ESCUELAS DE GESTIÓN PRIVADA RECLAMAN MAYOR INVERSIÓN

La Iglesia Católica no quedó al margen de la preocupación que los apoderados de las 400 escuelas públicas de gestión privada de la provincia plantearon durante una asamblea que se desarrolló en el Instituto Cristo Redentor de Paraná. Los institutos privados de educación hicieron público un pedido de mayor inversión del Gobierno para Educación de modo de alcanzar a cubrir con el 100 por ciento el reconocimiento de cargos y horas cátedra en esos establecimientos. Así, dicen, pretenden evitar aplicar subas en los aranceles para absorber el último aumento salarial docente, que ubicó el mínimo de bolsillo para el maestro de grado en 1.040 pesos. El presidente de la Junta de Educación Católica del Arzobispado de Paraná, Pbro. Sergio Jacob, aclaró que si bien no hubo participación formal de la Iglesia en esa jornada, sí hay un “acompañamiento”. El sacerdote es apoderado legal de la Escuela Privada Santa Lucía y conoce de qué se trata el reclamo. “Buscamos que el Estado se haga cargo de la parte que le corresponde”, expresó en obvia alusión al concepto de subsidariedad que implica el reclamo. La Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, que agrupa a institutos adonde concurren 76 mil alumnos, la mayoría administrados por la Iglesia Católica, busca evitar absorber el último aumento docente mediante el incremento de la cuota que pagan los alumnos. Esa medida, dijo Osvaldo Bodean, titular de la entidad, sería innecesaria “si el Estado salda los aportes que adeuda desde hace años”. En diciembre de 2005, el Consejo General de Educación (CGE) autorizó a las escuelas privadas a aplicar una suba de aranceles para el ciclo lectivo 2006, y estableció bandas máximas de entre 35 y 47 pesos en nivel primario, y de 52 a 70 pesos para el nivel medio, aunque los apoderados de esos institutos admiten que esos valores en muchos casos no son suficientes para pagar sueldos que no cuentan con reconocimiento presupuestario estatal. El pedido se asienta en el denominado principio de cofinanciamiento que rige desde mediados de la década de 1960, y que divide responsabilidades en la cobertura del servicio educativo: mientras las instituciones privadas asumen a su cargo el edificio y demás costos de funcionamiento, el Estado asume la obligación de transferir aportes para el pago de la masa salarial del personal de la planta orgánico funcional. Ese esquema funcionó hasta principios de la década de 1990 en Entre Ríos, pero desde entonces se acentuó un considerable retraso en el reconocimiento presupuestario de cargos y horas cátedra que se fueron creando producto del aumento de la matrícula y de la apertura de nuevos servicios educativos. Y ese desfase debió cubrirse con lo que se recauda por el cobro de aranceles. En ese esquema, las escuelas privadas pretenden evitar nuevas subas de cuotas que asfixien el bolsillo de los padres de los alumnos, y por eso vislumbran otro camino. Apuntan, más bien, a conseguir “la puesta al día del presupuesto estatal destinado a cubrir cargos y horas cátedra, que están pendientes de reconocimiento económico desde hace ya varios años”, según aseguran desde la Asociación de Escuelas Privadas. Fuente: El Diario.