingresó a media mañana al Juzgado y se retiró alrededor de las 16. Las testimoniales ocurren un año después de la quema de alimentos en mal estado, unas 45 toneladas según los cálculos extraoficiales que se conocieron a mediados de 2005. Primero fueron 5 toneladas que se incineraron, y luego 40 toneladas más. Una parte de esos alimentos fue incinerada, y otra enterrada en algún punto de la provincia que jamás trascendió, luego de que los organismos de control certificaran que no estaban aptos para el consumo humano. Pero la única reacción oficial inmediata fue la separación de su cargo del responsable del depósito, Hugo Musto. “Tomamos esta determinación de quemar la mercadería, que nos duele muchísimo, porque no queríamos llevarla a algún lugar y enterrarla, porque temíamos que la gente la desentierre, y la puedan llegar a recuperar y a ingerir”, dijo Degani entonces, mientras conservaba su puesto en el Gobierno. A su turno, el director de Intendencias y Servicios Generales de la provincia, Ricardo Remedi, quien tomó el mando del depósito luego de que estallara el escándalo y que fue la persona encargada de “entrenar” al responsable del lugar, aceptó que Musto fue ubicado allí “por mí en diciembre de 2003, cuando montamos las 32 personas para comenzar a andar con el depósito. Yo, cuando me retiré en abril de 2004, estaba todo en perfecto orden”. Hasta ayer Remedi no había sido citado a declarar. “El lunes (por hoy) voy a averiguar cuándo declaro. Lo que pasa es que ya estaba desenchufado de todo eso”, aceptó. Es que la cuestión se está dilucidando en Tribunales, con los tiempos propios de la Justicia. El titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública dijo que el organismo ya puso en manos de la Justicia “todo el expediente” que se formó con los elementos que se colectaron durante los días álgidos que siguieron a la ventilación de aquel hecho, en junio de 2005. Pero Pedemonte dijo que “no se llegó a conclusiones” en el ámbito del Estado. Y que de ahora en más la dilucidación de qué fue realmente lo que ocurrió con aquella quema de alimentos y hasta dónde llegan los hilos de la responsabilidad del funcionariado será tarea del juez Maldonado. “Lo que nosotros hicimos, una vez que concluimos con la recolección de información, fue elevarla al Juzgado. Ahora, todo depende del avance de la causa judicial, que se inició por la denuncia de los diputados de la oposición”, aseveró. Fuente: El Diario.