Este lunes debería comenzar el juicio oral y público a T

Los jueces de la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná deberán determinar previamente si la mujer está en condiciones de afrontar las cinco audiencias programadas, en las que deberán declarar más de veinte testigos, debido a que la defensa solicitó una nueva suspensión, alegando que la ex legisladora no tiene la salud física ni mental necesaria para sentarse en el banquillo, fundamentado con un dictamen de un perito psiquiátrico de parte. Por ello, los jueces solicitaron la opinión del equipo de psicólogos y psiquiatras de Tribunales, y de un médico forense, a los que se les encargó entrevistarse con Torres y elaborar un informe. El juicio contra la ex Diputada, dirigente de extracción peronista que accedió a una banca en 1999 integrando la Alianza encabezada en la provincia por el radical Sergio Montiel, se viene postergando desde hace dos años. A inicios de 2009, el defensor de la ex legisladora, Guillermo Mulet, pidió la suspensión del debate que debía comenzar el 9 de marzo de marzo de ese año, alegando que la procesada padecía demencia senil. En ese momento la Justicia pidió informes a un sanatorio de Diamante, donde la mujer se habría atendido, y determinó que no sufría esa dolencia. Ahora está en discusión si puede ser llevada a juicio, ya que un nuevo informe psiquiátrico aportado por la defensa indica que, a raíz de los tratamientos médicos a los que fue sometida como consecuencia de una enfermedad grave, no estaría en condiciones de ser juzgada. La causa contra Torres comenzó en 2001, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a dos mujeres para que regularicen su situación ante el fisco, ya que registraban deudas como monotributistas. La situación derivó en una investigación que estableció, según la denuncia, que las mujeres emitían factura como prestadoras de servicio para el Estado provincial por un monto estimativo de 1.400 pesos. Ambas mujeres figuraban como contratos de servicio. La ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas realizó la denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción de Héctor Vilarodona. Recién en 2003 la investigación judicial avanzó debido a que anteriormente Torres tenía fueros. Entre la documental secuestrada están los recibos de sueldo que tienen las firmas de las agentes, y que durante la instrucción de la causa se determinó que habían sido falsificadas. En el calendario de febrero de los juicios orales difundido por el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos aparecen las audiencias del proceso contra Torres para los días lunes, martes, miércoles, viernes y para el 14 de febrero, siempre con inicio a las 9. Sin embargo, la información aclara que el debate está sujeto a variaciones en la integración del Tribunal. Ello es así, por cuanto la Sala II de la Cámara del Crimen ha cambiado recientemente de composición, cuando el Senado provincial en la sesión del 21 de diciembre del año pasado prestó acuerdo al Poder Ejecutivo para nombrar como vocales de ese tribunal a las doctoras Marcela Badano y Marcela Davite, quienes jurarán en el cargo el próximo 11 de febrero. La incorporación de las nuevas magistradas sería otro motivo de suspensión del inicio del juicio contra Torres, dado que no se puede iniciar las audiencias y cambiar a dos vocales en pleno desarrollo del debate. A cargo de la acusación pública estará la fiscal Cecilia Goyeneche, y el abogado Jorge Sueldo representará a las dos ex empleadas de la Cámara de Diputados. Entre los testigos citados, está el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, quien cuando se efectuó la denuncia en 2000 era diputado y presidente de ese cuerpo legislativo. Fuente: El Diario.