Escuelas Públicas de Gestión Privada piden que haya libe

La entidad analizó el anteproyecto de Ley de Educación que elaboró el Consejo General de Educación (CGE), y tras su lectura, planteó la duda de que la garantía de la libertad de enseñanza, contemplada en el texto oficial, corre el riego de convertirse en un “mero enunciado o abstracción”. Y añade que “si el Estado no asiste con recursos a las escuelas nacidas de la iniciativa social, la libertad de elegir se convierte en privilegio de familias ricas y el derecho a fundar establecimientos lo monopolizan las empresas lucrativas”. Y reclama que ese aporte económico no se limite sólo al pago de salarios docentes, como ocurre hoy. Los privados piden que se reemplace totalmente el artículo 98º del anteproyecto de ley, y se establezca una escala de aportes económicos del Estado, a saber: cobertura del 100 % de los gastos a escuelas privadas “que educan a alumnos de sectores sociales desfavorecidos, cuyas familias no pueden solventar mediante un arancel mensual una parte de dichos costos”; del 100 % para pago de salarios docentes y no docentes de establecimientos “que sean propiedad de organizaciones sociales sin fines de lucro”; y las escuelas que hoy no reciben subvención oficial, se las podrá asistir “si acreditasen verdadera necesidad”. “En otras palabras —dice el documento elaborado por la Asociación de Escuelas Privadas, conformada mayoritariamente por establecimientos que dependen de la Iglesia Católica—, el derecho a que el Estado aporte fondos para el sostenimiento de la escuela que eligieron para sus hijos, lo tienen todos los entrerrianos, siempre y cuando la escuela elegida integre el sistema público; es decir, cumpla con las exigencias estipuladas por el Estado y esté autorizada”. Más adelante, sostienen que el hecho de que a las escuelas de gestión privada que educan a chicos de familias de escasos recursos “se les niegue aporte del Estado para el 100% de sus costos de funcionamiento, implica un acto de discriminación. Las víctimas de esa discriminación no son las entidades propietarias, sino esos chicos pobres y sus familias”. Las “sugerencias” y “observaciones” al anteproyecto de Ley de Educación de Entre Ríos están contenidas en un documento que los privados pusieron en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti. Así, sostienen que en el texto oficial “hay aportes importantes que conllevan una real mejora para el resguardo jurídico de un bien tan preciado como la educación”. Destacan así la concepción de la educación como un “bien común”, el reconocimiento de “la familia como agente natural y primario de la educación”, la “preocupación por la calidad de la educación”, el reconocimiento a la libertad de enseñanza, la necesidad de que los profesores tengan una concentración horaria en un único establecimiento y el reconocimiento “del carácter público de la educación de gestión privada”. Pero del mismo modo ponen de relieve “algunas omisiones” en el texto. Particularmente, destacan que en el artículo 12º, inciso a), “allí donde se mencionan las dimensiones del hombre, se omite la religiosa”. Al respecto, señalan: “Se trata de una cautela valiosa y que compartimos, pero el reconocimiento a la existencia de una dimensión religiosa en todo ser humano no conlleva, per se, mandato ni imposición para la adhesión a algún credo. Implica sí, no censurar ni mutilar al ser humano, en uno de los planos de su ser”. Osvaldo Bodean, titular de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, pidió que “nadie confunda nuestra solicitud de que se tenga en cuenta la dimensión religiosa del hombre con pretensión alguna de que haya clases de religión en las escuelas”. Y que “cuando planteamos el derecho de todo papá, elija la escuela que elija, a recibir aporte del Estado para la educación de su hijo, por supuesto que reconocemos que ante un recurso que no alcanza para todos, deben establecerse prioridades. Y la máxima prioridad la tienen las escuelas que atienden a los niños más desprotegidos, para las que se pide 100 % de aporte”. Fuente: El Diario.